EscucharA pesar de ocupar el tercer lugar en lo que a fuerza electoral corresponde (106.121 electores), sus vecinos se sienten desamparados por la clase política y hoy deman- dan la declaratoria de emergencia para la comunidad.
La fuertes lluvias de los días 9 y 14 de setiembre, así como las del 8 de este mes dañaron las casas de más de 500 familias y obligaron a cerrar el colegio vocacional Monseñor Sanabria, en Desamparados. Esto sumado a los actos de violencia como fue el asesinato de dos mujeres el pasado 3 de julio en su residencia, han hecho que los desamparadeños pidan la ayuda del Estado.
Por aclamación, el Concejo y los vecinos del cantón están tratando de convencer por todos los medios al presidente Miguel Angel Rodríguez de que firme el decreto de emergencia.
No todo ha sido en vano, la Presidencia de la República -según consta en La Gaceta de hoy- acordó: "Designar a la Comisión Nacional de Emergencia como organismo del planeamiento, dirección y control de programas y actividades de protección, salvamento, rehabilitación y reconstrucción de zonas afectadas por fenómenos causados por la naturaleza, para que convoque y coordine a las dependencias públicas que esti- me convenientes para que tomen las medidas necesarias con la finalidad de brindar la ayuda que requiera el cantón de Desamparados".
El alcalde desamparadeño, Oscar Núñez, dijo que se continuará luchando hasta lograr la consabida declaratoria. "Lo que sí es un hecho es que se tomó la decisión irrevocable de no autorizar la construcción de más urbanizaciones", recalcó.
Con esto también estuvieron de acuerdo el diputado liberacionista Daniel Gallardo y su homólogo socialcristiano Eliseo Vargas. Ambos sostuvieron que mientras no se resuelvan las condiciones habitacionales de quienes ya viven en el cantón, sería irresponsable autorizar más asentamientos.
No solo inundaciones
Pero los daños ocasionados por el temporal no se limitan a las viviendas. El menú de preocupaciones de los desamparadeños se compone de:
Varios kilómetros de red vial deteriorada o destruida por derrumbes.
Centros educativos en precario estado, obligados a cubrir tres turnos diarios para cumplir con el aumento en el número de estudiantes.
La clínica Marcial Fallas no tiene capacidad de atender las 24 horas.
Ausencia de conectores para aguas negras y alcantarillado.
Insuficientes efectivos de policía.
En este momento, la Municipalidad cuenta con un presupuesto para este año de ¢470 millones, de los cuales ¢260 millones se van solo en pago de recolección de basura y limpieza de calles.
Y, por si fuera poco, el 70 por ciento de los desamparadeños declaran que sus casas son de interés social para no pagar bienes inmuebles, y del 30 por ciento restante, un 68 por ciento está moroso. "Esto hace imposible que podamos atender las necesidades", enfatizó el alcalde.
A raíz de la situación, los parlamentarios José Manuel Núñez, Célimo Guido y José Merino, del Partido Fuerza Democrática, se solidarizaron con la solicitud del decreto de emergencia. "La gravedad de los daños y la cantidad de personas afectadas justifican la petición", dice el comunicado enviado por los legisladores.
Siempre con miras a la declaratoria, el jueves pasado los colegiales efectuaron una marcha hasta la Casa Presidencial, donde conversaron con el viceministro de la Presidencia, Rogelio Ramos, y hoy -a las 9 a. m.- habrá otra concentración en el parque central de Desamparados.
Un logro evidente se alcanzó en materia de seguridad pues, a fin de dar un mejor servicio a la población, el Ministerio de Seguridad Pública elevó a rango de comisaría la actual delegación cantonal. Esto implica un aumento paulatino en los recursos humanos y materiales para su funcionamiento.
