EscucharEl alcalde de San Carlos, Alfredo Córdoba, renunció a su salario de ¢4 millones mientras permanezca cesado del cargo por la investigación que se le sigue por supuestos actos de corrupción con obras viales contratadas a la constructora MECO.
Córdoba dio a conocer la decisión la noche de este lunes 22 de noviembre, una semana después de haber sido detenido junto con otros cinco jerarcas locales en el marco del llamado Caso Diamante.
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Al filo de las 10 p. m., el jerarca envió un mensaje de un párrafo al correo electrónico del Concejo Municipal sancarleño para indicarle que voluntariamente dejaría de recibir su remuneración (que se asemeja a la de un diputado) mientras continúen las pericias judiciales en su contra.
“Conocedor de que el pueblo de San Carlos merece total transparencia en este proceso por el que estoy enfrentando, renuncio de forma formal al salario durante el periodo en el que las medidas cautelares emitidas por el Juez me impidan ejercer mi función”, dice la nota, de la cual La Nación tiene copia.
Este mismo lunes, precisamente, estaba previsto que los concejales discutieran una moción de la regidora Diana Corrrales, del Partido Acción Ciudadana (PAC), que pretendía suspender el pago de salario a Córdoba, pero como aún no habían sido notificados de las medidas cautelares impuestas al alcalde, no pudieron realizar el trámite.
“La notificación oficial del Juzgado Penal nosotros la conocimos en media sesión municipal, la Administración nunca nos la envió de previo”, dijo a este diario Juan Diego González, presidente del Concejo, al indicar que hasta ese momento no habían tenido la posibilidad de discutir sobre el futuro del salario del jerarca.
Aunque el juez a cargo del caso separó al alcalde de su cargo por al menos seis meses y le impidió comunicarse con testigos o acercarse a los ayuntamientos, no se refirió al tema del salario, por lo que los regidores tenían la tarea de definir si el cese temporal de labores sería con o sin goce de ese dinero.
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“Con respecto al tema salarial, lo que nosotros habíamos pensado antes de recibir esta solicitud del señor alcalde, era revisarlo desde el punto de vista legal, atendiendo los criterios de la parte jurídica. Si nuestros abogados coincidían en que no se le debía pagar el salario, yo creo que todos los regidores estábamos en aras de respetar eso. Ahora esta solicitud de don Alfredo simplifica mucho el debate”, destacó González.
Que sirva ‘de ejemplo’
Para el presidente del Concejo Municipal, la decisión de Córdoba le transmite “confianza” a la ciudadanía y podría servir “de ejemplo” para que los otros cinco alcaldes investigados sigan el mismo camino. Además, rescató que aunque el jerarca no hubiera hecho esta solicitud ni ningún regidor presentara alguna moción para suspender el salario, de igual forma el Concejo habría actuado de oficio al ser notificado por el Juzgado.
González dijo a La Nación que su intención es abordar este tema desde un enfoque jurídico y no político, ya que aunque es un asunto personal del alcalde y no se involucra judicialmente a la Municipalidad, la realidad es que se trata de un tema de interés público para el cantón. “Siendo un tema de interés nosotros no podemos volver a ver para otro lado”, agregó.
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Detalló que desde hace tres meses, antes de que estallara el Caso Diamante, el Concejo Municipal de San Carlos solicitó una auditoría externa para revisar las contrataciones de obras viales de los últimos seis años, así como la calidad de dichas construcciones, para verificar que todo esté en orden. La auditoría se inició el 27 de octubre, consta de dos partes y tiene un costo superior a los ¢50 millones.
“Nosotros le solicitamos al auditor que contratara una auditoría externa y no que fuera personal propio de la Municipalidad para poder transmitirle mayor transparencia a la gente, porque a veces se tiende a creer que el auditor es de alguna manera un subordinado del alcalde, lo cual claramente no es así, porque más bien depende del Concejo Municipal. Pero aún así preferimos que fuera una auditoría externa”, concluyó el regidor.
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Los otros alcaldes suspendidos son Johnny Araya, de San José; Humberto Soto, de Alajuela; Arnoldo Barahona, de Escazú; Mario Redondo, de Cartago, y Alberto Cole, de Osa. En ninguno de esos casos se ha resuelto si se rebaja o no la remuneración.
