EscucharRegidores de tres municipalidades investigadas en el caso Diamante confirmaron este lunes a La Nación que tienen listas las mociones que presentarán para suspender el salario a los alcaldes que fueron separados de sus cargos por orden judicial.
Se trata del regidor josefino Diego Miranda; Randall Barquero, del Concejo de Alajuela, y Diana Corrales, de San Carlos. Ellos representan a los partidos Juntos, Nueva República y Acción Ciudadana, respectivamente, que son de oposición en esos gobiernos locales. Los tres concejales aseguraron que ya prepararon los documentos y que los expondrán en los próximos días.
La intención es cesar el pago de salario a los alcaldes liberacionistas Johnny Araya (San José), Humberto Soto (Alajuela) y Alfredo Córdoba (San Carlos), quienes fueron detenidos la semana anterior como sospechosos de participar en presuntos actos de corrupción vinculados con obras viales en esos cantones.
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El viernes pasado, el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública separó a los jerarcas locales de sus cargos por al menos seis meses. Además, dictó contra ellos un impedimento de salida del país, así como para comunicarse con testigos o acercarse a los ayuntamientos.
Sin embargo, la resolución judicial no tocó el tema del salario, por lo que cada Concejo Municipal deberá definir si el cese temporal de sus labores será con o sin goce de salario. Actualmente, Soto gana ¢3 millones, Araya ¢5,7 millones y Córdoba ¢4 millones (los últimos dos perciben igual o más dinero que el presidente de la República).
También fueron suspendidos los alcaldes Mario Redondo, de Cartago; Arnoldo Barahona, de Escazú, y Alberto Cole, de Osa. De estos gobiernos locales, La Nación solo pudo conversar con el regidor cartaginés Carlos Halabi, quien dijo que están a la espera de la notificación.
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Mociones
En el caso de Miranda, comentó que ha estado trabajando en la moción desde hace varios días y que la presentará la tarde de este martes, a pesar de que la mayor parte del Concejo josefino ha mostrado afinidad con el alcalde y posiblemente se opondrá a la medida.
De hecho, Araya dijo el viernes a la prensa que ya sabe que un regidor está detrás de esta propuesta. “Me imagino cuál regidor es. Me parece que como todo trabajador en este país que enfrenta un proceso disciplinario, hay un principio que no tiene por qué dejar de considerarse en mi caso, que es el de inocencia”.
Miranda incluso propuso una moción para sacar a Araya del gobierno local mediante un plebiscito de revocatoria de mandato del alcalde y sus dos vicealcaldías. Sin embargo, ocho de los 11 regidores (en su mayoría también liberacionistas) votaron en contra de la propuesta.
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Por su parte, Barquero afirmó que este lunes terminó de afinar los últimos detalles de su moción y que también la presentará este martes a sus demás compañeros alajuelenses. El regidor, incluso, remitió una petición digital en donde 170 personas ya firmaron para que se convoque a plebiscito para sustituir al alcalde.
Finalmente, la regidora Corrales también aseguró tener listo el documento para proponerlo en el Concejo sancarleño, pero que aún está a la espera de que llegue la notificación de las medidas cautelares. Su idea era presentarlo este lunes, ya que la próxima sesión será hasta el 3 de diciembre.
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Espera por apelación
Aunque los regidores ya tienen listas sus mociones para suspender el salario a los alcaldes, tendrán que esperar a que se resuelva una apelación que presentaron los abogados defensores de los gobernantes, relacionada específicamente con esta potestad que tendría el Concejo Municipal.
El abogado penalista Juan Marcos Rivero explicó a este diario que la Sala Constitucional ya ha dicho que existe la posibilidad de que el Poder Judicial suspenda un puesto de elección popular como el de un alcalde sin violar el principio de división de poderes y la autonomía municipal.
Sin embargo, rescató que el debate está entre si puede hacerlo con o sin goce de salario. Precisamente, eso es lo que se debe aclarar en el Tribunal de Apelaciones para que queden en firme las medidas cautelares que se le pusieron a los gobernantes, y que los regidores puedan proceder.
“Primero tienen que notificar al Concejo Municipal porque es al que el alcalde presta servicios, pero aquí lo principal es que todavía no está en firme la resolución, entonces los regidores aún no podrían tomar la decisión”, indicó Rivero, al tiempo que señaló que muy posiblemente ese fallo estará hasta la otra semana.
Al respecto, el abogado Federico Campos, defensor de Johnny Araya, también manifestó que es válido que los Concejos no resuelvan todavía sobre el asunto, porque las medidas cautelares fueron objetadas y lo oportuno es resolver cuando esté en firme la eventual suspensión del cargo, porque bien podría ser revocada en la audiencia de apelación.
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