Doce años después de la quiebra de la Correduría y Financiera de Desarrollo (Cofidesa) con la que 900 costarricenses perdieron su dinero, la justicia no halló culpables.
A las 11:35 a. m. de ayer el Tribunal de San José absolvió a Orlando José Sotela Alvarado, Mario Alvarado Abella y Francisco Zapata Bustos de los delitos de administración y quiebra fraudulenta, y estafa.
Al primero de ellos se le aplicó el principio de indubio pro reo o beneficio de la duda.
"El nombre pesa mucho pero una cosa fue mi padre y otra yo. Nada me incriminaba. Mi padre utilizó mi nombre como apoderado general. Mi padre cometió un error y lo pagó con su vida. Fue una lección muy dura", dijo Sotela minutos después de resultar libre de toda pena y responsabilidad.
A pocos pasos, muchos de sus familiares lo aguardaban para abrazarlo, pues según comentaban entre sí, con este fallo empieza una nueva vida.
Contra Orlando Sotela el representante del Ministerio Público, Manuel Rojas, solicitó una pena de 15 años de prisión, al tiempo que pidió absolver a los otros dos imputados.
Pese a la petición, los jueces Emilia Solera ñquien presidióñ, Carlos Boza y Alcides Mora no encontraron pruebas suficientes para condenarlo.
Para Orlando Sotela es posible que solo su padre pudo haber aclarado lo que ocurrió en Cofidesa. Sin embargo, al morir se llevó con él muchos secretos, declaró.
Orlando Sotela Montagné se suicidó tras el cierre de la empresa que fundó y dirigió entre 1985 y 1987.
A los afectados
De acuerdo con las investigaciones, Cofidesa se publicitó como una empresa confiable en el manejo de las inversiones.
Así logró que más de 900 personas entregaran su dinero, calculado en unos ¢800 millones.
No obstante, según la investigación de la Fiscalía, la compañía no tenía control estricto de los dineros que ingresaban y salían.
A los tres imputados se les vinculó porque, supuestamente, tenían a su cargo el manejo y la administración como miembros de la junta directiva.
Para fines de la década de los ochentas esta financiera junto a una veintena más se declararon en quiebra. Desde ese momento y durante los años siguientes cientos de afectados entablaron una lucha para recuperar su dinero, incluso hubo huelgas de hambre en la capital.
No obstante y pese al gran número de perjudicados, ayer ninguno estuvo en la sala de juicio número doce. De cualquier forma ninguno será indemnizado.
"En ningún momento yo invité a nadie a invertir en la empresa de mi padre, lamento que muchos hayan perdido", agregó Sotela.
El 19 de agosto pasado los representantes de otra financiera que sufrió la misma suerte de Cofidesa, fueron condenados a 26 años de prisión cada uno, por quiebra fraudulenta y estafa continuada por el Tribunal de San José.
Se trató de Jorge Manuel Escalante y Guisselle Soto Chinchilla, de la compañía Escalante y Asociados que operó entre 1986 y 1987.
Los afectados, en ese caso, llegaron a unos 500 y perdieron unos ¢200 millones.