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La decisión que diez diputados tomaron la noche del miércoles en una comisión legislativa con potestad plena, le da una doble puñalada a los contribuyentes.
Por un lado, le mete la mano a la reserva prevista para pagar las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS. Por otro, desangra las finanzas del Gobierno Central, obligando a endeudar más al país.
El proyecto de ley 17.561 recibió primer debate y está previsto que sea votado en segundo y último trámite, el 22 de junio. Luego, pasaría para que sea sancionado por el presidente Luis Guillermo Solís, quien también tiene la opción de veto.
Con este plan de ley, tres legisladores del PLN, tres del PUSC, tres del Frente Amplio y una del PAC autorizan que entre 1.847 y 6.000 docentes se pasen del IVM a uno de dos regímenes de jubilaciones del Magisterio Nacional: uno que se financia con las cotizaciones de los educadores u otro que ya está extinto, que lo pagan los ciudadanos con sus impuestos a través del Presupuesto Nacional.
Según datos de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), la mayoría se pasaría al régimen extinto, en donde el Gobierno debe aportar el 90% de lo que reciben los jubilados. Solo el 10% se financia con las cotizaciones. A eso se debe el segundo gran golpe económico.
En el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la salida de educadores generaría una pérdida de ¢52.400 millones de sus reservas: el equivalente a un mes completo del pago de pensiones de la Caja. Así ocurriría porque el proyecto le exige al IVM trasladar cuotas de los docentes que opten por pasarse a la Jupema.
En el caso del golpe presupuestario al Gobierno, el Ministerio de Hacienda advirtió de que el proyecto podría costarle, en promedio, entre ¢11.000 millones y ¢33.000 millones anuales.
Hacienda evaluó varios escenarios posibles. El mejor sería que se trasladen de régimen solamente 1.847 personas y que estas se pensionen a los 60 años. En ese caso, el costo de las pensiones sería de ¢198.000 millones, que se financiarían con ¢39.000 millones de las contribuciones de los docentes y al Gobierno le tocaría cubrir el déficit restante: ¢159.000 millones.
El peor escenario es que se reubiquen hasta 6.000 docentes y que estos se puedan jubilar a los 58 años. En ese caso, el faltante que le tocaría pagar a los contribuyentes es de ¢535.000 millones (en un periodo de 40 años), a lo cual se sumarían las contribuciones de los docentes, que serían ¢123.505 millones.
Entre las ventajas que tendrían los docentes en el nuevo régimen están una edad menor para jubilarse, menos cuotas requeridas para hacerlo y un mejor salario.
Por ejemplo, un docente que hubiese empezado a trabajar en 1985, con 25 años y un salario de ¢35.000, se podría jubilar con el IVM en el 2022, una vez que haya cumplido 62 años y haya aportado 456 cuotas a la Caja Costarricense de Seguro Social. El monto con que se pensionaría es de ¢762.000, tomando en cuenta que su salario antes de pensionarse fuera de ¢1,5 millones.
Si ese mismo docente se traslada al Régimen Transitorio de Reparto, sus condiciones jubilatorias mejorarían sustancialmente: se podría pensionar cuatro años antes, o sea, en el 2018, con 58 años. A pesar de tener un salario menor antes de su jubilación (¢1,2 millones), su pensión mensual sería de ¢922.000.
El planteamiento del proyecto es simple: se abre un plazo de un año y medio para que las personas que, a mediados de los 90, se salieron del Magisterio para entrar en el IVM puedan presentar su oposición a esa medida y, entonces, retornar al régimen magisterial.
Son las consecuencias del regreso al Magisterio las que resultan de fuerte impacto para la CCSS y el Gobierno.
Para dar su voto positivo al proyecto de ley, los diputados alegaron que le creen más a la Jupema que al ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, o al Ministerio de Hacienda, que adversan el plan.
De hecho, los números que presentaron los voceros de la Jupema son mucho más bajos que los del Ejecutivo.
La Junta de Pensiones del Magisterio ve posible el traslado de hasta 3.600 personas y no de hasta 6.000 como calcula el Poder Ejecutivo. Róger Porras, director ejecutivo de la Jupema, le dijo a los diputados que solamente un tercio de esos 3.600 docentes efectivamente se trasladarían.
Eso significa que solamente se moverían del IVM al Magisterio cerca de 1.179 maestros, de los cuales 995 podrían irse al Régimen de Reparto y el resto al Régimen de Capitalización. Ese escenario, el único al cual le creen los 10 diputados, significa que el Estado gaste ¢205 millones el primer año, ¢357 millones el segundo, ¢539 millones para el tercero y así.
"(Hay un) impacto positivo para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. Vamos a ver: comparto lo que dice don Ubaldo (Carrillo, director de pensiones de la CCSS), en el sentido que los regímenes no deberían de hacer traslados de cuotas. De hecho las personas nunca debieron haberse trasladado para el IVM, eso es totalmente correcto", dijo Róger Porras ante los diputados.
CCSS: 'Se rompe la solidaridad'
Para Ubaldo Carrillo, director de Pensiones de la CCSS, la decisión de los diputados rompe con la cadena de la solidaridad, pues se permite la fuga de cotizantes de un régimen solidario como el de la Caja, a uno que corre a cargo del Estado y que pagan los costarricenses con sus impuestos.
Carrillo enfatizó que nunca en la historia se ha permitido un traslado de fondos tan significativo.
Añadió que, si bien el costo es un porcentaje pequeño de las reservas de pensiones de la CCSS (las reservas son de ¢2 billones), sí tendría que considerarse dentro del esquema de medidas por adoptar, para que el régimen mantenga un equilibrio.
Aunque el director de Pensiones explicó que el IVM no podría quebrar (pues al ser un régimen solidario, si hubiera ese riesgo, al final el Estado lo terminaría financiando), sí alertó de que esa decisión legislativa abre una peligrosa puerta para que otros cotizantes quieran salirse y seguir desfinanciando las pensiones del IVM.
"Saldrían como mínimo 1.847 personas, que tienen un ingreso más alto que el promedio. Entonces, los que quedan tienen que ser solidarios con las pensiones en curso. Así se rompe el esquema de solidaridad", comentó Carrillo.
El director de Pensiones fustigó a los diputados por creer que el "costo es muy bajo". Agregó que no se trata de que el costo sea bajo, sino de que hay un costo que todos los ciudadanos tienen que asumir como país, precisamente "pagando diferencias por medio de impuestos".
El ministro de Trabajo, Alfredo Hasbum, explicó que el Régimen de Reparto es lo que queda del antiguo sistema jubilatorio del Magisterio Nacional, extinto desde el 15 de julio de 1992. Todos los docentes que empezaron a trabajar después de esa fecha entraron en el "nuevo" régimen magisterial, denominado de Capitalización Colectiva.
"El problema es que, cuando se dio el cierre, se dispuso que sería el Estado el que pagara las pensiones del anterior régimen, pero el error del Gobierno fue nunca haber hecho un fondo para sufragar esas pensiones, sino que lo hace a través del Presupuesto Nacional", dijo Hasbum.
Según datos aportados por el ministro, hay 40.000 personas dentro de ese régimen de reparto.
"Si lo vemos en términos del flujo de Caja, la persona cotiza entre 10% y 16% (en promedio 12% o 13%). Lo que pasa es que, precisamente, el error original es no haber hecho ese fondo de pensiones. Las cotizaciones nunca se
capitalizaron", puntualizó el jerarca.
