EscucharLa auditoría general de Japdeva ordenó a la administración del Fondo de Ahorro de los trabajadores que recupere ¢33 millones entregados como adelanto de indemnización.
El dinero lo recibieron 34 operarios de grúas pórticas y portacontenedores, quienes exigieron una compensación económica cuando se eliminó el pago de horas extras en noviembre del 2002.
Según el informe AU-122-2003, el dinero se giró pese a que el reglamento del Fondo no autoriza estos desembolsos.
Así las cosas, el documento recomienda a la junta administradora del fondo “que de inmediato realice las gestiones para que se proceda a la restitución de los dineros concedidos (...), con los respectivos pagos de intereses”.
Al respecto, el presidente ejecutivo de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), Alberto José Amador, prefirió no dar declaraciones y se mostró molesto porque el documento llegó a manos “de terceros antes de que la junta directiva tomara una decisión”.
El informe, del cual La Nación tiene copia, señala que el Fondo se creó para promover el desarrollo personal de los trabajadores y no para otorgar adelantos de indemnización.
Pago improcedente
Por eso, agrega la auditoría, es necesario que varios funcionarios de Japdeva y su sindicato sean remitidos ante la Junta de Relaciones Laborales para que se determine si corresponde una sanción en su contra “por sus actuaciones a contrapelo de lo indicado por el reglamento del fondo”.
Ese sería el caso de los representantes sindicales ante el Fondo: Carlos Gibson y Jorge Mesén, y la delegada de Japdeva, Ileana Chávez.
También se remitiría ante la Contraloría General de la República al anterior presidente ejecutivo, Juan Ramón Rivera, quien gestionó el préstamo el 4 de abril.
Los ¢33 millones se distribuyeron como adelanto de indemnización en montos de ¢1 millón para 32 trabajadores y ¢500.000 para otros dos operarios.
El dinero se giró el 9 de abril con la advertencia de que cada empleado devolvería el préstamo cuando se aprobara la indemnización total, calculada en ¢163,3 millones. Sin embargo, la Sala IV resolvió el pasado 5 de agosto que un pago así es inconstitucional.
El vocero del sindicato, Daniel Murillo, alegó anoche que no conocía el informe y que la dirigencia gremial valorará la situación hoy en reunión extraordinaria.
