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La policía británica arrestó el martes a cuatro ejecutivos vinculados a la corredora londinense de reaseguros PWS, como parte de una investigación por supuesto fraude contra el Instituto Nacional de Seguros (INS).
La acción judicial incluyó el allanamiento de cuatro sitios en las ciudades de Kent, Middlesex, Gloucestershire y Buckinghamshire, en el Reino Unido, según publicó ayer el diario The Financial Times , de Londres.
La investigación está a cargo de la Oficina de Fraudes Graves, órgano del gobierno británico que investiga fraudes complejos. La SFO (por sus siglas en inglés) es parte del sistema criminal de la justicia británica.
Según el diario, las pesquisas de la SFO se centran en la relación entre funcionarios del anterior gobierno de Costa Rica y PWS Holdings, corredora de reaseguros que estuvo a cargo de colocar, internacionalmente, la póliza que cubre los bienes del ICE.
PWS es la compañía que, durante el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), infló la póliza del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para crear un fondo discrecional de al menos $1,6 millones.
Entre setiembre de 1999 y octubre del 2000, PWS giró al menos dos cheques por $150.000 a la cuenta panameña de la firma Inversiones Denisse, en la que el expresidente Rodríguez recibía dineros del exterior.
Gestión del INS. El presidente ejecutivo del INS, Guillermo Constenla, dijo ayer que el arresto en Gran Bretaña es producto de un proceso iniciado por la institución en las últimas semanas, luego de que PWS les entregó información incompleta.
“No solo habíamos hecho contacto con la policía británica sino que el INS le pagó el viaje a tres fiscales del Ministerio Público para que fueran allá a valorar el caso”, dijo Constenla.
Luego de un proceso de negociación en Londres, PWS accedió a entregar al INS la información sobre el fondo de uso discrecional que manejó con dineros del Instituto.
El 14 de setiembre, Lord Pearson, máximo representante de PWS, se comprometió a dar toda la información solicitada a cambio de que no se acusara penalmente a la empresa o a sus empleados.
Sin embargo, los 5.000 folios entregados por la corredora de reaseguros al INS en noviembre pasado contenían información irrelevante, omisa y repetida.
“A raíz de la carta de intenciones creíamos que había buena fe de esta gente, pero cuando vimos los papeles y vimos que nos estaban tomando el pelo, nos enfadamos bastante”, dijo Constenla.
Adelantó que ya solicitó a los abogados en Londres que representen al INS en el proceso penal y, si es necesario, soliciten embargos contra la corredora.
