EscucharUn criterio de la Dirección Jurídica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), del 14 de noviembre, recomienda declarar nulas las adjudicaciones otorgadas en julio a cuatro cooperativas y a una asociación de servicios médicos.
El criterio jurídico fue solicitado por la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios de la entidad el 24 de octubre. El pedido se realizó luego de que, el 17 de octubre, la Contraloría General de la República (CGR) dejó sin efecto la adjudicación de varios Ebáis a otra cooperativa, Coopesana, por una “nulidad absoluta, evidente y manifiesta” en los términos del contrato.
Los abogados de la Caja detectaron esos mismos vicios en las restantes nueves líneas o partidas de la adjudicación acordada por la Junta Directiva de la Caja el 6 de julio, en una sesión extraordinaria. Por esta razón, recomiendan declarar la nulidad de las otras adjudicaciones.
La contratación cuestionada es la número 2023LY- 000002-0001101142. Los servicios adjudicados corresponden a la administración de 138 Equipos de Atención Básica en Salud (Ebáis) y diez áreas de salud, por un plazo de diez años.
Los oferentes que resultaron adjudicados fueron las cooperativas Coopesana, Coopesalud, Coopesiba, Coopesaín y Asemeco.
El criterio de la Dirección Jurídica, de 28 páginas, consigna en su cuarta conclusión:
“Se concluye así que el vicio absoluto, evidente y manifiesto en la falta de ‘motivo’ del acto final, evidenciado por el órgano contralor, es común sobre todas aquellas partidas objeto de adjudicación, de tal forma que afecta todos los derechos otorgados con base en ese mismo acto administrativo.
“Por lo que resulta procedente adoptar el mecanismo legal correspondiente para concretar la declaratoria de nulidad respecto de los derechos otorgados por medio del acto de adjudicación de la contratación N°2023LY- 000002-0001101142″.
Para proceder con la anulación, los abogados de la Caja recomiendan a la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios instruir un procedimiento administrativo ordinario para garantizar el debido proceso a las adjudicatarias de las partidas en cuestión.
Posteriormente, se debe solicitar el dictamen positivo a la Contraloría. “(...) solo una vez que se haya rendido ese dictamen favorable, resultaría procedente la declaratoria de nulidad, a través de la Junta Directiva, la cual debe darse en un año contado a partir de la adopción del acto”, explican los abogados.
Dirección Jurídica de CCSS adelantó a diputados
El criterio de la Dirección Jurídica está firmado por cuatro abogados, encabezados por Andrey Quesada Azucena, subdirector Jurídico de la Caja.
Azucena ya había adelantado a los diputados de la comisión legislativa que investiga las anomalías en la CCSS el contenido de este criterio jurídico. Lo hizo durante su comparecencia, el 3 de diciembre, a la cual también asistió el director jurídico, Gilberth Alfaro Morales.
En esa oportunidad, Quesada Azucena explicó a los legisladores el pronunciamiento de la Contraloría sobre la única línea del contrato apelada.
Les contó que la adjudicación del resto había quedado en firme pero que la Dirección Jurídica recibió una consulta para determinar si los vicios de nulidad detectados por la CGR también existían en las otras nueve líneas adjudicadas.
Quesada Azucena afirmó que se realizó “un análisis riguroso” desde la Dirección Jurídica.
“Nosotros determinamos que los vicios que señala la Contraloría es posible que también los padezcan el resto de líneas, y recomendamos, como Dirección, valorar iniciar los procesos de nulidad evidente y manifiesta, como corresponde”, dijo Quesada Azucena a los diputados el 3 de diciembre.
Junta Directiva de CCSS debe conocer recomendación de nulidad
La nulidad de los contratos para administración de Ebáis todavía debe ser discutida en la Junta Directiva de la CCSS, que recién inició sesiones bajo la figura de funcionario de hecho, el 25 de noviembre, luego de permanecer paralizada por más de un mes como consecuencia del Caso Barrenador.
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El 23 de setiembre, el Ministerio Público abrió una investigación penal por un posible sobreprecio en la contratación de esas cuatro cooperativas y la asociación médica. A esta investigación judicial se le conoce como Caso Barrenador.
Como resultado de esa investigación, fueron suspendidos seis meses de su cargo la hoy expresidenta de la Caja, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, y los directivos Isabel Camareno Camareno (representante estatal), Zeirith Rojas Cerna y Johnny Gómez Pana (estos últimos, del bloque patronal).
