La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) desconoce el paradero de casi 250.000 mascarillas no médicas que se repartieron en clínicas y hospitales de todo el país, a principios de julio, y que después fueron retiradas de los centros de salud ante los posibles riesgos para el personal.

Se trata de una porción del lote de 699.850 tapabocas que fueron recibidos y distribuidos por la CCSS a pesar de que en el rotulado de las cajas se leía “non-medical use” (no uso médico).

El 10 de julio, la Caja se vio en la obligación de retirar ese material, el cual fue suministrado por una empresa de jardinería, luego de recibir varias consultas y quejas del personal de salud sobre la eficacia de esos cubrebocas.

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Siete días después, el Área de Almacenamiento y Distribución (Aldi) informó de que las clínicas y hospitales solo habían devuelto 450.347 tapabocas y que no sabían qué pasó con las 249.503 unidades restantes.

Ante el faltante, la Gerencia de Logística –órgano encargado de la contratación– planteó dos posibles escenarios: que los cubrebocas fueron utilizados a pesar de no ser aptos, o bien, que los establecimientos médicos no quisieron devolverlos.

Así lo consignó Pedro Álvarez Muñoz, jefe a. i. del Subárea de Contratos y Garantías, dependencia adscrita a esa gerencia, en el oficio N.° DABS-AGM-11863-2020, del 15 de octubre.

“La diferencia de 249.503 unidades de mascarillas no fueron devueltas por los centros, sea porque las utilizaron, o no quisieron devolverlas, no lo sabemos”, detalló Álvarez en ese documento de tres páginas.

La orden de retirar ese lote de mascarillas y devolverlo al almacén central de la institución fue girada por el gerente de Logística, Luis Fernando Porras Meléndez, quien desde agosto está suspendido por supuestas anomalías en la compra de insumos médicos para enfrentar la pandemia de la covid-19.

Porras alegó que todo se trató de un “error material en la inspección de la rotulación de la caja de empaque”; no obstante, en el expediente de contratación consta que se recibió ese lote de cubrebocas por “interés nacional” ante la escasez que había en el país de ese insumo.

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Reposición y proceso sancionatorio

Aunque esas mascarillas desaparecieron del inventario de la CCSS, ahora la institución pretende que el contratista Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT S. A. devuelva esa cantidad.

En un principio, el proveedor estuvo de acuerdo, pero como la reposición no se concretó, ahora enfrenta un “procedimiento sancionatorio y patrimonial”, en el cual no solo se indaga ese hecho, sino también posibles anomalías en la ejecución de ese contrato a lo interno de la Caja.

Con esa investigación, IBT se enfrenta a una posible sanción que podría ser una inhabilitación como proveedor de la Caja o una multa hasta del 25% del valor del contrato, que en este caso asciende a $1,1 millones (unos ¢640 millones).

Inicialmente, el contratista repuso los 450.347 tapabocas no médicos que le fueron devueltos. La reposición la efectuó el 30 de julio y los cubrebocas no médicos le fueron devueltos el 3 de agosto.

El mismo día que hizo la reposición y entregó las correctas mascarillas quirúrgicas descartables, el represente de IBT, Adrián Herrera, se comprometió, en un correo electrónico, a reponer también las otras 249.503 que no le fueron restituidas.

Incluso, en otra comunicación electrónica, pero del 11 de agosto, Herrera informó de que ese mismo día iba a entregar esa suma de tapabocas, asumiendo la compañía el costo adicional de esa reposición.

Sin embargo, esa entrega nunca ocurrió. El representante de IBT alegó que no se había podido coordinar la entrega y que ese inventario ya lo habían comercializado.

“Lastimosamente en este tema específico, nunca se logró coordinar para la entrega respectiva, lo cual entendemos, ya que fue una cantidad recibida y usada por la institución, por lo que procedimos a la comercialización de las mascarillas quirúrgicas de grado médico”, consignó Herrera en una comunicación electrónica, el 14 de octubre.

Ante la no reposición de esas 249.503 mascarillas, la Gerencia de Logística solicitó a la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios abrir el procedimiento administrativo.

