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El Concejo Municipal de San José rechazó discutir este martes la moción que buscaba suspender el salario de ¢5,7 millones al alcalde Johnny Araya Monge, quien fue suspendido de su cargo mientras continúa la investigación por supuestos actos de corrupción con obras viales en el llamado Caso Diamante.
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Aunque se votó la dispensa del trámite de la moción, únicamente tres regidores la respaldaron y se necesitaban siete votos para que avanzara. El concejal Diego Miranda, impulsor de la propuesta, dijo a La Nación que el documento quedó en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad para ser conocido la otra semana.
Votaron en contra de la dispensa los regidores Lennin Barrantes, Patricia Marín, Reina Acevedo y Ulises Cano, de Liberación Nacional; José Martín Zamora de Alianza por San José, Fernando Jiménez del Republicano Social Cristiano, Donald Leiva de la Unidad Social Cristiana y Jorge Monge independiente.
Solamente votaron a favor de la moción Diego Miranda del partido Juntos, Andrea Rudín de Acción Ciudadana y Tatiana Bonilla de Nueva República.
“Se evitó discutir la moción y se evitó leer un oficio que entró hoy (martes) de la Contraloría General de la República que ratifica que se debe suspender el salario al alcalde si la medida cautelar queda en firme”, declaró el regidor.
El oficio de la Contraloría General de la República (CGR) al que hacer referencia Miranda fue enviado este martes a los gobiernos locales de San José, Alajuela, Cartago, Escazú, San Carlos, Osa y Golfito, cuyos alcaldes forman parte de la investigación por el Caso Diamante. En el comunicado, la CGR advierte que es improcedente continuar con el pago de salarios a los alcaldes en caso de ser suspendidos de sus cargos.
“Hago un llamado personal a los candidatos presidenciales de los partidos cuyos regidores están negándose a conocer y a votar la moción, los llamo a que ejerzan su liderazgo si realmente lo tienen para que se voten tanto esta moción como la del plebiscito para preguntarle a la población de San José si desea que se revoque el mandato de la actual fórmula de la alcaldía”, añadió Miranda.
En este momento, el Tribunal Penal resuelve apelaciones contra las medidas cautelares dictadas por el Juzgado, el 19 de noviembre.
Araya figura en el caso junto con otros cinco alcaldes: Humberto Soto, de Alajuela; Alfredo Córdoba, de San Carlos; Mario Redondo, de Cartago; Arnoldo Barahona, de Escazú y Alberto Cole, de Osa. Todos ellos fueron detenidos el 15 de noviembre, por eventuales irregularidades en las contrataciones con la constructora MECO.
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La noche del lunes, Córdoba comunicó al Concejo sancarleño que voluntariamente renunciaba al salario durante el tiempo que se prolongue la suspensión del cargo dictada por orden judicial, que por el momento son seis meses.
