EscucharCaracas. El gobierno venezolano rechazó este martes la orden de captura emitida por la justicia argentina contra Nicolás Maduro, acusado de violar los derechos humanos.
“Venezuela repudia la decisión de una instancia del poder judicial argentino”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano en un comunicado.
La Cámara Federal de Buenos Aires ordenó el lunes el arresto de Maduro, con alerta roja de Interpol, bajo el principio de “jurisdicción universal”, que permite a los países juzgar crímenes de lesa humanidad sin importar dónde ocurrieron ni la nacionalidad de los involucrados.
La cancillería venezolana argumentó que el fallo “carece de fundamentos de competencia y viola la jurisdicción de los Estados, así como las inmunidades y privilegios de los presidentes y altos funcionarios”.
LEA MÁS: Bernardo Arévalo llama a preservar la democracia y condena represión en Nicaragua y Venezuela
La justicia venezolana emitió anteriormente una orden de arresto contra el presidente argentino Javier Milei y dos altos funcionarios, acusándolos del “robo” de un avión de carga confiscado en Argentina en 2022 y entregado este año a Estados Unidos.
La orden contra Maduro se basa en dos denuncias de 2023. Ese año, la Fundación de George y Amal Clooney (CFJ) denunció al gobierno venezolano ante la justicia argentina por violaciones a los derechos humanos, citando el principio de jurisdicción universal. Meses antes, la oenegé argentina FADD también presentó una denuncia penal contra Maduro y su equipo por crímenes de lesa humanidad.
Ambas querellas se unificaron en una sola causa y, el lunes, la corte argentina concluyó que existe “un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra una porción de la población civil, desarrollado desde 2014 hasta el presente”.
El gobierno venezolano calificó la decisión como “ridícula” y afirmó que busca “destruir progresivamente el Estado de Derecho Internacional, arrogándose competencias de organismos multilaterales”.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó en una rueda de prensa que desde 2017 fueron imputados más de 2.500 funcionarios de seguridad por violaciones a los derechos humanos, con 581 condenas. “No tenemos doble moral”, aseguró. “Investigamos las violaciones de derechos humanos que ocurren en nuestro país como política de Estado”.
El fiscal cuestionó la justicia argentina: “¿Qué ha hecho con respecto a las violaciones de derechos humanos? ¡Nada!”. Añadió que no es de su competencia “procesar casos ocurridos en Venezuela”.
La justicia argentina ya había aplicado la jurisdicción universal en 2010 al investigar crímenes de lesa humanidad cometidos en España durante el gobierno de Francisco Franco. En 2021, abrió una investigación sobre los crímenes cometidos por militares birmanos contra la minoría musulmana, y en 2022, inició una causa penal contra el gobernador nicaragüense, Daniel Ortega.
Otro antecedente de este principio ocurrió en 1998, cuando el exdictador chileno Augusto Pinochet fue detenido en Londres por orden del juez español Baltasar Garzón.
