Escuchar
Grupos criminales organizados convirtieron la zona minera de Crucitas, en Cutris de San Carlos, en una región donde, aparte de robarse el oro y plata de Costa Rica, evaden impuestos, talan bosques y trafican cianuro, mercurio, armamento pesado e incluso mano de obra de Nicaragua.
A 200 kilómetros de San José y a unos pocos del límite con Nicaragua, estas mafias también corrompen a funcionarios del Estado para que se hagan de la vista gorda, detalla un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El desborde de crímenes nace de una alianza entre coligalleros y “empresarios de la zona”, costarricenses, quienes contratan mano de obra ilegal nicaragüense que junto a los nacionales han conseguido un secuestro hasta ahora impecable de la riqueza natural allí.
La criminalidad extendida la precisa un reporte del 14 de mayo que el director del OIJ, Wálter Espinoza, envió a la Sala Constitucional ante una consulta de los magistrados en el trámite de un recurso de amparo bajo el expediente No. 19-011277-0007-CO.
El amparo lo presentó la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon) el 25 de junio del 2019. Su intención es obligar al Estado a erradicar el uso de mercurio en esa región por sus nefastos efectos ambientales contaminando suelos, fuentes de agua superficiales y mantos acuíferos.
Crucitas era manejada por la firma canadiense Industrias Infinito, la cual dejó el país en 2015 luego de un escándalo político y judicial y cuya actividad anuló el Tribunal Contencioso Administrativo.
Cuando la canadiense se fue, vendió la finca Vivoyet y desde entonces se inició el ingreso de los llamados coligalleros cuyas incursiones se dispararon a mitad de 2017.
Desde entonces, el secuestro de Crucitas ha sido perfeccionado primero por miles de coligalleros venidos principalmente de Nicaragua que empezaron a ingresar masivamente hasta evolucionar en una extendida operación de distintas bandas de crimen organizado, conforme el recuento de Espinoza a la Sala Constitucional.
La Nación consultó al ministro de Seguridad, Michael Soto, sobre el contenido del informe y si coincidía con los hallazgos de la Policia Judicial.
“No conozco el informe, nunca he conversado con Don Wálter sobre el tema”, se limitó a responder el ministro quien, en mayo de 2018, aseguró en una gira a la zona que aplicaría mano dura allí y buscaría un abordaje integral.
“Jugaremos al gato y al ratón, como le corresponde a Seguridad. Buscaremos, procesaremos y coordinaremos con Fiscalía las veces que sean necesarias”, prometió en aquel momento, cuando recorrió el área junto al ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez.
Precisamente, este miércoles, Rodríguez acudirá a responder ante el plenario legislativo sobre su gestión para frenar la minería ilegal en la zona norte, en particular en Crucitas y zonas aledañas.
Los diputados aprobaron la moción para llamar a cuentas a Rodríguez el 6 de agosto, con la intención de que pudiera responder antes de dejar el cargo, del 31 de este mes, para asumir la dirección del Fondo Mundial Ambiental, con sede en Washington, Estados Unidos.
Desborde de bandas criminales
“En la actualidad los coligalleros se han aliado a distintos empresarios de la zona quienes ahora contratan inmigrantes y con ayuda de maquinaria agrícola realizan extensos túneles para minería, causando además un daño irreparable al ecosistema con químicos y talando árboles necesarios para la realización de estos túneles”, indica el documento.
Apenas en febrero, el Ministerio de Seguridad Pública desalojó en Crucitas ocho cuarterías de coligalleros y selló cinco túneles en las que operaban los oreros ilegales.
El jerarca del OIJ confirmó la existencia de “amplios yacimientos de oro y plata” que explotan principalmente inmigrantes nicaragüenses, “quienes día a día incrementan la cantidad de minerales extraídos”.
Esto, agrega el informe, porque los métodos de extracción evolucionaron hacia nuevas técnicas para extraer mayor cantidad más rápidamente “vendiendo el oro y plata a los distintos grupos criminales encargados de exportar el producto hasta Estados Unidos”.
La actividad, al parecer, resultó muy lucrativa, pues el OIJ identificó un gran crecimiento en la demanda de cianuro y mercurio para extraer oro al punto de incautarse en un solo transporte 2,4 toneladas de cianuro y 1,4 kilogramos de mercurio, que provenían ilegalmente de Nicaragua.
“Para esto existen varios grupos de personas organizadas dedicadas al ingreso de estas sustancias a la zona, ya sea provenientes desde el país vecino del norte u obtenidas de forma irregular de distintas empresas costarricenses encargadas de vender de forma legal ciertos productos químicos”, indica Espinoza.
El director del OIJ añade que la utilización de mercurio y cianuro ha producido “gran contaminación en los ríos, nacientes y con esto la muerte de especies que habitaban en los mismos”.
Tan frenética es la actividad, que hay trata de personas para fines laborales y tráfico Ilícito de migrantes (nicaragüenses) quienes son trasladados por costarricenses usando sus vehículos desde distintas zonas fronterizas entre Costa Rica y Nicaragua.
Estos transportistas ticos les brindan campamentos rudimentarios conocidos como “champas”, donde les proveen hospedaje y alimentación, “todo esto para hacerlos trabajar en las fincas aledañas donde se extrae oro, una vez finalizada la extracción, el inmigrante se deja una parte del mineral como pago por la labor realizada, dejándose el transportista y dueño del albergue la otra parte”.
También ingresan una “cantidad importante de mujeres y niños los cuales también son explotados laboralmente”.
Corrupción
Espinoza recalcó que quienes transportan, alquilan cuartos y extraen los metales, todos realizan pagos a funcionarios públicos para mantener su actividad ilícita “sin ningún inconveniente, dejando así evidente la comisión del delito de corrupción a funcionario público”.
“Como en toda actividad ilegal donde las ganancias son muy grandes”, agrega Espinoza, se ha determinado el uso de armas de fuego prohibidas y sin permiso alguno de quienes la portan que son ingresadas desde Nicaragua; incluidas granadas de fragmentación y municiones para rifles de asalto tipo AK-47.
El director del OIJ también añadió en el informe a la Sala una explicación de cómo sacan el oro de país estos grupos.
Se trata de organizaciones estructuradas y definidas que utilizan como distracción adquirir oro en subastas y compraventas de artículos para luego transportar esas compras hasta Estados Unidos y venderlo allí.
Sin embargo el OIJ concluye que las cantidades obtenidas en estos negocios son insuficiente para la cantidad que sale de Costa Rica, por lo cual estas organizaciones para aumentar la cantidad de oro exportado compran este en distintos lugares donde se extraen oro ilegalmente, como Crucitas, Abangares y Corcovado.
“Para lograr estas exportaciones se comenten otra serie de delitos como la corrupción de funcionarios públicos, la legitimación de capitales, evasión de impuestos”, indica Espinoza quien explica que esos delitos son necesarios para estas organizaciones que logran sumas anuales de unos $25 millones de la exportación de una tonelada de oro.
