Caracas. Un cuarto ciudadano estadounidense fue arrestado este martes en Venezuela, acusado de planear el asesinato de Nicolás Maduro. Esto ocurre mientras expertos de la ONU denuncian una intensificación del “aparato represivo” en el país, tras la cuestionada reelección del mandatario izquierdista.
El arresto se suma a otros hechos el sábado, anunciados por el ministro del Interior, Diosdado Cabello, en medio de la crisis provocada por las elecciones del 28 de julio, que la oposición denuncia como un fraude. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina no reconocen los resultados.
El cuarto estadounidense “fue capturado en Caracas mientras tomaba fotos de instalaciones eléctricas, petroleras y unidades militares”, informó Cabello en una comparecencia ante el Parlamento, sin identificarlo.
“Tengan la certeza de que este caballero forma parte del plan contra Venezuela (...): asesinar al presidente Nicolás Maduro, a (la vicepresidenta) Delcy Rodríguez y a mi persona”, aseveró.
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Otros tres estadounidenses, dos españoles y un checo también están presos por el caso, y las autoridades reportan la incautación de 400 armas de guerra.
No está claro el sitio de reclusión del detenido, los cargos que se le imputan o si fue presentado ante un juez. Sus países solicitaron a Venezuela más información.
“Están preguntando dónde está su gente, qué maldad le estamos haciendo a su gente. Nosotros respetamos los derechos humanos y están resguardados en un lugar seguro”, respondió Cabello.
Protección diplomática
Los tres estadounidenses detenidos previamente fueron identificados como Wilbert Castañeda, militar activo; David Estrella y Aaron Barren Logan. Los españoles detenidos son José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, mientras que el checo es Jan Darmovrzal. Cabello indicó que Castañeda era “el jefe” del complot.
No es la primera vez que extranjeros son detenidos en Venezuela acusados de conspiraciones. Los estadounidenses Luke Denman y Airan Berry fueron condenados a 20 años de cárcel por la “Operación Gedeón”, un plan denunciado en 2020 por el gobierno de Maduro para invadir Venezuela, que terminó con ocho “mercenarios” muertos.
Ambos fueron liberados en diciembre pasado, en un intercambio de prisioneros que incluyó la excarcelación del empresario colombiano Alex Saab, señalado de ser testaferro de Maduro.
El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, sostuvo el martes una conversación telefónica con su homólogo venezolano, Yván Gil, y le comunicó que su gobierno “ejercerá” protección diplomática en favor de los españoles arrestados. Gil, por su parte, insistió en que los detenidos forman parte de la agencia de inteligencia española (CNI), lo cual fue negado por el gobierno de Madrid. “Esperamos que el gobierno español rectifique inmediatamente” y “condene el terrorismo sin ambigüedades”, expresó Cabello.
España no reconoció la victoria de Maduro, pero tampoco la del candidato opositor Edmundo González Urrutia.
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‘Silenciar’ a la oposición
Un informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en setiembre de 2019, sostuvo este martes que la respuesta de las autoridades a las manifestaciones post-electorales marcó “un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho”.
El documento, que examina la situación entre el 1°. de setiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, basado en centenas de entrevistas y documentos, da cuenta de violaciones de derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad, que considera parte de un “plan coordinado” para “silenciar” a la oposición.
“No son actos aislados o aleatorios”, subraya el informe, que destaca que la “brutalidad de la represión” ha generado un “clima de miedo generalizado”. Tras la proclamación de Maduro, estallaron protestas que dejaron 27 muertos y alrededor de 2.400 personas detenidas.
“Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia”, afirmó Marta Valiñas, presidenta de la misión.
Exiliado en España tras una orden de aprehensión en su contra, González Urrutia, quien reclama que ganó las elecciones, consideró en un comunicado que el informe de la misión de la ONU “demuestra que los venezolanos no estamos solos”.
El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, conversó por teléfono con la líder opositora María Corina Machado y con González Urrutia para expresarles que la Casa Blanca “seguirá defendiendo el retorno a las libertades democráticas” en Venezuela y “luchará para que se respete la voluntad de los votantes”, según informó Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado.