EscucharSus casas corren el riesgo de desplomarse pues, año con año, la lluvia se ha encargado de carcomer las bases de las viviendas.
No obstante sus propietarios se niegan a abandonar sus moradas pues no cuentan con el dinero suficiente para buscar otro sitio en donde asentarse.
Este es el caso de 18 familias que habitan 7 viviendas ubicadas en el sector AU del proyecto urbanístico La Capri, en San Miguel de Desamparados, específicamente en la margen derecha del río Jorco.
Tanto el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) como la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) reconocen el riesgo de una eventual tragedia en la zona, pero a su vez admiten que aún no se vislumbra una solución de corto plazo para las familias afectadas.
Un estudio efectuado en marzo de 1996 por Julio Eduardo Madrigal, geólogo de la CNE, determinó que por efecto de las lluvias -originadas en setiembre de 1995-, se provocó un deslizamiento importante en la zona que afectó los patios de varias casas e inclusive dañó las tapias y algunos sectores del cuarto de pilas de dos viviendas.
Los daños se han incrementado, y ello mantiene en constante zozobra a los habitantes del lugar, tal y como lo corroboró un equipo de La Nación que visitó el lugar el jueves por la mañana.
"Durante el invierno uno no duerme tranquilo; sabemos que en cualquier momento, sin el más mínimo aviso, nuestra casa se puede ir cuesta abajo", expresó angustiada Ligia Céspedes, quien tiene seis años de vivir en La Capri, en compañía de su esposo y sus siete hijos.
Similar preocupación manifestó Deyanira Espinoza, madre de cinco hijos, cuyo patio se ha ido desmoronando con el pasar de los años. "En varias oportunidades les hemos pedido ayuda al INVU y a la CNE, pero hasta la fecha nadie nos ha brindado apoyo".
Solo si es emergencia
Sigurd Koberg Van Paten, presidente ejecutivo de la CNE, dijo que su representada está en amplia disposición de actuar. No obstante, indicó que la ley constitutiva de la institución le impide implementar una labor de prevención y mitigación en la zona, hasta tanto el Poder Ejecutivo declare el caso como una situación de emergencia.
"La semana pasada tuvimos una audiencia con la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa y planteamos nuevamente la necesidad de aprobar un proyecto de ley que nos autorice actuar en este tipo de circunstancias. Esa petición se mantiene en estudio", agregó Koberg.
Por su parte Alexánder Salas Araya, presidente ejecutivo del INVU, informó de que su representada no cuenta con suficientes recursos para solucionar el problema en forma inmediata.
Sin embargo, recalcó que en estos momentos se está evaluando la posibilidad de reubicar a las familias en lotes aledaños o bien de tramitarles un bono a través del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI). También, a través de la CNE estamos gestionando la posibilidad de disponer de recursos extraordinarios para que se ejecute una acción preventiva inmediata.
