EscucharEl Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) presentó una denuncia ante la Fiscalía, luego de que la Contraloría Universitaria les entregara un oficio en el que se narran supuestas irregularidades con respecto a la construcción de, al menos, cuatro edificios de la UCR.
Así lo expuso William Méndez Garita, representante de colegios profesionales en el Consejo de la UCR.
“Le solicité al consejo universitario que acordáramos presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República y así se ha hecho. No vamos a encubrir a nadie”, dijo Méndez en un breve video. La solicitud fue votada de manera unánime por los 11 miembros del órgano universitario durante la sesión del martes 18 de marzo.
“En atención a la preocupación que nos deja el informe correspondiente que nos envía la oficina de contraloría universitaria en el oficio 167 del 2025 y además en atención a nuestro deber y al control que debemos ejercer y que se ejerce sobre nosotros funcionarios, funcionarias universitarias y la comunidad estudiantil, tomamos estas acciones legales”, comentó Ilka Treminio, otra integrante del Consejo.
La Nación contactó al integrante del consejo para conocer más detalles sobre la denuncia; sin embargo, mencionó que lo que podría referir es lo expresado en la grabación.
Según supo este diario, los documentos están bajo reserva. Por ello, se hizo su solicitud a Glenn Sittenfeld, contralor de la UCR y se espera su respuesta.
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El caso del Ciclotrón
La denuncia presentada por el Consejo se da semanas después de que dos funcionarios de la Universidad de Costa Rica fueron detenidos como resultado de allanamientos relacionados con una investigación por el delito de falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados.
En esa ocasión, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción ordenó la captura de un hombre de apellidos Cotter Murillo y una mujer apellidada Soto Retana. Ambos, destacados en la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones de la UCR, informó La Nación el 5 de febrero.
Las detenciones y allanamientos se relacionan con hechos que habrían ocurrido entre 2017 y 2020, cuando los detenidos supervisaron y aprobaron la infraestructura del Laboratorio Ciclotrón PET/CT, aparentemente, sin una inspección adecuada.
