Escuchar
A un día de que los diputados discutan, en segundo debate, el proyecto de ley para garantizar puestos de elección en los partidos a las mujeres, la Defensoría de los Habitantes les envió una petición a los legisladores, para que no sepulten dicha iniciativa legal.
La probabilidad de que el proyecto de ley se archive es muy alta, pues requiere de 38 votos para ser aprobado, puesto que impone restricciones a los partidos para cobrar la deuda política si se incumple con las obligaciones sobre paridad de género.
En su primer debate, solamente tuvo el apoyo de 22 legisladores y recibió 16 votos en contra. Además, es poco probable que haya más parlamentarios a la hora de la votación, este jueves.
LEA: Proyecto obligaría a partidos a garantizar presencia de mujeres en puestos de elección
La única posibilidad a la que aspiran las principales impulsoras de la iniciativa, entre ellas Emilia Molina, del PAC, y Maureen Clarke, del PLN, es que varios de los que votaron en contra, cambien de criterio.
La Defensoría considera que es necesaria la reforma al Código Electoral para que "que Costa Rica cumpla con la normativa internacional en materia de derechos humanos de las mujeres que se ha suscrito, así como con el compromiso de incluirla dentro de nuestro ordenamiento jurídico".
La manera de asegurar la asignación de puestos a mujeres en las papeletas a puestos de elección popular es obligar a los partidos políticos, por vía de ley, a que presenten esas papeletas de forma paritaria horizontal o vertical, de forma que si en una provincia como San José encabeza una mujer, la segunda persona en la lista debe ser hombre, la tercera mujer y así; además, si una provincia comienza con mujer, la siguiente debe empezar con hombre.
De esa forma, cuatro papeletas estarían encabezadas por candidatos de un género y las tres restantes, con el género contrario.
La iniciativa también obliga a los partidos a destinar parte de sus ingresos por contribución estatal a financiar programas de una secretaría de género obligatoria en la agrupación política.
La modificación legal obligaría a las agrupaciones a desarrollar una política interna de igualdad y equidad de género, que será vigilada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE); además, los partidos quedan obligados a presentar informes de cumplimiento de esa normativa, incluyendo el funcionamiento de la secretaría de igualdad y equidad.
Si un partido incumple con estas obligaciones, no podría cobrar la parte de la contribución estatal que corresponde a gastos de capacitación. Esa es la razón por la que se requieren los 38 votos, pues la Constitución Política establece que, para imponer restricciones al cobro de la deuda política, son necesarios los votos de dos tercios de los legisladores.
"La Sala Constitucional y el Tribunal Supremo de Elecciones han ratificado en sus pronunciamientos la importancia de garantizar con acciones tangibles y medibles el derecho humano fundamental a la igualdad, establecido en nuestra Constitución Política y han coincidido en que no basta con hacer normas sino que el objetivo de éstas es la obtención del resultado previsto", dice la Defensoría en un comunicado de prensa.
"La Defensoría considera que la medida afirmativa planteada en el proyecto permitirá la aplicación del principio de paridad vertical y horizontal y la posibilidad de contar con una política de género en los partidos políticos", añade el órgano defensor de los habitantes.
La presión de la Defensoría llega en momentos en que han recrudecido los discursos a favor y en contra de las iniciativas, con legisladores "municipalistas" principalmente opuestos a la reforma del Código Electoral, pues alegan –entre ellos Rosibel Ramos, del PUSC– que ese plan impedirá la posibilidad de que alcaldes que hacen un buen trabajo no puedan aspirar a seguir.
A consulta en Sala IV
Precisamente, por la alta probabilidad de que el segundo debate signifique el entierro de la iniciativa legal, varias legisladoras –incluso promotoras del proyecto– preparan una consulta facultativa ante la Sala Constitucional, para que esta responda si es efectivamente cierto que se requieren dos tercios del pleno legislativo para aprobar el plan.
Quien lidera ese proceso y la recogida de las diez firmas necesarias para llevar la consulta a Sala IV es la independiente Carmen Quesada, ya con los apoyos necesarios para hacer la pregunta.
Ese proceso ante los magistrados serviría, además, para darle más tiempo a los impulsores del proyecto para hacer números e intentar, en días próximos, que la conformación del plenario pueda facilitar de alguna forma la aprobación definitiva.
El lunes 19, día en que se aprobó en primer debate, el proyecto recibió votos negativos de 16 legisladores, repartidos así: 8 de los 12 liberacionistas presentes votaron no, más seis socialcristianos y dos libertarios.
A favor estuvieron oficialistas, frenteamplistas, cuatro liberacionistas, evangélicos e independientes.
