EscucharA Michael Lampson Allen lo deportaron a Nicaragua el 20 de febrero.
A las autoridades no les importó que en noviembre un tribunal penal lo absolvió por infringir la Ley de Migración e impidió su deportación porque tiene dos hijos costarricenses, y porque había declarado ante la policía migratoria sin el consejo de un abogado.
Otro caso. Maritza López González firmó el 30 de enero la resolución que ordenó deportarla.
Allí declaró que no había hecho ningún trámite migratorio, aunque en realidad tenía dos años de gestionar su residencia legal.
Más casos. Nueve marineros vietnamitas estuvieron presos tres meses, desde noviembre, por estar indocumentados, luego de que su patrón y sus capitanes los abandonaron en Puntarenas y se llevaron sus pasaportes. Uno de los pescadores sigue detenido.
Michael, Maritza y los vietnamitas son ejemplos del endurecimiento de la política migratoria costarricense, que se hizo mucho más selectiva y rigurosa durante la administración del presidente Abel Pacheco.
Ellos y otros nicaragüenses, cubanos, españoles, rusos y colombianos entrevistados por La Nación se sienten asediados por la Dirección General de Migración.
El cambio ocurre después de que el anterior gobierno impulsó una amnistía migratoria que permitió legalizar a un total de más de 122.000 inmigrantes, la mayoría nicaragüenses.
Derechos vulnerados
Una investigación de La Nación encontró que al aplicar con más rigor la Ley de Migración , ha habido casos en los cuales se han vulnerado derechos fundamentales de algunos inmigrantes.
Ocurren detenciones por tiempo indefinido, los apresados no tienen asesoría legal gratuita e independiente, se les omite la advertencia de que pueden guardar silencio y se les retienen sus identificaciones, según lo confirman documentos oficiales, entrevistas a funcionarios públicos y a inmigrantes que han sido detenidos.
Además, los apresados han firmado resoluciones sin conocer con precisión el contenido de lo que firman, tienen solo seis horas semanales para recibir visitas y hay atrasos irrazonables en el trámite de documentos migratorios.
Aunque muchos inmigrantes deseen regularizar su permanencia en Costa Rica, trabajar legalmente y cotizar para el Seguro Social, hay restricciones que les impiden legalizar su situación.
La severidad migratoria también incrementó la fragilidad de los extranjeros ante algunas autoridades, que hasta les piden dinero a cambio de no deportarlos.
El año pasado, un oficial de Seguridad Pública fue suspendido dos semanas tras quedar demostrado que pidió a adolescentes nicaragüenses desnudarse para “inspeccionarlas”.
El Ministerio de Seguridad Pública despidió en el 2002 a 32 oficiales por diferentes actos de corrupción y a otros 16 en el 2003.
Política “selectiva”
La Dirección General de Migración y Extranjería asegura que protege con celo los derechos de los detenidos, pero defiende la necesidad de fortalecer los controles migratorios, pues la afluencia de extranjeros en el país comienza a ser inmanejable.
“Nuestra política tiende a ser selectiva, muy selectiva (…) Ahora llevamos una política de control migratorio muy rígida”, afirmó Marco Badilla, director general de Migración y Extranjería.
Badilla argumentó que en el país hay 270.000 inmigrantes legales, el 80 por ciento de ellos son nicaragüenses, y estimó que si se suman los indocumentados, en Costa Rica puede haber unos 450.000 extranjeros.
Esa cifra es, en su criterio, casi insostenible para un país de 4 millones de habitantes.
Según él, “la política migratoria procura que se respete el derecho a migrar, pero de una manera gobernable”.
Esto produjo, afirmó, que ya se perciba cómo se revierte el flujo migratorio desde Nicaragua, pues entre agosto del 2002 y agosto del 2003 se redujo en un 6 por ciento la diferencia entre entradas y salidas de nicaragüenses.
“Como que los nicaragüenses están notando que ya la situación en Costa Rica no es tan fácil como antes, que los controles migratorios son más fuertes, que las condiciones legales ya no se obtienen tan fácilmente como antes”, dijo.
La Defensoría de los Habitantes mantiene abierta una investigación por denuncias de supuestos abusos contra inmigrantes, pero todavía no ha presentado un informe final.
Para Mauricio Montero Montanari, un costarricense que preside la Fundación pro Ayuda al Inmigrante Nicaragüense, el cambio en las políticas ha convertido la migración en un delito y al inmigrante en un delincuente. “Se está sembrando la semilla de la xenofobia”, advirtió.
