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Un informe de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Santa Cruz expuso graves deficiencias en la gestión de la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT) en ocho playas del cantón guanacasteco, que suman 35,5 kilómetros de costas.
Entre los hallazgos destacan incumplimientos a la normativa vigente, como invasión y obstrucción de áreas públicas por parte de comercios y propietarios cuyas propiedades colindan con la ZMT.
Estas irregularidades incluyen la instalación de mobiliario (mesas, sillas y sombrillas), la siembra de vegetación (arbustos y piñuelas) y la construcción de infraestructura no autorizada.
Las playas visitadas donde se documentaron las faltas incluyen sectores de alta afluencia turística como Danta, Potrero, Flamingo, Tamarindo, Avellanas, Junquillal, Cóncavas y Prieta, esta última ubicada en el sector de Potrero.
La ZMT comprende una franja de 200 metros a partir de la línea de marea alta. Sus primeros 50 metros son de acceso público, mientras los 150 metros restantes tienen un uso restringido.
Este espacio es vital tanto por su biodiversidad como por ser un sitio de descanso. Incluye playas, arrecifes, estuarios, humedales y manglares que albergan flora y fauna, además de funcionar como barrera natural contra tormentas.
Costa Rica posee 1.228 kilómetros (km) de costa: 1.016 km en el Pacífico y 212 km en el Caribe. Sin embargo, en Santa Cruz, la Auditoría detectó problemas que reflejan una débil gestión municipal.
Denuncias ciudadanas y hallazgos de la Auditoría
La investigación, detallada en el oficio AIM-127-2024 del 7 de noviembre, surgió tras denuncias ciudadanas sobre “irregularidades relacionadas con el uso de espacios públicos” en desatención de la Ley de la Zona Marítima (Ley 6043).
El informe también sigue lineamientos de la Contraloría General de la República (CGR) y pronunciamientos de la Procuraduría General de la República (PGR).
Según el documento, las invasiones de comercios y particulares, la colocación de barreras vegetales y la instalación de mobiliario e infraestructura no autorizada evidencian un histórico incumplimiento por parte del gobierno local, que no ha aplicado de forma efectiva las disposiciones legales.
“La situación afecta directamente el derecho de acceso de los ciudadanos a estos espacios públicos, vulnerando el principio de la función social del bien público, un derecho constitucional de todos los costarricenses y de quienes nos visitan”, subraya el informe.
El auditor interno, Luis Bernardo Barrantes Castro, instó a la Alcaldía a tomar medidas contundentes, incluyendo órdenes judiciales, para retirar instalaciones ilegales. Este proceso debe realizarse respetando el debido proceso, según corresponda en cada caso.
El retiro de estructuras, mobiliario, arbustos y piñuelas que bloqueen el acceso público debe ejecutarse en conformidad con los artículos 13 y 17 de la Ley 6043.
Según ese articulado, las autoridades de la jurisdicción correspondiente y las municipalidades respectivas, tan pronto tengan noticia de infracciones documentadas, deberán proceder al desalojo de los infractores y a la destrucción o demolición de las construcciones, remodelaciones o instalaciones realizadas por aquellos, sin responsabilidad alguna para la autoridad o la municipalidad.
“El costo de demolición o destrucción se cobrará al dueño de la construcción o instalación. Todo lo anterior, sin perjuicio de las sanciones penales que procedan”, cita la ley.
Además, el documento solicitó a la Alcaldía Municipal acordar medidas conforme sus potestades para la aplicación de sanciones pertinentes, según lo estipulado en la Ley y su reglamento, para desalentar futuras infracciones a los concesionarios y no concesionarios.
Como parte del pedido, también se solicitó a la Alcaldía remitir los acuerdos municipales que demuestren la aplicación de dichas sanciones (por ejemplo, anulación de concesiones) a más tardar el 31 de marzo del 2025.
En octubre, antes de la remisión del informe de la Auditoría Interna, la Alcaldía de Santa Cruz ya había demolido un bar y restaurante localizado en Playa Brasilito, distrito de Cabo Velas.
Esa acción suscitó quejas de vecinos porque, según estos, no se procedió de la misma forma con otros negocios que también se encuentran invadiendo la ZMT como vino luego a confirmarlo el reporte de Auditoría.