“Mediante oficio GL-2272-2020 del 26 de noviembre del 2020, se solicitó a la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios la instauración de una investigación preliminar para determinar si le asiste responsabilidad a algún funcionario por la ejecución contractual, y la falta de reposición de mercadería por parte del proveedor”, informó la Gerencia de Logística, ante una consulta de este medio de comunicación.

Esa decisión se tomó dos días después de que Pedro Álvarez, el jefe a. i. del Subárea de Contratos y Garantías, recibiera una llamada de Adriana Chaves, asesora del presidente de la Caja, Román Macaya, pues según Álvarez, Macaya tenía “inquietud” por saber qué había sucedido con esa compra.

Así consta en el folio 260 del expediente de ejecución de esta contratación, el N.° 2020CD-0064-5101, del cual La Nación tiene una copia con la documentación adjunta hasta el 27 de noviembre.

Empresa alega rechazo en almacén

El representante de compañía, Adrián Herrera, cuestionó la apertura de esa investigación e insistió en que ellos sí llevaron las 249.503 mascarillas al almacén central de la CCSS el 11 de agosto. Sin embargo, aseguró que no se las quisieron recibir.

Esa fecha, según Herrera, los nuevos cubrebocas fueron llevados por un conductor de nombre Alexis Camacho Castillo, en un camión placa N.° CL-255431.

“En bodega nos explican que no las pueden recibir porque ya las habían recibido de previo (el 30 de junio) y ya las habían gastado. ¿Cómo justificaban el ingreso de casi 250.000 mascarillas en ese momento? Era como si se hubiese entregado de manera doble”, declaró Herrera.

No obstante, IBT no tiene ningún documento que respalde esa versión y así lo reconoció el propio represente de la compañía.

Él añadió que no se le solicitó a la Caja un oficio en el que constara ese hecho porque no lo consideró necesario y porque se actuó bajo el principio de buena fe.

También reiteró que, desde su criterio, los 700.000 tapabocas rechazados el 30 de junio sí cumplían con los requisitos para ser empleados en clínicas y hospitales; aportó varios documentos para defender esa tesis. Argumentó que el problema fue de embalaje y no del producto en sí.

La Nación buscó entrevistas con el gerente de Logística a. i. Esteban Vega de la O y con su antecesor, Luis Fernando Porras Meléndez, pero ninguno de los dos accedió a la solicitud.

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Proveedores inexpertos

A IBT, la CCSS le compró un total de 2.890.000 mascarillas quirúrgicas desechables, las cuales fueron entregadas en cuatro tractos y solo en uno de ellos, el de 699.850, se detectó que se trataba de cubrebocas no médicos.

Por atrasos en esas entregas, la compañía enfrenta “un proceso de cobro de cláusula penal”. La CCSS fijó tres multas por un total de $269.000 (¢164,4 millones al tipo de cambio actual) y retuvo ese monto de los giros de dinero ya hechos a la compañía.

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Ese contrato es el primero que esa empresa registra con la Caja, pues hasta marzo incursionó en la venta de insumos médicos, con anterioridad la empresa solo se dedicaba a limpiar jardines, charrales y vías públicas.

Con esta compañía de jardinería, ya son cinco los proveedores inexpertos que contrató la Seguridad Social para abastecerse de mascarillas durante la pandemia.

Al contador público David Landergren y a la periodista española Miren Martínez les contrató 12 millones de cubrebocas por $4 millones (unos ¢2.444 millones). Mientras que a una chatarrera le compró 316.000 por ¢88 millones.

Adicionalmente, le compró ese insumo a Rebeca Fernández Cordero (37 años), una psiquiatra que laboró en la CCSS entre 2009 y 2017; y su madre, Hazel Cordero Bogantes (65), profesional en Derecho con experiencia en contratación administrativa y representante en el país de varias firmas chinas, entre ellas Sinohydro.

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Estas compras están siendo sujeto de investigación en el Ministerio Público, la Asamblea Legislativa y a lo interno de la Caja para determinar si se dieron actos indebidos de funcionarios públicos. En específico, la Fiscalía indaga los presuntos delitos de tráfico de influencia e influencia contra la Hacienda Pública.

La Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública castiga el primero de esos delitos con prisión de dos a cinco años. Entretanto, que sanciona el segundo con cárcel de dos a ocho años.

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