Escuchar
El tema de la violencia adquirió ayer tintes políticos cuando el ministro de Seguridad Pública, Juan Diego Castro, responsabilizó a la Asamblea Legislativa, y en especial a los diputados del PUSC, por los atrasos en la aprobación de reformas penales que permitirían atacar ese problema.
Castro reconoció, en una conferencia de prensa que ofreció a las 2:20 p.m. en el Ministerio a su cargo, que han ocurrido varios "hechos graves" en el país, pero de inmediato afirmó que él es responsable "solo en parte" de la situación.
El funcionario no dudó en achacarle al Congreso el no tener la voluntad política para mejorar los instrumentos legales para combatir este mal.
Una hora antes, la titular de Información, Florisabel Rodríguez, afirmó en la Casa Presidencial que la percepción negativa que tienen los ticos sobre la inseguridad no coincide con los datos objetivos de la delincuencia.
Rodríguez afirmó que las estadísticas de hechos violentos han bajado en las últimas semanas pero que los ciudadanos creen que han aumentado dada la "notoriedad" de algunos episodios delictivos recientes.
Tanto Antonio Alvarez, presidente del Poder Legislativo, como el jefe de la bancada socialcristiana, Bernal Aragón, rechazaron tajantemente los cargos.
Entre los últimos sucesos destacan los asesinatos del comerciante Guillermo Murillo y del empresario Rodrigo Mora, el secuestro relámpago de Olga Coll y el triple homicidio ocurrido el pasado 16 de noviembre en Llorente de Tibás.
Antenoche, la Oficina de Divulgación de Seguridad Pública descartó la existencia de una escalada en la violencia.
¿Politiquería?
Castro aseguró ayer que algunos legisladores del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) han tratado de señalar que este clima de violencia es producto de la actual administración. Afirmó que en realidad es responsabilidad acumulada de muchos gobiernos.
"Quieren hacer politiquería con el tema de la seguridad ciudadana", aseveró al quejarse por las demoras sufridas en el trámite de varios proyectos que permitirán endurecer las penas de cárcel y controlar a las pandillas juveniles.
Bernal Aragón, jefe de la fracción socialcristiana, rechazó anoche en forma categórica las acusaciones formuladas por Castro. "Si el señor Ministro tuviera decencia ya se hubiera ido para la casa", aseveró.
Aragón calificó de "infundado" el ataque pues, según indicó, hace 15 días enviaron una nota al presidente José María Figueres para externarle su disposición a darle prioridad a los proyectos en materia de seguridad.
El liberacionista Antonio Alvarez, presidente del Parlamento, también refutó las críticas de Castro contra esta institución. Indicó que los diputados fijaron como prioridad uno la reforma a las leyes penales.
Aseguró que una comisión legislativa especial está dedicada casi tiempo completo a revisar el Código Penal, el Código Procesal Civil y la Ley de Justicia Penal Juvenil. "Don Juan Diego tiene que buscar excusas en otro lugar", aseveró.
Apoyo a Castro
En medio del caldeado ambiente político que rodea ahora al tema de la violencia, los cuatro últimos ministros de Seguridad Pública respaldan -en términos generales- la gestión del actual titular de ese despacho.
Juan José Echeverría Brealey, Benjamín Piza Carranza, Angel Edmundo Solano y Luis Fishman coincidieron en que el fenómeno de la delincuencia es un problema complejo, que debe valorarse desde una perspectiva integral.
Antes de iniciar la administración Figueres, una encuesta de la firma Unimer reveló que la seguridad era motivo de honda preocupación entre los costarricenses.
En el sondeo, publicado por La Nación el 28 de abril de 1994, el 25 por ciento de los 1.208 entrevistados señaló que era urgente resolver el problema de seguridad. Esa cifra solo fue superada por la pobreza, con un 37 por ciento.
Ayer, Echeverría Brealey, ministerio de Seguridad durante la administración de Rodrigo Carazo Odio (1978-1982), declaró que, aunque puedan mejorarse los sistemas de prevención y represión, siempre habrá un cúmulo de aspectos fuera de la esfera policial que atentarán contra la seguridad pública.
"Lo más fácil es echarle la culpa al ministro de turno, aunque se trate de una imputación totalmente injusta", enfatizó.
Piza Carranza, jerarca de esa cartera durante el gobierno de Luis Alberto Monge (1982-1986), opinó que varios factores alimentan el problema: desinterés de los gobiernos para satisfacer las necesidades del Ministerio, empeoramiento de la situación económica y pérdida de valores en los hogares.
Quien fue ministro en la administración Calderón Fournier (1990-1994), Luis Fishman, propuso un gran debate y un acuerdo nacional en materia de seguridad ciudadana para los próximos 25 años, que se respete sin importar cuál sea el partido político que gane las elecciones futuras.
Por su parte, Solano, tras defender la capacidad de Castro para desempeñar su puesto, propugnó por un cierre "valiente" de filas entre la ciudadanía y el Gobierno en apoyo del Ministerio.
Oficina de Prensa de Seguridad:
"País no experimenta escalada de violencia"
Tras alegar múltiples ocupaciones del ministro de Seguridad Pública, Juan Diego Castro Fernández, la Oficina de Divulgación de esa cartera respondió, antenoche, de la siguiente manera a un cuestionario enviado por La Nación sobre recientes hechos de violencia.
¿A qué atribuye la escalada de violencia que está viviendo el país en las últimas semanas?
