EscucharEcuador vive, en las últimas 48 horas, jornadas de terror en medio de la ola de violencia desatada por las bandas criminales. Secuestros de policías, la toma de un canal de televisión y amenazas de ataques en sitios públicos y universidades pusieron en punto de ebullición las tensiones que vive el país suramericano desde el inicio de semana.
Los acontecimientos provocaron, entre otras consecuencias, una desbandada de trabajadores hacia sus hogares, el cierre de comercios, la decisión de que el sector educativo del país permanezca en modalidad de teletrabajo al menos hasta el próximo viernes, y mayores medidas de seguridad en el aeropuerto de Quito.
Uno de los hechos que generó mayor conmoción fue el ingreso de un grupo armado de encapuchados a un estudio del canal de televisión pública TC, en Guayaquil. La incursión ocurrió, este martes, mientras se realizaba una transmisión en vivo, por lo que los televidentes pudieron observar a los antisociales amenazar con fusiles y granadas al personal que allí se encontraba.
Durante la toma, los atacantes amenazaron a periodistas y otros trabajadores con sus armas. Los encapuchados exigían que se dejara sin efecto una orden de estado de excepción emitida por el Gobierno, que no se persiga a los criminales y que no se utilicen fuerzas armadas, ni policía nacional en contra de las bandas delictivas.
El episodio concluyó con la detención de 13 sujetos que serán acusados por terrorismo y la liberación de todas las personas que fueron retenidas.
Patricio Haro, coronel del ejército de servicio pasivo de Ecuador y doctor en Ciencias Sociales, se encontraba en una entrevista con La Nación en el preciso momento del ataque contra la televisora. Para él, las bandas criminales lo que quieren es “dar un mensaje potente sobre las capacidades con las que amenazan a la comunidad, el Estado y el gobierno”.
La noche de este martes, la Policía informó de que a violencia generada por grupos narcotraficantes dejó al menos diez muertos, incluidos dos uniformados.
Como resultado de una serie de ataques hay “ocho personas fallecidas” y tres heridos en Guayaquil, dijo en rueda de prensa un jefe policial local. La policía detalló por la red social X de que dos agentes también fueron “asesinados vilmente por delincuentes armados” en la cercana población de Nobol.
Mientras tanto, en otros puntos del país se registraron otros incidentes como el lanzamiento de un artefacto explosivo cerca de una estación policial y la quema de dos vehículos, sin causar víctimas.
En Quito, la capital, se reportó el estallido de un automóvil y la explosión de un artefacto cerca de un puente peatonal. El alcalde, Pabel Muñoz, solicitó al Ejecutivo la “militarización” de instalaciones estratégicas ante la “crisis de seguridad sin precedentes”.
Dichos acontecimientos se suman a los reportados el día anterior (lunes), cuando cuatro policías fueron secuestrados en Machala, Quito y la provincia de Los Ríos, según las autoridades.
En un video no verificado difundido en redes sociales, se observa a tres agentes sentados en el suelo. Uno de ellos es obligado a leer un mensaje dirigido al presidente: “Declaraste la guerra y guerra vas a tener (...). Declaraste estado de excepción; nosotros declaramos botín de guerra a policías, civiles y militares. Cualquier persona que se encuentre en las calles a partir de las once de la noche será ejecutada”.
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Los secuestros ocurrieron después de que Noboa, enfrentando su primera crisis de seguridad desde su asunción en noviembre, decretara el pasado lunes estado de excepción por 60 días en todo el país, incluyendo las cárceles. La medida implica un toque de queda de seis horas, entre las 11 p. m. y las 5 a. m.
El estado de excepción fue decretado un día después de que José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, considerado el criminal más peligroso de Ecuador, se fugara de una cárcel en Guayaquil, horas antes de que un contingente policial realizara una intervención en el complejo donde purgaba una condena de 34 años.
El coronel Patricio Haro consideró que la declaración de guerra lanzada por los grupos criminales pretende ejercer presión sobre las autoridades para que dejen de perseguir a Macías Villamar, y para que los reclusos no sean trasladados a cárceles de alta seguridad de modo que puedan seguir dirigiendo desde las prisiones actuales las operaciones de tráfico de droga.
El año 2023 finalizó con más de 7.800 homicidios y la incautación de 220 toneladas de droga, estableciendo nuevos récords en la nación. Desde 2021, los enfrentamientos entre reclusos han dejado más de 460 muertos. Además, los homicidios en las calles aumentaron en casi un 800% entre 2018 y 2023, pasando de 6 a 46 por cada 100.000 habitantes.
