EscucharUn conflicto interno en el Banco Internacional de Costa Rica S. A. (BICSA) puso al descubierto una operación financiera por medio de la cual Coopemontecillos, empresa ganadera a la que estuvieron ligados miembros del anterior gobierno, transfirió varios millones de dólares en deudas morosas de bancos privados al Banco Nacional.
La operación ocurrió en 1998, durante los primeros seis meses de gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, cuando la cooperativa obtuvo también una refinanciación en BICSA, banco del cual el Nacional es socio mayoritario.
En ese momento Coopemontecillos pasaba por una situación económica definida por su gerente de la época, Littleton Bolton, como "asfixiante". El préstamo y la refinanciación sumaron en total $11,4 millones (¢4.138 millones al tipo de cambio actual). Más de la mitad del dinero se usó para cancelar deudas de la cooperativa con bancos privados.
El mismo año (1998), las autoridades de Coopemontecillos optaron por no habilitar para el cobro un pagaré de poco más de $1 millón, que el entonces presidente Rodríguez había firmado a favor de la empresa en 1995.
Obligaciones compartidas
El pagaré era parte de las obligaciones asumidas por los representantes de tres firmas ganaderas y procesadoras de carne que, también en 1995, se habían asociado para establecer el consorcio Fogasa.
Se trataba de Coopemontecillos, Ganadera Industrial S. A. (GISA), de la que Rodríguez era parte, y Empacadora Costarricense de Carne S. A. (ECCSA), vinculada a los empresarios Tomás Batalla Esquivel y Carlos Monestel Malavassi.
Fogasa fue liquidada en agosto de 1998, en medio de serios problemas económicos.
Hace tres meses, la trama de estas operaciones retomó vigencia cuando la auditora corporativa de BICSA, Sonia Valverde Calderón, denunció ante la Contraloría General de la República (CGR) haber recibido "fuertes presiones" de la Junta Directiva del banco en contra de su labor de auditoría, por manifestar sus discrepancias sobre el manejo de esa deuda ( vea Fuertes presiones ).
A raíz de esta denuncia, la Contraloría está realizando una investigación en BICSA y solicitó, además, a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) que también investigue para sentar eventuales responsabilidades y valorar el riesgo que esas operaciones podrían tener en los bancos del Estado.
Consultado telefónicamente, el expresidente Rodríguez dijo no tener comentarios que realizar sobre estas operaciones financieras, y aclaró que nunca realizó gestiones a favor de Coopemontecillos con el BNCR.
Otros miembros de su gobierno que estuvieron relacionados con Coopemontecillos fueron Gerardo Rudín Arias, quien ocupó la gerencia general hasta el año 1997 y fue designado presidente ejecutivo de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) por Rodríguez, y Agustín Castro, quien era periodista en la cooperativa y luego fue nombrado como jefe de prensa de la Presidencia ( vea nota Paso a paso ).
El proceso
En 1998 la situación financiera de Coopemontecillos era agobiante.
Según uno de sus directivos, Gonzalo Ramírez Guier, el problema venía de un ciclo negativo en el precio internacional de la carne y del desenlace que tuvieron los negocios de Fogasa.
Ese año, uno de los fundadores de Fogasa, Miguel Ángel Rodríguez, fue elegido Presidente de la República. Por las limitaciones que le imponía su cargo, decidió desvincularse de la empresa.
El 30 de junio de 1998 Rodríguez canceló $155.000, correspondientes a la garantía que su empresa GISA le había dado a BICSA en 1995, como fiadora de Fogasa.
Además de esta obligación directa con el banco, Rodríguez tenía otra con Coopemontecillos, producto de la distribución de obligaciones internas entre las compañías que integraban Fogasa. Esta obligación estaba constituida por el pagaré de poco más de $1 millón, aún sin cancelar.
Dos meses más tarde, el 25 de agosto, los bancos privados acreedores de Fogasa (BCT, Interfín y Commerce Overseas Bank) decidieron liquidar la compañía.
Como resultado de este proceso, Coopemontecillos quedó al borde del colapso. Entre sus problemas principales estaban créditos morosos con otro grupo de bancos privados. Fue entonces cuando recibió un salvavidas financiero arrojado por el Banco Nacional y BICSA.
La operación tuvo dos componentes:
A El primero se produjo ese mismo mes (agosto de 1998), cuando BICSA aprobó un préstamo de $2,4 millones (¢869 millones), para refinanciar la garantía que Coopemontecillos había dado a ese mismo banco como fiador de Fogasa.
A La segunda se produjo dos meses después, en octubre de 1998, cuando Coopemontecillos obtuvo un crédito de $9 millones (¢3.250 millones) del Banco Nacional.
Según documentos en poder de este diario, Coopemontecillos utilizó $6 millones (¢2.166 millones) de este crédito para cancelar las deudas que tenía con Transamerica Bank ( offshore del Grupo Financiero Interfín), Banco Interfín, Banco Bancrecen, Banco Banex y Bancoop, y para cancelar títulos valores que había emitido.
Del resto del dinero la cooperativa destinó $2 millones para constituir un fideicomiso y $1 millón para fortalecer el capital de trabajo.
De esta forma, para octubre de 1998 Coopemontecillos había logrado cancelar con dinero del Banco Nacional sus deudas en los bancos privados y, en su lugar, estructurar una deuda por un monto total de $11,4 millones (¢4.138 millones) pactada a largo plazo en dos bancos públicos.
Pagarés polémicos
En octubre de 1998, según indicó el antiguo gerente de Coopemontecillos, Littleton Bolton, por la posición política que ocupaba entonces Miguel Ángel Rodríguez, el Consejo de Administración de la cooperativa optó por no iniciar el cobro del pagaré de $1.077.633 (¢390 millones) que Rodríguez había firmado a su favor en 1995, como fiador de GISA ( vea Pregúntele a Miguel Ángel ).
El documento, junto a otro similar firmado por Tomás Batalla E. y Carlos Monestel, de ECCSA, eran parte del sistema de contrapesos internos de Fogasa.
Con ellos se procuraba asegurar legalmente que, llegado el caso, las tres empresas que habían constituido el consorcio asumieran su compromiso de afrontar en partes iguales la deuda que Fogasa tenía con BICSA.
Para asegurar este compromiso, los documentos se condicionaron con una cláusula: solo podrían cobrarse si Coopemontecillos se veía obligado a pagar más de un tercio de la deuda que las tres empresas, en proporciones diferentes, tenían en BICSA.
En 1998, durante las negociaciones con el Banco Nacional, según indicó el directivo de Coopemontecillos Ramírez Guier, se contempló la posibilidad de dar a la cooperativa el dinero para que cancelara su deuda en BICSA (que, al sumar $2,4 millones, excedía por mucho un tercio del total), y quedase libre de cobrarle a Rodríguez, Batalla y Monestel.
Sin embargo, el Consejo de Administración de Coopemontecillos optó por utilizar el dinero del Banco Nacional para cancelar las deudas con los bancos privados.
La consideración hacia sus antiguos socios se mantuvo y posteriormente Coopemontecillos no trató de cobrar los pagarés, aun cuando a raíz de esa deuda sus cuentas corrientes y cuentas por cobrar fueron embargadas por BICSA, en agosto del 2000.
Fue en marzo del 2001, tres meses después de que la existencia de los pagarés se difundiera por medio de una investigación de La Nación, que Coopemontecillos inició gestiones para cobro judicial. Esa gestión está en proceso.
