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Las filtraciones oxidan los programas contra la pobreza.
Unas 28.000 personas que no son pobres o en extremo pobres obtienen ayudas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
Esa realidad la dio a conocer el XXI Informe del Estado de la Nación , presentado hace dos semanas, con datos al 2014.
Las 28.000 personas corresponden a un 20,5% de los beneficiarios del IMAS, un porcentaje que, de eliminarse, permitiría a la entidad atender el 94% de los hogares en extrema pobreza, o al 70% de los pobres totales.
Según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del 2015, la tasa de pobreza ronda el 21,7% y la de pobreza extrema, el 7,2%.
El Estado de la Nación cifró en 108.000 a las personas en pobreza extrema, y en 156.000 a las que están en pobreza, excluidas de la ayuda que el Gobierno distribuye por medio del IMAS. En total, serían 256.000 personas.
Según los investigadores, hay dos vías por las cuales se podría llegar a un escenario de mejor atención de los pobres.
La primera, reasignando los recursos que consumen aquellos que se cuelan en sus programas sociales, y la segunda, calculando cuánto dinero extra se necesitaría para enrolar en sus operaciones asistenciales a aquellos individuos que hoy están al margen.
Pero la actual administración optó por una tercera ruta.
Carlos Alvarado, presidente ejecutivo del IMAS con rango de ministro de Desarrollo Humano, comentó que el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís espera que dé resultado una directriz emitida hace poco más de un año para depurar las listas de beneficiarios.
Desde entonces, las instrucciones son priorizar la entrega de ayudas a familias en pobreza o en pobreza extrema.
Entre los programas cobijados por tal orden, está Avancemos, el cual consiste en transferencias monetarias mensuales a los encargados de estudiantes adolescentes, para que no abandonen el sistema educativo.
“Antes de esa directriz, era posible que el IMAS diera esos beneficios a la gente que no es pobre, no por mala fe, sino porque ese sector tiene mayores facilidades de llegar a las instituciones a pedir ayudas”, explicó el jerarca.
Según el Estado de la Nación, de los 243.000 beneficiarios de becas para estudiar, 46.151 (un 19%) no las usan para permanecer en las escuelas y colegios públicos.
Alvarado espera empezar a ver los resultados de su directriz en el corto plazo, cuando se analicen en profundidad los resultados de la Enaho del 2015.
“Ya actuamos para frenar las filtraciones. Ahora quiero ver esos resultados para saber si logramos una mejora”, manifestó.
Filtros a prueba. Puente al Desarrollo, programa para sacar a 54.600 familias de la pobreza extrema, es otro de los filtros que, según Alvarado, serviría para detener a quienes piden auxilio sin requerirlo.
Entre tanto, Amparo Pacheco, quien dirige el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), cree que otros tamices que ha creado esta administración –como los mapas sociales, el índice de pobreza multidimensional (IPM) y la mejor articulación interinstitucional– darán como resultado una reducción en el número de filtraciones en los programas sociales.
Para el 2015, el presupuesto de Fodesaf es de ¢550.000 millones, recursos que, sin embargo, no han logrado reducir de manera significativa la pobreza.
