Las autobuseros dieron tiempo al Gobierno hasta el 2 de octubre para sus tarifas sean aumentadas y se reforme la ley que los obliga a colocar rampas para discapacitados en todas las unidades.
De lo contrario, dejarán de circular, aseguró ayer Maritza Hernández, vocera del Foro Nacional de Transporte Público. “Hasta ahí ponemos combustible”, aseveró la empresaria.
El acuerdo fue tomado ayer durante una reunión en el salón El Tobogán, en barrio Tournón.
En el encuentro recibieron el apoyo de la ministra y la viceministra de Transportes, Karla González y Viviana Martín, así como de los diputados liberacionistas Alexánder Mora y Ofelia Taitelbaum.
Ellos se comprometieron a impulsar una reforma que les permita colocar rampas en forma gradual durante los próximos años.
Sin embargo, Hernández aseguró que la reunión de ayer fue “la última vez que nos sentamos a dialogar” sobre el tema de las rampas y las tarifas.
“Que no lo hagamos cuando los autobuses estén en los talleres porque eso va a ser muy lamentable”, dijo la empresaria.
Los autobuseros reclaman que su último alza general de tarifas fue en octubre del año pasado. Desde entonces, el diésel ha subido unas ocho veces.
En cuanto a las rampas, alegan que el Estado no ha adecuado las aceras y las paradas de buses para permitir su uso.
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