Desde el mes pasado, las tareas de mantenimiento periódico y mantenimiento rutinario de carreteras en varias zonas del país se suspendieron por falta de liquidez en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), para pagar a las empresas contratistas.
Por esta razón, la junta directiva del Consejo acordó pedir ¢10.000 millones adicionales al Ministerio de Hacienda, para inyectar recursos a los contratos de conservación vial, según consta en el acta de la sesión realizada el pasado 10 de agosto.
“Entendiendo la estrechez fiscal, buscar los recursos, ya sea en otras instituciones que no estén ejecutando de manera, que sé yo, de manera ejecutiva, que no estén ejecutando de una manera expedita el presupuesto asignado a cada una de las instituciones”, justificó el director del Conavi, Mauricio Batalla, en la sesión de aquel día.
La solicitud planteada por Batalla se dio dos días después de que el ministro de Hacienda Nogui Acosta advirtiera públicamente que no habría fondos adicionales para otorgar al Conavi.
Acosta sostuvo el 8 de agosto a este diario que era necesario revisar el presupuesto al interno del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), para determinar si había posibilidad de realizar movimientos de partidas subejecutadas.
En la sesión del 10 de agosto, además de autorizar a Batalla para presentar esa solicitud, los miembros del consejo acordaron modificar varias líneas del presupuesto del Conavi para disponer de otros ¢5.200 millones destinados a la conservación vial y ¢2.300 millones para los administradores viales, que son las empresas que verifican la calidad de las labores de mantenimiento contratadas.
Desde finales de julio, la Gerencia de Conservación del Consejo emitió órdenes de suspensión a empresas con contratos activos en las 22 zonas en las que se divide el país para la gestión de las rutas nacionales.
Esta medida implica la interrupción de actividades como rehabilitación de pavimentos, mantenimiento de puentes y atención de sistemas de drenaje pluvial, incluyendo cunetas y alcantarillas.
De acuerdo con las órdenes emitidas, las labores de mantenimiento rutinario y periódico no se llevarán a cabo durante los próximos seis meses en la red vial nacional. Es decir, que durante la estación lluviosa no habrá mantenimiento.
Batalla aseguró a La Nación a inicios de mes, que se estaba reservando alrededor del 5% de los contratos que aún tenían fondos, a fin de resguardar algunos recursos para eventuales emergencias durante el invierno.
Los contratos que fueron adjudicados en el primer cuatrimestre de este año representaban una inversión de ¢37.000 millones que se debían invertir en dos años.
El presupuesto asignado al Conavi para las tareas de conservación durante el 2023 fue de ¢53.000 millones, monto que de acuerdo con la Gerencia de Conservación, se encontraba “considerablemente por debajo de los compromisos contractuales”, debido a que con esos fondos también se tuvo que atender facturas correspondientes a trabajos realizados para atender imprevisibilidades ocurridas durante la estación lluviosa del año anterior.