EscucharEl Ministerio Público indagará, por su propia cuenta, la compra que hizo el IMAS de 40 lotes en Calle El Pastoral, de San Ramón, Alajuela, para determinar si procede abrir una causa penal en ese caso.
En la adquisición del terreno, para dar casa a familias pobres, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) invirtió ¢62 millones, pero algunos lotes no son apropiados para construir.
El fiscal adjunto de Delitos Económicos del Ministerio Público, Wárner Molina, dijo que decidieron ampliar la investigación porque el informe de la Contraloría General de la República, trasladado al Ministerio Público el 3 de mayo, es insuficiente para atribuir responsabilidad penal a alguna persona. "El informe tiene omisiones", agregó.
El estudio de la Contraloría también dio pie a que una comisión de ministros entrara a investigar la compra de lotes por parte del IMAS en todo el país.
Ayer, el presidente de la República, Abel Pacheco, dijo que mira con entusiasmo el empeño de los ministros de llegar hasta el fondo del problema.
"Así estamos: no hay día que no aparezca alguna liebre y hasta algún tepezcuintle, y más de una danta está apareciendo", dijo. La comisión irá el viernes a Alajuela y el sábado a Pérez Zeledón a seguir la investigación.
Muchas dudas
Según el fiscal Molina, el informe del órgano fiscalizador deja muchas dudas y por eso no se puede establecer ninguna acusación penal.
Por ejemplo, dijo, ese estudio no permite determinar con precisión el grado de participación que tuvieron las personas cuestionadas.
Molina manifestó que no está claro cómo se autorizó el financiamiento por parte del IMAS para la compra de esos terrenos destinados a familias pobres.
"Hay dudas sobre cómo se llevó a cabo el proceso mediante el cual esa institución financió la compra de terrenos que supuestamente no reunían las condiciones para construir una casa y quiénes fueron los funcionarios responsables", agregó.
Explicó que una fiscal entrevistará a los beneficiarios del proyecto y a las personas involucradas para despejar las dudas.
Procesos pendientes
Con base en el estudio de la Contraloría, el Consejo Directivo del IMAS acordó, en la sesión del 9 de mayo anterior, abrir un procedimiento disciplinario contra Mayra Trejos Salas, coordinadora del Área de Titulación, y el ingeniero Rándall Mora Cordero.
También aprobó abrir un procedimiento ordinario contra la diputada de la Unidad Lilliana Salas Salazar porque, supuestamente, habría intervenido en el manejo de los subsidios entregados a las familias pobres, según la Contraloría. Salas renunció a su inmunidad parlamentaria el 22 de mayo, pero la acción se hará efectiva solo si se abre un proceso judicial en su contra.
Colaboró Mauricio Herrera.