En primer lugar, el país no experimenta ninguna escalada de violencia pues lo único que ha ocurrido es que ciertas manifestacioines delictivas han coincidido en el tiempo, algunas de las cuales, como el caso de Llorente de Tibás, tal y como se les expuso en noviembre, de acuerdo con estadísticas de respetables instituciones dedicadas al estudio del delito, su prevención escapa al ámbito de acción de cualquier cuerpo policial del mundo, en vista de la particular relación entre víctima y victimarios (sic).
¿Qué está haciendo el Ministerio de Seguridad Pública para neutralizar hechos como el triple asesinato de Llorente, el homicidio del empresario Rodrigo Mora Chacón y la muerte del comerciante Guillermo Murillo Arias, esta última ocurrida el 5 de diciembre último en Grecia?
Tal y como lo expusimos en relación con el exhaustivo interrogatorio formulado por su respetable diario el 23 de noviembre pasado, el Ministerio de Seguridad Pública realiza todos los esfuerzos que están a su alcance para garantizar el cumplimiento de las funciones fundamentales, de acuerdo con lo que demanda la Constitución Política y la Ley General de Policía, las cuales son: a-) El orden público; b-) La defensa nacional; c-) La soberanía nacional.
Precisamente, al ser la criminalidad un problema de índole multifactorial, su respuesta no es compentencia exclusiva de la policía, sino que requiere de soluciones económicas, políticas, sociales, educativas, jurídicas, cambio de actitud de quienes imparten justicia penal, así como morales, educativas y espirituales, entre otras. Por parte del Ministerio de Seguridad, en vista del colapso generalizado que experimenta el país en materia de justicia penal, el 6 de diciembre de 1994 presentó una serie de reformas urgentes, además de una propuesta para integrar una comisión que finalmente fue conformada por legisladores, ministros, magistrados, catedráticos y otros reconocidos juristas, quienes actualmente elaboran un proyecto de modernización de la legislación penal, procesal penal, contravencional y justicia penal juvenil.
¿Cuántos policías y vehículos están a cargo de las labores de vigilancia en el país?
Disponemos del personal que nuestras limitaciones presupuestarias nos permiten tener. En cuanto al número de vehículos, contamos con los que durante esta administración se han podido reparar, así como con aquellos que en años anteriores se destinaban a otras funciones que no eran policiales.
¿De qué ha servido el adiestramiento que desde hace meses vienen dando los carabineros chilenos a nuestra policía? ¿Cuándo se percibirán los resultados?
La capacitación brindada por los expertos de la policía chilena ha sido de gran utilidad. Una muestra de ello lo constituye la creación de la Quinta Comisaría, en relación con la cual también se le explicó al señor Rónald Moya de manera pormenorizada el pasado 23 de noviembre. No obstante, tanto en el área policial como en cualquier otro aspecto del quehacer humano, muchos de los resultados son producto de un proceso que va teniendo lugar de manera paulatina. Por ende, resulta poco realista pretender que el producto de una profesionalización policial, que por primera vez en la historia de la fuerza pública toma lugar, se sucedan como obra de una prodigiosa y mágica motivación. De lo anterior se desprende que los resultados de una capacitación como la brindada por la policía chilena en áreas como la policía montada, vigilancia marítima, vigilancia motorizada, administración de comisarías, entre otras, se den a corto plazo, mediano y largo plazo.
¿Cómo puede defenderse la gente? ¿Qué medidas debe tomar?
l Una actitud preventiva es ante todo la mejor de las armas con las que se puede defender la ciudadanía, así como facilitando a la policía toda la información que tenga a su alcance acerca de los delincuentes.
Especialistas critican despliegue informativo
Dedicarle ayer casi toda la primera página de este diario al caso del secuestro de Olga Marta Coll Montero, fue analizado y criticado por especialistas, quienes consideraron que este tipo de despliegue informativo puede alentar la acción de los delicuentes.
Jorge González Pinto, psicólogo clínico y forense, quien ha trabajado por años en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) atendiendo casos de plagios, consideró como "muy negativo" destacar tan ampliamente una información de esa índole, especialmente por el tamaño de la foto de la víctima.
"Para nadie es un secreto los delitos que día a día se cometen, pero, si se destaca que hubo un secuestro y se pagó por él, eso alerta a la delicuencia a cometer el delito y obtener fácilmente una cuantiosa suma", puntualizó.
Añadió que lo que más preocupa es que, al ser un caso en que los familias actuaron por su cuenta y pagaron, esto podría inducir a la gente actuar, en un caso similar, prescindiendo de la ayuda policial.
"Lo que no saben (los ciudadanos) es que esta fue una excepción porque -según mi experiencia- en la mayoría de secuestros, una vez que pagan rescate, la víctima no es devuelta o se la encuentra muerta", dijo.
Contrariamente, el sociólogo Francisco Escobar catalogó de positivo este tipo de despliegue, ya que "alertó al país" sobre la ola delictiva que se vive. "Finalmente creo que habrá acción real de parte del Gobierno, porque el crimen está golpeando la clase alta, la del poder económico".
Por otra parte, el sociólogo Jorge Mora, rector de la Universidad Nacional, manifestó que lo más impactante es el tamaño de la fotografía pues "de alguna manera podría significar cierta tendencia al amarillismo".
Agregó que llama la atención el hecho de que se diera tanto despliegue cuando se han presentado situaciones aún más peligrosas e importantes y no salen publicadas de igual forma. "Se da una relevancia extraordinaria, que sobrepasa la información", sostuvo.
