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La Asamblea Legislativa pretende reformar la Ley contra el hostigamiento sexual para que se castigue, por ejemplo, a los funcionarios públicos electos en las urnas que infrinjan esa legislación.
Una comisión especial mixta –formada por diputados y profesionales externos al Congreso– deberá analizar todos los vacíos que tiene esa ley, y redactará una reforma integral en un plazo aún no estipulado.
Así lo confirmó la diputada socialcristiana Ana Helena Chacón, presidenta de la comisión especial de la Mujer, la cual acordó integrar el nuevo grupo.
Las carencias del marco legal actual afloraron en las últimas dos semanas, luego de que una asesora legislativa denunció por supuesto acoso sexual al legislador liberacionista Federico Tinoco Carmona.
La voz cantante en el tema la ha tenido durante los últimos nueve años la Defensoría de los Habitantes, entidad que en sus informes anuales ante el Congreso viene reiterando las fallas y omisiones de esa legislación.
Precisamente ante una instancia de la defensora de los habitantes, Lisbeth Quesada, se integró la comisión especial.
El grupo tendrá representación del Instituto de la Mujer, la Defensoría, expertos en debido proceso y diputados, según detalló Chacón.
Datos de la Defensoría señalan que desde que entró en vigencia la ley, en marzo de 1995, en el sector público se han presentado 575 denuncias.
Sin embargo, la entidad no tiene un registro acerca de la forma en que fueron resueltos.
A reforzarla. La ventaja que tienen los funcionarios electos popularmente sobre todos los demás servidores públicos es tan solo una de las carencias de la Ley de hostigamiento sexual.
Por lo menos en este caso los diputados evidencian consenso para el cambio. “La ley es para todos, por supuesto que nosotros (los diputados) deberíamos de tener total transparencia porque al final, si no cambiamos ese aspecto, estaríamos sirviéndonos de la ley y no sirviendo a la ley”, expresó Carlos Gutiérrez, libertario miembro de la comisión especial de la Mujer.
En un estudio presentado la semana pasada ante el Congreso, la Defensoría señala la conciliación como uno de los problemas de la actual legislación.
La Defensoría recomienda que se excluya literalmente la conciliación de los procesos por acoso, por cuanto la víctima normalmente está en desventaja dada la relación de poder con el acosador.
Según el documento, cuando se ha dado la conciliación, en la mayoría de los casos la víctima termina desistiendo de la denuncia, “prevaleciendo la impunidad”.
Otro punto que debe de solventarse, señala el estudio, son las garantías de los denunciantes y los testigos.
Por ejemplo, algunas entidades en sus reglamentos internos contemplan únicamente el traslado de puesto de la víctima, con lo cual “sufre doble castigo, mientras que el denunciado puede aprovechar la oportunidad de hostigar laboralmente a los testigos”, señala la Defensoría.
El diagnóstico también sostiene que es necesario que a la víctima se le considere como parte del proceso de investigación, no como testigo presencial, tal y como ha sucedido en múltiples casos.
Esa situación “ha provocado el mal manejo de la prueba y la negación de su derecho a interponer recursos de revocatoria y apelación, contradiciendo criterios de la Defensoría y de la Sala IV”, asevera el estudio.
