EscucharEn su penúltimo día de discusión, el trámite del proyecto de contingencia fiscal que estudia una comisión especial mixta del Congreso se complicó ayer y obligó al Gobierno a una intensa negociación política.
Mientras la fracción parlamentaria del Movimiento Libertario obstaculizó su avance mediante la presentación de 63 enmiendas en la noche, los miembros de la comisión suspendieron, en la mañana, la discusión del plan a la espera de análisis técnicos por parte del Ministerio de Hacienda.
En una sesión extraordinaria de ese panel legislativo, efectuada después de las 7 p. m., el diputado libertario Federico Malavassi sometió a discusión del grupo parte de la amplia lista de mociones.
El anuncio lo adelantó en la tarde, a pocas horas de que hoy se termine el plazo que el plenario de la Asamblea Legislativa le dio a la comisión un foro integrado por legisladores y representantes de la sociedad civil para que rinda un dictamen sobre medidas temporales orientadas a atenuar el déficit fiscal.
"Se debe a una estrategia legislativa para evitar que el pueblo costarricense siga siendo despojado", alegó Malavassi en alusión a los nuevos tributos que contiene el plan.
El 6 de setiembre pasado había dicho que su partido estaba en desacuerdo con las cargas impositivas, pero aclaró que no impediría su aprobación, lo que hace ahora.
Debido a las dificultades anoche, el presidente de la comisión, Mario Redondo, levantó la sesión a las 9:15 p. m., luego de convenir una ronda de reuniones bilaterales con cada una de las fracciones y los sectores del panel que se realizarán en el transcurso del día de hoy. El proyecto no pudo ser dictaminado, pero se prevé que se pueda hacer esta noche.
La presentación de las enmiendas molestó a diputados de otras bancadas políticas y a representantes de los sectores. No obstante, Malavassi dijo que por el momento no retirará las mociones.
"Hay personas que cuando ven que van a perder democráticamente, toman otro tipo de reacciones que no son democráticas", declaró el legislador Ricardo Toledo, del oficialista Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
El entrabamiento que enfrentó el proyecto coincidió con la visita a la comisión de dos altos funcionarios del Poder Ejecutivo.
En la sesión de la mañana, se apersonó la ministra de la Presidencia, Rina Contreras, y a la de la noche llegó el titular de Hacienda, Jorge Wálter Bolaños.
El plan de contingencia busca mecanismos temporales, vigentes por un año, que le permitan al Gobierno ingresos adicionales de alrededor de ¢99.178 millones (¢62.378 millones mediante nuevos impuestos y ¢36.800 millones con medidas no tributarias, como mejoras a la recaudación y contención del gasto público).
El oficialismo estima urgente su aprobación, debido a que el déficit exceso de gastos sobre ingresos del Gobierno Central llegará este año a ¢245.000 millones. El faltante para todo el sector público alcanzará ¢275.000 millones.
Insatisfacción
En el arranque de la comisión especial mixta, a tempranas horas de la mañana, la sesión fue levantada tras la generalizada insatisfacción expresada por sus miembros con respecto a información que suministró el viceministro de Hacienda, Carlos González, para respaldar técnicamente cada uno de los tributos y otras medidas en discusión. A Vea recuadro.
González entregó tres cuadros en los que puntualizó montos estimados de ingresos adicionales con los nuevos impuestos, acciones para hacer más eficiente la recaudación y medidas para bajar el gasto público.
Sin embargo, los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), el Partido Liberación Nacional (PLN) y del Movimiento Libertario, y representantes de los sectores, criticaron la falta de información "sólida y contundente", para avanzar en el dictamen.
Entre varios cuestionamientos, alegaron que los análisis de Hacienda no ofrecían detalles sobre la forma en que se realizaron los cálculos, los supuestos técnicos y los escenarios sobre el comportamiento que algunos impuestos podrían generar en la demanda de ciertos bienes y servicios.
Por ejemplo, llamaron la atención por el hecho de que se incluyera de nuevo una propuesta para gravar con $50, por una única vez, el uso de los teléfonos celulares. Según Carlos Ricardo Benavides (del PLN) y Epsy Campbell (del PAC) este tributo no formó parte del acuerdo político que se logró el jueves pasado.
El viceministro defendió su planteamiento al argumentar que toda la información técnica fue suministrada a los miembros de la comisión en otros documentos que Hacienda les había hecho llegar en las últimas semanas.
