Si el próximo Gobierno despide a los dos gerentes nombrados por la junta directiva de Recope por los próximos seis años, podría enfrentar un litigio judicial e incluso el pago de una indemnización que ascendería a unos ¢236,5 millones.
Este monto se duplicaría si los directivos designan por el mismo período a los encargados de las gerencias de Refinación, Jorge Blanco, y de Mercadeo y Distribución, Wílliam Ulate.
Los dos funcionarios ya nombrados comienzan su gestión con un salario de ¢1.765.015 mensuales. El monto del sueldo fue fijado por la Autoridad Presupuestaria y, según la Refinadora, "es uno de los más bajos dentro del sector público para esta categoría".
Si los jerarcas que llegarán a Recope con el nuevo Gobierno deciden despedirlos, tendrían que indemnizarlos por un monto equivalente a los salarios que habrían recibido hasta diciembre del 2011.
Asumiendo que el despido se ejecute a finales de mayo, tendrían que cancelarles el sueldo de 67 meses. Esto representa a hoy - sin contemplar futuros ajustes por inflación-, ¢118.256.005 para cada uno.
En total, serían unos ¢236,5 millones.
Con ese dinero la Refinadora podría comprar un millón de litros de diésel o 999.478 litros de gasolina.
Los montos citados corresponden únicamente a una estimación de salarios que no percibirían esos funcionarios.
La abogada laboralista Adriana Carro explicó que el monto podría variar si se toman en consideración cualesquiera de los otros beneficios pactados con los funcionarios.
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