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La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) inició un procedimiento de compra urgente para garantizar la continuidad de los servicios de salud a casi 36.000 asegurados del área de San Francisco-San Antonio; esto luego de que la Contraloría General de la República declaró la nulidad de la adjudicación a Coopesana, a mediados de octubre.
“Hemos conformado un equipo que está implementando acciones urgentes para evitar cualquier interrupción en la atención de estas comunidades. La prioridad de la CCSS es responder de forma rápida y efectiva, garantizando que los servicios de primer nivel sigan disponibles para la población que se podría ver afectada”, declaró el gerente médico interino, Alexánder Sánchez Cabo, en un comunicado de prensa.
La Contraloría anuló la partida 3 de la licitación 2023LY-000002-0001101142. Esta licitación buscaba contratar la administración de 138 Ebáis, la partida 3 corresponde a los servicios de primer nivel en San Francisco de Dos Ríos y San Antonio de Desamparados, que cubren a 35.810 personas en ocho Ebáis.
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La compra urgente se promovió por la vía del oferente idóneo. Es decir, manteniendo las mismas condiciones de servicio y precio que la contratación vigente, la cual finaliza el 30 de junio de 2025.
La gestión se hizo al amparo de la Ley General de Contratación Pública, explicó Karla Solano Durán, directora de Red de Servicios de Salud. La contratación urgente regirá a partir del 1.° de julio de 2025 por 30 meses.
Esa normativa, informó la CCSS, le da a la institución un mes para concretar esta compra urgente, debido a la imposibilidad de asumir en el corto plazo la prestación del servicio con sus propios recursos.
La Cooperativa Cogestionaria de Salud de Santa Ana R.L. (Coopesana) seguirá brindando servicios de salud a los vecinos de Francisco de Dos Ríos y San Antonio de Desamparados. Lo hará en las mismas condiciones que la contratación actual, dijo la directora de Red de Servicios de Salud.
“Este proveedor ha brindado esta prestación de servicios por aproximadamente 20 años, por lo que se le consideró como el oferente idóneo para esta contratación”, agregó la funcionaria.
Antes de formalizar el procedimiento, la CCSS conversó con la cooperativa para asegurar su anuencia y continuidad bajo las condiciones actuales, sin modificación del monto contratado.
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La investigación judicial del Caso Barrenador
La contratación para el Área de Salud San Francisco-San Antonio, por ¢31.310 millones, está bajo investigación judicial dentro del llamado Caso Barrenador. La nulidad de la adjudicación fue declarada tras una apelación de la empresa Psicomed, que también ofertó para dar los servicios.
El pronunciamiento de la Contraloría en este caso confirma que la Junta Directiva de la CCSS no adjudicó esta línea con base en un estudio de razonabilidad de precios, como lo exigen el artículo 41 de la Ley General de Contratación Pública y el 44 de su reglamento.
Al momento de decidir, se apartó de los criterios técnicos y utilizó un análisis elaborado por la actual gerenta general, María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, quien es una de las16 personas imputadas en la causa.
El Área de Salud San Francisco-San Antonio es una de las tres que la Junta Directiva adjudicó a Coopesana; las otras dos son Escazú, por ¢50.269 millones, y Santa Ana, por ¢49.014 millones. La Contraloría no pudo anular estas contrataciones porque no existieron apelaciones de otras interesadas, pues Coopesana fue la única oferente.
En total, la Caja adjudicó a cinco cooperativas y una asociación médica la administración de 138 Ebáis en 10 áreas de salud. Aunque todas las adjudicaciones tendrían los mismos defectos, las otras quedaron en firme; la CCSS deberá decidir qué pasará.
Por la adjudicación de estos contratos con posibles sobreprecios, el Ministerio Público realizó el 23 de setiembre 28 allanamientos en oficinas de la CCSS y viviendas de directivos, exdirectivos y funcionarios. La jerarca de la entidad, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, fue detenida ese día junto a otras siete personas entre directivos, exdirectivos y la gerenta general interina.
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En la actualidad, como medida cautelar, Esquivel, tres directivos y la gerenta permanecen suspendidos seis meses mientras avanza la investigación judicial. La Fiscalía les achaca los presuntos delitos de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública.
