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El Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC) acordó iniciar un órgano disciplinario a su exjefa de Asesoría Legal, Mildred Bogantes Pereira, por recomendar la aprobación de un certificado de explotación que era ilegal.
Esa concesión permitió a la firma Dicoa S. A. distribuir combustible en el aeropuerto de Pavas durante los últimos cuatro años.
En junio del 2002, Mildred Bogantes recomendó al director de Aviación Civil que el CTAC otorgase un certificado de explotación para que, sin pasar por licitación pública, la empresa Dicoa S. A. vendiera combustible para aviones en el aeropuerto internacional Tobías Bolaños.
Esto a pesar que, desde julio de 1999, la Sala Constitucional había señalado que el almacenamiento y expendio de combustible no es una actividad aérea y que la construcción y operación de los planteles de combustible en los aeropuertos debía otorgarse mediante licitación pública.
En el informe de la Auditoría Interna que el CTAC aprobó el 13 de setiembre se detalla, además, que Bogantes recomendó también asignar a la empresa Dicoa un hangar ubicado a la entrada de aquel aeródromo.
La recomendación contradijo la opinión técnica del administrador del aeropuerto y de los coordinadores de infraestructura y de servicios aeronáuticos, quienes habían señalado que almacenar combustible en ese hangar representaba un alto riesgo para la seguridad del Tobías Bolaños.
Bogantes, quien desde junio de este año labora como asesora de la ministra de Obras Públicas y Transportes, Karla González, señaló que también existían criterios técnicos que coincidían con su recomendación y que hay una persecución en contra suya.
La abogada aseguró que nunca actuó para favorecer ni perjudicar a nadie y que sus resoluciones se basaron en criterios jurídicos.
“Que yo haya tenido un criterio jurídico distinto al de la Procuraduría no quiere decir que actuara de manera ilegal o arbitraria”, aseguró Bogantes.
La abogada dijo que su recomendación se basó en un informe de la Contraloría General de la República (CGR) y en criterios de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que considera al suministro de combustible aeronáutico como una actividad aérea.
Sin embargo, en una consulta posterior, la CGR aclaró que el informe citado por Bogantes como fundamento de su recomendación no tenía por objeto valorar los requisitos necesarios para otorgar un certificado de explotación para la venta de combustible en los aeropuertos, “conclusión a la que puede arribarse sin ambages, a partir de una lectura integral y contextualizada del informe”,
El fundador de la firma Dicoa, Gustavo Madrigal Castro, y el actual propietario de esa firma, Álvaro Jiménez, enfatizaron que esa compañía no cometió ningún acto irregular para obtener el certificado de explotación,
“La empresa se apegó a cumplir la lista de requisitos que le exigió Aviación Civil y, lejos de hacernos algún favor, más bien los trámites demoraron un año y medio”, aseguró Madrigal Castro.
Procesos disciplinarios. El proceso disciplinario ordenado ahora por el CTAC es el cuarto que enfrenta la funcionaria desde el 2001.
Anteriormente, se le cuestionó por haber obtenido su nombramiento como jefa de la Asesoría Legal de Aviación Civil, sin contar con la antigüedad requerida para el cargo.
Según confirmó a La Nación el jefe de prensa del Poder Judicial, Fabián Barrantes, desde abril de este año la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción investiga si, en relación con el caso de su nombramiento la funcionaria incurrió en el delito de falsedad ideológica.
La asesora de la ministra González tiene, además, pendiente de resolución un órgano director por las demoras de la Asesoría Legal en tramitar las gestiones de las líneas aéreas.
Según se cita en un informe de la auditoría, el CTAC estableció en 1998 que la administración no puede demorar más de seis meses para otorgar o ampliar un certificado de explotación.
En varios de los casos cuestionados los trámites se demoraron en la Asesoría Legal más de un año.
Por ejemplo, se cita una solicitud de ampliación de servicio de la empresa American Airlines para volar en la ruta Nueva York-San José. Ese trámite demoró en la Asesoría Legal un año y dos meses.
Otro caso estudiado fue una solicitud de la empresa Continental Airlines, que pidió volar en la ruta Houston-Liberia. Su trámite demoró un año en la Asesoría Legal.
La funcionaria también fue cuestionada por recomendar la aprobación de un certificado de explotación a una compañía aérea que no tenía capacidad financiera para dar el servicio.
La empresa Aerocaribe S. A., autorizada para dar servicio de taxi aéreo local, solicitó en setiembre del 2002 una ampliación de su certificado para iniciar un negocio de transporte de carga internacional.
En octubre del 2002, la Dirección de Transporte Aéreo previno a la firma que debía actualizar la información de sus estados financieros.
En enero del 2003, Transporte Aéreo comunicó a la Asesoría Legal que la firma aún no había actualizado sus estados financieros.
Sin embargo, una revisión posterior de otra abogada de la Asesoría Legal reveló que Bogantes suscribió un oficio en el que aseguró que “la compañía satisface plenamente el requisito establecido en nuestra legislación vigente sobre la capacidad financiera”.
Ese informe, suscrito por la abogada Damaris Murillo, se envió al entonces director de Aviación Civil, Rodolfo Cruz, e indica que, para dar esa recomendación, Bogantes se basó en unos antiguos estados financieros que la empresa Aerocaribe había presentado en el 2000.
Por esa razón, en enero de este año el departamento de Transporte Aéreo solicitó la cancelación del certificado de explotación que se había dado a Aerocaribe para transportar carga internacional.
