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Barcelona
La recta final hacia el referéndum de independecia previsto para octubre en Cataluña cobró este lunes una nueva dimisión, la del director de la policía regional, clave en los planes independentistas, informaron fuentes concordantes.
La renuncia, confirmada a la AFP por una vocera policial y otra del gobierno regional, se produce tras la marcha el viernes de tres "ministros" del ejecutivo catalán, entre ellos el responsable de Interior Jordi Jané, considerado uno de los integrantes más moderados del gabinete presidido por Carles Puigdemont.
En su lugar, el presidente regional colocó a Joaquim Forn, un independentista convencido, a quien este lunes el director de la policía regional Albert Batlle "ha presentado su dimisión, que ha sido aceptada", señaló la portavoz policial, sin precisar los motivos.
Desde 1994, esta región de 7,5 millones de habitantes cuenta entre sus amplias competencias con una policía propia dotada actualmente de 17.000 agentes que dependen políticamente del gobierno catalán, dirigido por los independentistas, pero que también están supeditados a la justicia española.
Esto puede colocar en una situación incómoda a este cuerpo policial, los Mossos d'Esquadra, ante el referéndum previsto el 1.° de octubre, impulsado por sus dirigentes políticos en contra de las indicaciones de la justicia, que quiere impedirlo.
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Batlle, nombrado en el 2014, defendió en varias ocasiones la neutralidad política de los Mossos y su obligación de cumplir con la ley y de acatar las órdenes judiciales, opinión compartida por la mayoría de sindicatos policiales.
Años de escalada de tensión entre Madrid y Barcelona, la capital regional, alcanzarán su cenit en los próximos meses con la organización de este referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional que puede conllevar responsabilidades penales contra sus impulsores.
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En este contexto, Puigdemont anunció el viernes la dimisión de tres miembros de su ejecutivo que decidieron "dar un paso al lado" y la semana anterior destituyó a otro que dudó de la celebración de la votación y se mostró temeroso de las consecuencias personales que le podía conllevar.
Desde Madrid, el gobierno del conservador Mariano Rajoy insiste en su ilegalidad y asegura que no tendrá lugar.
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