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Luego de una maratónica sesión de más de nueve horas, los diputados aprobaron esta noche en primer debate el proyecto que pretende mejorar la lucha contra el fraude fiscal.
Dicha iniciativa, cuyo trámite tardó dos años en el Congreso, recibió a las 6:58 p. m. el apoyo de 42 legisladores y el voto negativo de cuatro.
El plan crea un registro centralizado de accionistas y beneficiarios finales de las sociedades anónimas, para que la Dirección de Tributación tenga mayor información sobre las personas que están detrás de personas jurídicas que, en muchos casos, son solo de papel.
También dota a Tributación de nuevas herramientas para perseguir a los evasores fiscales.
Por ejemplo, se le permite solicitar embargos de los bienes registrales de los morosos. Además, mientras un juez resuelve esta petición, también puede gestionar una medida cautelar provisionalísima de congelamiento de bienes.
La nueva ley recibió el visto bueno de 14 legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN), once del Partido Acción Ciudadana (PAC), siete del Frente Amplio, siete del Partido Social Cristiano (PUSC), dos de Renovación Costarricense y uno de Alianza Demócrata Cristiana.
En contra estuvieron los tres libertarios: Otto Guevara, Natalia Díaz y José Alberto Alfaro, así como Ligia Fallas, del Frente Amplio.
Larga jornada de discursos
El diputado libertario Otto Guevara se encargó este jueves de llevar al extremo del límite la discusión del proyecto contra el fraude fiscal.
Como parte de un acuerdo suscrito por la mayoría de fracciones legislativas, se había pactado darle primer debate al proyecto este 8 de setiembre.
Sin embargo, aunque tuvo que ajustarse a las reglas de la vía rápida negociada, Guevara logró quemar algunos últimos cartuchos para bloquear el plan.
Negoció que lo dejaran hablar todo el tiempo que el Reglamento permite para defender las 35 mociones que presentó contra la iniciativa (10 minutos por cada una).
Además, acordó con las otras fracciones que una vez aprobado el plan, pudiera enviarlo a consulta de la Sala IV durante al menos un mes, con su firma y las de nueve diputados más.
Entonces, en medio de caras de molestia y cansancio de sus colegas, el libertario protagonizó una kilométrica sesión de más de nueve horas de discursos.
En ciertos momentos, en el plenario legislativo apenas estuvieron presentes los 38 congresistas necesarios para mantener abierta la sesión.
Obligado por su investidura, Antonio Álvarez, presidente del Directorio, fue el único que siguió con mucho interés los discursos de Guevara para llevarle el tiempo con rigor.
Dos años de trámite, y polémica...
Con esta maratón de discursos libertarios, solo apoyados en dos o tres ocasiones por Natalia Díaz y José Alberto Alfaro, terminan dos años de trámite legislativo del proyecto para mejorar la lucha contra el fraude tributario.
La polémica por este proyecto surgió en diciembre del 2015, cuando el Gobierno, junto con el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), solicitaron crear en la iniciativa el registro centralizado de accionistas y beneficiarios finales de las sociedades anónimas.
Dicha petición buscaba permitir que se conozca quiénes están detrás de muchas personas jurídicas, porque es norma internacional la de conocer si una firma se usa como cascarón para cometer delitos de forma organizada o, incluso, financiar organizaciones terroristas.
Luego de fuertes pulsos entre opositores y el oficialismo, aderezado por constantes incursiones de los empresarios y sus abogados asesores, se incluyó la creación de ese registro de accionistas, en manos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
La más reciente polémica fue, precisamente, por una de esas incursiones de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham) y abogados como Adrián Torrealba, Francisco Villalobos y Allan Saborío.
Ellos solicitaron, ya en la recta final de la discusión, que se modificara el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en su capítulo de sanciones, para reducir la pena de cárcel que actualmente va de cinco a diez años, para dejarla en un rango de dos a cinco años y, con ello, tener la posibilidad de la ejecución condicional de la pena.
La vinculación entre los abogados tributaristas y los diputados encendió el plenario, el martes pasado, y generó reclamos de los liberacionistas hacia el Ministerio de Hacienda, por una conferencia de prensa, realizada el lunes, donde el ministro y viceministro de esa cartera, así como sus expertos, advirtieran de los efectos que consideran negativos de rebajar las penas de cárcel para los cobros a los morosos.
