EscucharCon la queja de que se le impidió conocer las supuestas evidencias que existen en contra del detenido juez penal de San José, Álvaro Jiménez Acuña, su abogado codefensor, Niels Clausen, interpuso ayer por la tarde un recurso de hábeas corpus ante la Sala Constitucional.
En la gestión se reclama además que hasta ayer ni la fiscalía de Pavas ni el Juzgado Penal contaban con alguna prueba en contra de Jiménez, por presunta relación con el narcotráfico internacional.
El trámite, confirmado por el propio Clausen, se realizó al tiempo que oficiales de la policía judicial trasladaron al detenido hacia la Sétima Comisaría, en el distrito josefino de Hatillo, por motivos de seguridad, aseguraron.
En tanto, los jueces penales de San José nombraron ayer como sustituto de Jiménez, en el cargo de coordinador, al juez Ewald Acuña Blanco. Asimismo, en ese poder de la República, el presidente interino, Rodrigo Montenegro Trejos, ofreció ayer una conferencia de prensa en la que cuestionó la posibilidad de que una comisión legislativa investigue lo ocurrido por la detención del letrado.
El juez permanece detenido desde el lunes, luego de que una investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lo vinculó con una supuesta banda dedicada al tráfico internacional de drogas. Otros detenidos fueron el colombiano Sergio Arboleda Agudelo, el francés Phillip Anselmo, dos canadienses de apellidos Renuld y Baissonnealt y el tico José Joaquín Gallardo.
Grave daño
Según el texto del recurso de hábeas corpus, presentado ayer a las1:42 p. m., al imputado se le violó el debido proceso y el derecho de defensa, pues se le negó e impidió el conocimiento de las supuestas evidencias que existen en su contra en el momento de su declaración.
También sostiene que los motivos del reclamo son sumamente graves y dañan al Poder Judicial. "Quienes desprestigian al Poder Judicial no guardan respeto para la libertad de un ser humano ni para la sana administración de la justicia" y agrega: "la prensa nacional está siendo burlada y los señores magistrados están en el deber de investigar quiénes han sido los `informadores' de los honorables periodistas de buena fe".
Para Clausen, las irregularidades convierten en nula la declaración brindada por Jiménez y, por ende, también invalidan la prisión preventiva de cinco meses impuesta al juez Jiménez.
Hasta ayer había dos gestiones presentadas a favor del detenido; el recurso citado y una apelación a la medida cautelar.
"Un poco peligrosa"
Mientras el caso sigue repercutido en las esferas del Poder Judicial, el magistrado Rodrigo Montenegro enfatizó en que internamente se llevan a cabo ya dos investigaciones -la penal y la administrativa-. Por tanto, consideró "un poco peligrosa" la posibilidad de que una comisión legislativa indague el asunto.
"Me parece un poco peligroso que de afuera se haga una investigación y que imperen criterios políticos porque aquí en el Poder Judicial ha habido una gran neutralidad", sostuvo Montenegro, quien sustituye en el cargo a Édgar Cervantes, quien tiene problemas de salud.
Sin embargo, aclaró que no puede evitar que una comisión investigue, pero insistió en que no es conveniente. "La autonomía del Poder Judicial nos faculta a nosotros, los magistrados, a nombrar una comisión para que indaguemos. Siempre hemos estado dispuestos a hacer una investigación sobre cualquier suceso e invitar a abogados, para que se vea la objetividad", dijo.
Cuestionado sobre la posibilidad de que exista una penetración del narcotráfico en la Corte, respondió que ello es "algo sutil", pues por ahora lo que se tiene es una sospecha de que un juez pueda estar vinculado con un delito de esa naturaleza. "Un hecho como este nos alerta sobre la necesidad de ser todavía más rigurosos en cuanto al control de la labor de los jueces, excepto en su soberanía. Si hay algo que esté mal vamos a investigarlo y en ese caso llegaremos hasta donde sea para conocer la verdad de los hechos".
