Gloria Abigaíl Niño Canales, considerada una de las mayores traficantes de personas en escala mundial, fue condenada ayer a 12 años de cárcel al encontrarla el Tribunal de Juicio de San José responsable de tres delitos.
Niño, de origen peruano pero quien en 1987 obtuvo la nacionalidad costarricense, cometió, según el criterio de los jueces, ocho delitos de falsedad ideológica (insertar en un documento público declaraciones falsas), ocho de penalidad del corruptor (entregar dinero a un funcionario público) y el de asociación ilícita.
Más penas
A otro integrante del grupo, el exfuncionario de Migración y Extranjería Merlin Ocampo Chacón, también le fue impuesta una pena de 12 años de prisión.
Los jueces estimaron que cometió ocho delitos de cohecho (castiga al funcionario público que reciba dinero por un favor), ocho de falsedad ideológica y el de asociación ilícita.
El tribunal lo inhabilitó por un período de cinco años para el ejercicio de un cargo público.
En tanto, Olga Carranza Fernández, dueña de un salón de belleza en barrio México, San José, considerada también miembro de la agrupación, deberá descontar seis años por falsedad ideológica y asociación ilícita.
Los jueces María Elena Gómez (quien presidió), Joaquín Villalobos y Rónald Cortés dispusieron ampliar la prisión preventiva para los tres sentenciados durante un período de seis meses, mientras la condena adquiere firmeza.
Una cuarta implicada en este caso, Jeannette García Niño (hija de Gloria), fue absuelta de los delitos que le atribuyó el Ministerio Público, tras recibir del tribunal el beneficio de la duda.
La captura de los condenados se produjo en noviembre del 2000, luego de una investigación que duró seis meses.
Una estructura
La presidenta del tribunal, María Elena Gómez, luego de que se leyó la parte dispositiva de la sentencia, explicó que durante el debate quedó demostrado que los implicados tenían conformada una estructura, cuyo objetivo era cometer ilícitos.
Explicó que falsificaban los documentos, para lo cual contaban con la ayuda de un funcionario en Migración, con lo que lograban elaborarlos muy parecidos a los oficiales.
La jueza Gómez aseguró que los documentos confiscados y los testimonios rendidos durante el debate, en especial el de un agente estadounidense encubierto, vincularon a los tres condenados con ocho delitos.