EscucharEl futuro de la última de las 10 polémicas adjudicaciones otorgadas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para el manejo de 138 Ebáis seguirá en el aire, al menos hasta el 17 de octubre. Se trata de la contratación de servicios administrativos y médicos para los pacientes del Área de Salud San Francisco-San Antonio, en San José.
La Junta Directiva de la CCSS había adjudicado la operación de esa área de salud a la Cooperativa Cogestionaria de Salud de Santa Ana (Coopesana) por ¢31.310 millones por un periodo de diez años. Sin embargo, la decisión fue apelada por Psicomed S. A., desde el 30 de julio.
El principal argumento es que existen criterios técnicos que señalan precios excesivos en esa y otras ofertas presentadas ante la Administración para la operación de diez áreas de salud en la Gran Área Metropolitana.
La Contraloría General de la República debía resolver la apelación de Psicomed S. A. este jueves 3 de octubre, pero extendió el plazo debido a la “complejidad” del caso.
Según los documentos en el Sistema Integrado de Compras Públicos (Sicop), la oferta de Psicomed S. A. fue por ¢28.992 millones, es decir, ¢2.318 millones menos que Coopesana. A pesar de eso, la CCSS descalificó a Psicomed por razones “administrativas” y adjudicó a la Cooperativa.
“(...) Los señalamientos hechos por la Administración no tienen asidero alguno porque no existe ningún incumplimiento en nuestra oferta en cuanto al personal requerido y necesario para la prestación de los servicios de atención primaria en salud”, declaró la compañía ante la Contraloría.
Adjudicación de CCSS bajo investigación
En total, la Junta Directiva adjudicó diez áreas de Salud a cuatro cooperativas y una asociación médica por ¢471.000 millones. De las diez contrataciones, nueve están en firme, según confirmó la Contraloría días atrás.
Sin embargo, el pasado 23 de setiembre trascendió que la Fiscalía investiga el proceso. La sospecha es que los integrantes de la Junta Directiva de la CCSS ignoraron los informes que señalaban precios excesivos y avanzaron con la adjudicación, causándole un perjuicio a la Seguridad Social por un aparente sobreprecio de ¢12.400 millones por año.
Como parte de la investigación, denominada Caso Barrenador, el Ministerio Público realizó 28 allanamientos en oficinas de la CCSS y viviendas de directivos, exdirectivos y varios funcionarios, a los que sigue causa por los delitos de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública. Entre las casas allanadas está la de Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la CCSS.
En la actualidad, Esquivel y siete imputados más, entre los que también está la gerente general interina, esperan que el Juzgado Penal de Hacienda resuelva medidas cautelares en su contra. El Ministerio Público solicitó la suspensión de los imputados por seis meses mientras avanza la investigación, así como la prohibición de salir del país y la presentación a firmar al Juzgado.
Este jueves 3 de octubre, la jerarca de la CCSS canceló a última hora una sesión de Junta Directiva para no “entorpecer” el proceso judicial. En esa reunión se pretendía analizar, entre otros temas, la continuidad de un fideicomiso para la ejecución de obras de infraestructura.
El detalle de las adjudicaciones
El Sistema Integrado de Compras Públicas refleja que la CCSS adjudicó las 10 áreas de salud que atienden a 600.000 asegurados, aproximadamente por ¢471.000 millones a cinco entidades: Asemeco; Cooperativa Autogestionaria de Servicios Integrales de Salud (Coopesalud); Cooperativa Autogestionaria de Servidores para la Salud (Coopesaín); Cooperativa Cogestionaria de Salud de Santa Ana (Coopesana) y Cooperativa de Autogestión de Servicios Integrados de Salud de Barva (Coopesiba).
A Asemeco le entregó las áreas de salud de La Carpio-Leon XIII y San Sebastián-Paso Ancho por ¢45.740 millones y ¢39.237 millones, respectivamente, durante esos 10 años.
A la Cooperativa Autogestionaria de Servicios Integrales de Salud le adjudicó las áreas de salud de Pavas por ¢78.290 millones y Desamparados 2 por ¢65.228 millones.
A la Cooperativa Autogestionaria de Servidores para la Salud le otorgó el área de salud de Tibás por ¢39.558 millones durante una década.
A la Cooperativa Cogestionaria de Salud de Santa Ana le adjudicó las áreas de salud de Escazú, Santa Ana y San Francisco-San Antonio por ¢50.269 millones, ¢49.014 millones y ¢31.310 millones, respectivamente.
Por último, a la Cooperativa de Autogestión de Servicios Integrados de Salud de Barva le adjudicó las áreas de salud de Barva y San Pablo, en Heredia, por ¢28.802 millones y ¢43.710 millones, respectivamente.
En todos los casos, los contratistas ya depositaron las garantías de cumplimiento. En total, la CCSS recibió depósitos vinculados a ese requerimiento legal por ¢2.118 millones.
Lá única que no está en firme es. precisamente, la adjudicación a Coopesana del Área de Salud San Francisco-San Antonio.
LEA MÁS: ¿Cómo borraron 300 correos de un imputado en caso de cooperativas?
