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Miles de millones de colones destinados a combatir la trata de personas y a atender las víctimas de ese delito terminaron engavetados en las arcas del Estado por el exceso de burocracia.
El problema es que para hacer uso de estos fondos se requiere poner de acuerdo a representantes de 21 instituciones, quienes en muchos casos ni siquiera asisten a las reuniones o presentan proyectos sin los requisitos establecidos por la legislación.
Por estas razones es que, entre desde 2013 y 2016, se han acumulado ¢2.561 millones, afirmó Sandra Chaves, secretaria técnica de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (Conatt).
La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Dirección General de Migración y Extranjería, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) son algunos de los entes que conforman la Conatt.
"El hecho de que haya tantas instituciones hace más complejos los procesos y, por ejemplo, en ocasiones hay proyectos urgentes por aprobar y se convoca una sesión y no hay cuórum eso atrasa los procesos hasta 15 días o un mes porque se deben hacer nuevas convocatorias (...) es muy difícil la coordinación", dijo Chaves.
Por no ejecutar esos recursos, añadió Chaves, ahora solo se puedan usar en compras de activos como instalaciones físicas, equipo de cómputo y carros, pero no en programas de prevención, información o asistencia a víctimas de trata.
Alfredo Hasbum, ministro de Trabajo y Seguridad Social, reconoció que el sistema utilizado por Conatt es bastante complejo y eso complica la utilización de los recursos disponibles.
"Creo que es un esquema complejo y este problema de subejecución posiblemente lo tengan otros consejos u otras entidades y muchas veces la subejecución depende del tipo de personas que conforman las entidades o de la legislación que es muy variada", expresó Hasbum.
Gisela Yockchen, directora de Migración y Extranjería, admitió las dificultades para ejecutar de forma ágil los recursos, pero aseguró que se ha mejorado en este tema en los últimos dos años.
"De tener en el año 2015 porcentajes de ejecución entre el 1% y 5% a cerrar el 2016 con el 30% de ejecución y en el primer semestre del 2017 un 37% muestra un avance (...) Sería muy triste habernos estancado", aseveró Yockchen.
Motos y carros para policías
A pesar de la dificultad para cumplir los objetivos esenciales, la Coalición tiene una oficina en Rohrmoser por la que paga mensualmente $5.600 de alquiler. Entre tanto, los ¢2.561 millones están acumulados en el Fondo Nacional Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Fonatt).
El Fonatt es administrado por un fideicomiso del Banco de Costa Rica (BCR) bajo las ordenes de Conatt, es decir, es esta entidad la que dice cuáles proyectos se desarrollan de acuerdo a las solicitudes de cada institución que integra la Coalición.
El destino de los dineros es muy variado, desde compra de vehículos, motocicletas, campañas informativas, capacitaciones, fortalecimiento de asociaciones de desarrollo y elaboración de políticas públicas contra la trata de personas.
Por ejemplo, este año se asignaron ¢309 millones a la compra de vehículos para el OIJ, la DIS y la Policía de Migración.
"Tenemos que quitar ese morbo, de que si se compraron los carros ¿los usarán? ¡Por Dios! somos instituciones con muchos años de trabajar en esta temática", enfatizó Chaves.
"Con respecto a los vehículos, lo puedo explicar perfectamente, la Policía de Migración puede tener 50 vehículos asignados, pero los fondos de la Conatt aseguran que si cinco vehículos se compran para la DIS, el OIJ, la Policía de Migración o la Fuerza Pública esos vehículos deben ser exclusivos para atender el tema de trata. Así la trata no va a tener que compartir recursos con la atención de otros delitos", enfatizó Yockchen.
Hasta julio, el BCR había cobrado ¢8,1 millones en honorarios por administrar el fideicomiso.
El financiamiento de Fonatt proviene de la recaudación del impuesto de salida. De los $29 que pagan las personas que salen del país, $1 se va al Fondo para combatir delitos relacionados con la trata de personas.
En el 2016, las autoridades identificaron 20 casos de trata de personas en Costa Rica, 12 de las víctimas son nicaragüenses. En 2017 se contabilizan, hasta ahora, 18 casos.
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La Organización de las Naciones Unidas define la trata de personas como "la acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza".
Ejecución
De acuerdo con datos del BCR, en 2016 el Conatt presupuestó en su fideicomiso ¢1.003 millones y solo lograron ejecutar ¢298 millones, es decir, un 30% del disponible.
Este año la ejecución sigue bastante baja, pues, de los ¢1.561 millones asignados solo se han utilizado ¢571 millones, equivalentes al 37% del presupuesto total. El corte de este último dato es el 31 de julio del 2017.
"Las entidades no se atreven a presentar proyectos porque la presentación de un proyecto implica mucho trabajo, se debe presentar una ficha técnica, una solicitud formal y que esté presentado bajo la guía de Mideplán esto quiere decir que esté inscrito en el Banco de Proyectos e indicar todas las características del proyecto como la población meta, el impacto, estudio de mercado y varias cotizaciones", declaró Chaves.
Otro aspecto, según la Conatt, que ha perjudicado la ejecución presupuestaria es que desde que se creó el fideicomiso en 2015 se ha ido aprendiendo en un proceso de 'prueba y error'.
