EscucharTres informes de la Contraloría General de la República piden investigar a cinco exdirectivos de Aviación Civil y al regulador general, Hermann Hess, por las tarifas excesivas aprobadas en el aeropuerto Juan Santamaría.
Esto, porque en dichas tarifas se le reconocieron a Alterra Partners, empresa encargada de la terminal, gastos extras por $21,6 millones (¢8.381 millones).
Por ello, la Contraloría valora inhabilitar para ejercer cargos públicos a los cinco exdirectivos del Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC) que avalaron los cobros. Entre ellos está el exviceministro del MOPT, Eliécer Feinzaig (del gobierno anterior).
Además, pidió al presidente Abel Pacheco y a sus ministros investigar y, si es del caso sancionar al regulador general.
Los usuarios del Juan Santamaría pagan más de lo debido porque el gobierno pasado aceptó traspasarle a las tarifas $5,9 millones de los $21,6 millones que Alterra alegó, aunque no estaban establecidos en el contrato del aeropuerto.
Esto fue para el período mayo 2002-mayo 2003.
Las tarifas cuestionadas las propuso Alterra y las recomendó el Órgano Fiscalizador del aeropuerto (oficina responsable de vigilar el contrato), pero el CTAC y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) las avalaron.
Deficiente revisión
A juicio de la Contraloría, el CTAC lo hizo con un “débil y deficiente examen” de los montos, y el regulador Hess y la Aresep sin verificar la “razonabilidad y confiabilidad de la información”.
Lo dicen los informes de la Contraloría. Uno de ellos fue enviado al Consejo de Gobierno para que dicte en las próximas dos semanas si indaga al regulador.
Ese ya lo tiene el ministro de Transportes, Javier Chaves, quien confirmó que deberá hacer una recomendación al Presidente y los ministros.
Los otros dos informes están en una oficina interna de la Contraloría.
Allí se investigará a los exdirectivos de Aviación y, además, a tres funcionarios de la Dirección de Aguas, Saneamiento y Transportes de la Aresep, que recomendaron a Hess avalar las tarifas.
El Consejo de Aviación aprobó las tarifas aeronáuticas el 26 de abril del 2001 y las no aeronáuticas el 3 de mayo, cinco días antes de terminar el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez.
Las primeras las envió a la Aresep y Hess las aprobó a los ocho días de haber entrado, el 26 de julio. .
Consultado al respecto, el regulador respondió que no tenía opinión porque desconoce el informe de la Contraloría.
Agregó que estaba recién llegado a la Aresep cuando aprobó las tarifas.
Pero anunció que el martes pasado ordenó una investigación interna para esclarecer los hechos.
Por su parte, el exviceministro Feinzaig adujo que el Consejo de Aviación votó basado en los criterios técnicos (del Órgano Fiscalizador).
“Me parece injusto que se vayan contra la cabeza de uno cuando todos sabemos que en el sector público, a la hora de votar, hay un criterio técnico y, si la junta no lo quiere, debe tener un criterio alternativo que no teníamos.
“Es muy claro que el CTAC siempre hizo lo que los técnicos le recomendaron”, dijo Feinzaig.
En esto coincidieron plenamente otros tres exdirectivos consultados por La Nación: Ricardo Madrigal, Carlos Manuel Fernández y Mario Rodríguez. No fue posible hablar con Eduardo Ulloa.
“Nadie me va a decir que actuamos con dolo o por favorecer al gestor”, aseveró Rodríguez.
Madrigal no aprobó las tarifas no aeronáuticas pues no estuvo en la sesión.
