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La Contraloría General de la República (CGR) rechazó el presupuesto ordinario de la Municipalidad de Puntarenas para 2022, porque la Alcaldía consignó un monto que superó en ¢50 millones al que aprobaron los regidores del cantón en sesión extraordinaria del pasado 27 de setiembre.
Así se desprende de una respuesta que emitió la secretaria del Concejo Municipal, Marielos Marchena Hernández, al Área de Fiscalización para el Desarrollo Local del órgano contralor, de la cual La Nación tiene copia. El documento está fechado al 8 de noviembre y también fue recibido por la Auditoría Interna local.
De acuerdo con el texto, los regidores aprobaron de forma unánime un presupuesto por ¢11.895 millones y enviaron un oficio al alcalde Wilber Madriz Arguedas con el acta de la sesión en la que se autorizó el dinero, así como la certificación del bloque de legalidad del presupuesto y su Plan Anual Operativo.
Sin embargo, la Contraloría rechazó la propuesta argumentando que encontró contradicciones que deben ser aclaradas e investigadas antes de dar el visto bueno. “La improbación comunicada se fundamenta en la documentación proporcionada y en las certificaciones emitidas por esa entidad”, indicó la institución.
Detalló que el documento que remitió la Municipalidad carecía de requisitos legales por no encontrarse transcrito íntegramente en el acta de la sesión en la que fue aprobado el presupuesto, ya que la información aportada daba cuenta de un presupuesto de ¢11.946 millones, es decir, ¢50 millones por encima de la cifra inicial.
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“Ese monto supuestamente es el que reporta la Municipalidad y es diferente al acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 124 del 27 de setiembre de 2021. El monto que aprobó el Concejo Municipal, y es el que aparece en el acta, es el indicado en el pie de página por la suma de ¢11.895.505.154,26 (...) Y no se explica cómo y por qué la Administración (alcalde y directora de Hacienda) encargada de subir toda la información presupuestaria al SIPP colgaron información que no había sido aprobada por el Concejo Municipal″, señaló la regidora Marchena.
La secretaria destacó que es necesario que la Contraloría realice una investigación objetiva para esclarecer lo sucedido, ya que la directora de Hacienda también consignó una fecha errónea en el documento presupuestario, al indicar que este se aprobó el 26 de setiembre, cuando en realidad fue un día después.
Por otra parte, advirtió de que la improbación del presupuesto también afectará a los concejos municipales de distrito de Lepanto, Monteverde, Cóbano y Paquera, así como al sector público y privado, por “muchos servicios provenientes de partidas específicas de ayudas a las comunidades y reparaciones de calles y caminos, paralizando el desarrollo de las comunidades”.
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Jerarca reconoce cambio
El alcalde Wilber Madriz Arguedas reconoció a La Nación que remitió a la Contraloría un presupuesto mayor al aprobado por los regidores, ya que, según él, el Concejo Municipal realizó cambios que no le correspondían a pocos días de que fuera enviado el documento.
“Lo que pasó es que el Concejo aprueba el presupuesto haciéndole unas modificaciones el 27 de setiembre y había chance hasta el 30 de setiembre para mandarlo a la Contraloría, entonces ya no había tiempo para hacer los ajustes que ellos aprobaron y se mandó el presupuesto como lo había enviado la Administración”, dijo.
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Madriz indicó que los regidores querían rebajar ¢50 millones que estaban en el presupuesto para pagos de dedicación exclusiva, pero que ese cambio implicaba correcciones que a la Alcaldía le tomarían más días de los que tenía disponibles para presentar el documento, así que prefirió ignorar lo acordado por el Concejo.
También alegó que el presupuesto había sido enviado a los regidores desde hacía dos meses y que ellos hasta ahorita, al filo del tiempo límite, solicitaron nuevos ajustes.
“Ellos podían haber presentado una moción para revisar esos pagos de dedicación exclusiva, pero no hacer modificaciones así al presupuesto porque a ellos no les corresponde. Ellos aprueban o imprueban el presupuesto, pero no le pueden decir a la Administración qué es lo que hay que hacer”, añadió.
Agregó que, ante la improbación de la Contraloría, ahora a la Municipalidad le tocará trabajar con el presupuesto que se asignó para este 2021, aunque dijo no recordar el monto específico. También se manifestó a favor de que el órgano contralor inicie una investigación para determinar quienes fueron los verdaderos responsables de que esta anomalía sucediera.
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