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Los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa integraron una subcomisión que discutirá el futuro de la Reforma Procesal Laboral, con un plazo de un mes y medio para emitir una recomendación sobre ese proyecto de ley.
La propuesta regresó a manos de los diputados luego de que el presidente legislativo, el socialcristiano Rafael Ortiz, resolviera devolver el expediente al momento procesal en que se encontraba cuando Laura Chinchilla retiró parte del veto que ella le impuso.
De esa forma, ahora los legisladores tienen la obligación de retirar los artículos que la expresidenta Chinchilla consideró inconstitucionales, o bien, enviar el documento a consulta a la Sala Constitucional para que esta determine si hay un vicio de inconstitucionalidad.
Esa es la opinión de Edgardo Araya, del Frente Amplio, quien consideró excesiva la intención de que la subcomisión de Reforma Procesal Laboral tuviera un plazo de tres meses.
Araya añadió que su partido aún no define cuál es la posición que ellos defenderán frente a la Reforma Laboral y que dejará esa discusión para el lunes.
Juan Luis Jiménez, presidente de la Comisión de Jurídicos, resolvió la integración de ese foro que tendrá un diputado del Partido Acción Ciudadana, Marco Redondo; uno de la Unidad Social Cristiana, Gerardo Vargas; Araya por el Frente Amplio; y José Alberto Alfaro, del Movimiento Libertario.
Jiménez se dejará la coordinación de esa subcomisión.
El liberacionista explicó que, entre las opciones que apuntó Araya, su partido se inclina por eliminar los artículos que permitan las huelgas en los servicios básicos esenciales, como los que brindan hospitales y policía, entre otros.
"La opción es sacar ese tema de este proyecto y discutirlo por aparte, para salvar todo lo relacionado con el establecimiento de los procesos de oralidad en los juicios laborales", dijo el verdiblanco.
