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Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se oponen al tope de ¢4,7 millones propuesto por los diputados para las pensiones del Poder Judicial, así como el porcentaje de contribución solidaria sobre las jubilaciones que sobrepasen ese monto.
Así lo explicó la mañana de este martes la presidenta de la Corte, la magistrada Zarela Villanueva, en una audiencia con los miembros de la Comisión Especial de Pensiones de la Asamblea Legislativa.
Los cuestionamientos que presentó la magistrada se refieren a la propuesta que contiene el proyecto de ley 19.922, donde se incluye un capítulo con reformas al Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial.
En cuanto al tope, los magistrados defienden su propia propuesta, o sea, un 75% del salario más alto pagado por ese poder. En ese caso, el tope de las pensiones sería de ¢7 millones.
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Sin embargo, la propuesta que tramitan los legisladores es la de imponer un tope de 12 veces el salario más bajo pagado por el Poder Judicial (o sea, 12 veces el salario de ¢394.600), por lo que el techo sería de ¢4.735.200.
De hecho, ese techo es el aceptado por los gremios de trabajadores judiciales, según ellos mismos se lo presentaron a los diputados que impulsan cambios en el régimen jubilatorio de ese poder.
En cuanto al aporte solidario, que actualmente está —según dijo Villanueva— en un 11%, la iniciativa legal quiere dejar abierta la puerta para una contribución de hasta un 50% del monto que sobrepase el tope.
Así, si una pensión llega a los ¢5,5 millones, por ejemplo, tendría que contribuir solidariamente con el fondo jubilatorio con la mitad de ¢700.000, o sea, hasta con ¢350.000.
La magistrada presidenta de la Corte Suprema considera, incluso, que esa contribución solidaria es confiscatoria, aunque el oficialista Franklin Corella repuso que la normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) avala contribuciones hasta de un 55%.
"Este aporte solidario no puede sobrepasar un 20%, considerando el 11% ya aportado, ya que, de lo contrario, la totalidad de las deducciones atentarían contra la normativa internacional y constitucional establecida en esta materia", dijo Villanueva a los congresistas.
Además de lo dicho, la Corte se opone a la creación de un nuevo órgano, llamado Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, y también se pronunció en contra de la creación de un aporte a los salarios y pensiones para el pago de las dietas de esa junta.
Según la Corte, el artículo 227 propuesto por el expediente 19.922 afectaría a una serie de empleados que no han hecho carrera judicial, pues se les niega la posibilidad de jubilarse dentro del régimen judicial a los que terminan sus periodos laborales fijos (como los de ocho años de los magistrados, o los de confianza).
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"No son privilegios".
La presidenta de la Corte, molesta ante una consulta del diputado Corella, rechazó que las pensiones de los trabajadores del Poder Judicial sean "de privilegio", aunque el monto más alto pagado sea de pagos mensuales por ¢9 millones.
"Estoy seguro que la pensión más alta cotizaba más de ¢1.000.000 al mes. No podemos hablar de privilegios ni satanizar un régimen que está basado en un aporte y le significa a cualquier persona cuatro meses más que irse a trabajar afuera", dijo la magistrada.
Aseguró también que los 12.800 funcionarios judiciales aportan cinco veces más que en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
"Participamos de su preocupación, pero nuestros trabajadores hacen un gran aporte para sostenerlo", apuntó Villanueva, para quien no siempre son aplicables las normas de la OIT, pues dijo que son revisables.
La magistrada regresará a la Comisión Especial sobre Pensiones este miércoles, para responder las preguntas que aún tiene pendientes la diputada liberacionista Sandra Piszk, una de las principales impulsoras de los recortes en gastos de salarios públicos y pensiones.
