La pantalla del nuevo reloj electrónico del plenario legislativo marcaba las 17:48 horas (5:48 p. m.) en el momento en que los diputados aprobaron el nacimiento de un poderoso jerarca municipal: el alcalde.
Este funcionario, que sustituirá la figura del ejecutivo municipal, será electo popularmente a partir de diciembre del año 2002 en los 81 cantones del país. Su período será de cuatro años con derecho a reelección.
Tres de sus principales obligaciones serán presentar -antes de asumir el cargo- un plan de gobierno al concejo, autorizar los egresos del municipio y rendirle cuentas anuales a su comunidad.
El alcalde tendrá mayores potestades e independencia que su predecesor. Sin embargo, podrá ser destituido si los vecinos así lo deciden en forma mayoritaria en un plebiscito abierto. (Véase recuadro.)
Así lo estipula el proyecto de código municipal que recibió ayer el primer visto bueno de la Asamblea Legislativa, junto con otras 24 iniciativas que fueron aprobadas en primer o segundo debate.
"Siento que esta es la llave del desarrollo de las comunidades. Es toda una revolución", recalcó con entusiasmo el liberacionista Juan Luis Jiménez, principal promotor del código.
Reveló que, para hacer viable la tramitación del proyecto, se acordó acoger todas las observaciones que el Tribunal Supremo de Elecciones remitió a inicios de semana.
Una de las propuestas del tribunal fue la de elegir también a dos alcaldes suplentes.
Sinsabor
El júbilo externado por Jiménez contrastaba con el sinsabor de Ottón Solís, compañero de bancada, quien se lamentaba por la paralización definitiva de la reforma del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Solís suspendió ayer la última sesión ordinaria de la comisión que está estudiando dicha iniciativa pues, según adujo, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) no está interesado en aprobar el proyecto.
Comentó que antes de iniciar la reunión se topó con 32 mociones y la amenaza de que se rompiera el quórum.
"Ellos quieren aprobar su propio proyecto. Así me lo confirmó un alto funcionario del próximo gobierno (no suministró el nombre). La próxima Asamblea verá si lo aprueba o no", manifestó el legislador.
La iniciativa propone -en una versión sustitutiva elaborada por Solís- darle participación al sector privado en el área de las telecomunicaciones dándole acceso a una banda de teléfonos celulares.
También pretendía convertir al ICE en una sociedad anónima propiedad del Estado y darle a la institución potestades para vender, en forma parcial o total, plantas de generación eléctrica.
Al respecto, el socialcristiano Hernán Fournier confirmó que el proyecto del ICE ya no tiene posibilidades de ser tramitado en lo que resta de este período. "Esto quedará para la próxima asamblea", dijo.
Otra iniciativa que, al parecer, tampoco verá la luz será el aumento en el salario de los diputados.
Saúl Weisleder, presidente del Congreso, comentó que el ambiente se ha complicado en las últimas horas en vista de la posición asumida por el legislador Gerardo Trejos, de Fuerza Democrática, en torno a ese tema.
Trejos manifestó ayer que los futuros congresistas tienen derecho a recibir un salario justo pero que les corresponde a ellos dar la cara y ofrecer las explicaciones respectivas a los costarricenses.
Weisleder indicó que el Ejecutivo aún no ha convocado ningún proyecto para ajustar el salario. "Es difícil que pase, pero aquí no se puede decir nada hasta el último minuto".