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Los diputados impidieron este martes la muerte de la Comisión Especial de Pensiones, que discute una reforma para reducir el déficit de ¢5,3 billones en el sistema de jubilaciones del Poder Judicial.
El tema debió ser sometido a votación porque la comisión, que trabaja con las facultades del método conocido como vía rápida, expiraba este miércoles 5 de abril y el grupo no ha terminado de tramitar el proyecto de reforma, pues está a la espera de que la UCR termine un estudio actuarial sobre las pensiones judiciales.
Para ampliar el plazo del foro especial hasta el 31 de julio, se requería un mínimo de 38 votos. Finalmente hubo 45 legisladores a favor. En contra, solamente se pronunció Mario Redondo Poveda, de la Alianza Demócrata Cristiana (ADC).
La comisión nació con una moción de vía rápida en julio del año pasado y, aunque empezó a sesionar en setiembre, aún no tiene los resultados finales del estudio que realizan los actuarios del Instituto de Investigaciónes en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Temerosos de que ampliar una vez más el plazo pudiera resultar inconstitucional, los diputados de ese foro primero solicitaron el criterio del Departamento de Servicios Técnicos y negociaron con los jefes de fracción, para tener una cantidad de votos calificada, con el fin de "blindar" el procedimiento, aunque las dudas persisten.
El temor principal es que un error de forma en el trámite legislativo podría traerse abajo el procedimiento del proyecto de ley y sepultar alguna intención de reformar el régimen de pensiones judiciales.
La decisión de extender el plazo de esa comisión especial se da un día después de que los empleados del Poder Judicial hicieran un paro de labores y una marcha hacia la Asamblea, y seis días después de que la comisión acogiera para su estudio un nuevo texto de reforma, sugerido por la Superintendencia de Pensiones (Supén), diferente al que estaba en trámite, que era el de los gremios judiciales.
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Esa nueva propuesta eleva la edad mínima para pensionarse de 62 a 65 años, cambia la forma de calcular las pensiones, ya no equivalente al promedio de los últimos 24 mejores salarios, sino igual al promedio del total de los salarios recibidos a lo largo de la vida laboral; también se impondría una contribución especial solidaria del 30% sobre las pensiones, que iría a las arcas del Estado.
En cuanto al tope, el proyecto de los gremios planteaba un techo de ¢4,7 millones, pero el de la Supén no lo permitiría por encima de ¢3,9 millones. Actualmente, la Corte otorga pensiones hasta de ¢9 millones. Otro aspecto importante del nuevo texto es que pasaría el fondo a la Caja Única del Estado, por lo que se tendría que incluir en el Presupuesto Nacional.
"No se vale que el último día les zafen la tabla a los empleados del Poder Judicial, que no tienen pensiones de ¢8 millones o ¢9 millones", dijo Jorge Arguedas, del Frente Amplio, quien no está de acuerdo en el texto propuesto por la Superintendencia.
Marcela Guerrero, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y quien propuso la extensión del plazo, dijo que de buena fe ya se ha ampliado el plazo para esperar los estudios de los actuarios universitarios, pero aceptan esperar un poco más, al 31 de julio, para esperar los tres productos adicionales que tienen que entregar los universitarios.
Aunque este plenario empezó, el año pasado, una seguidilla de aprobaciones a proyectos que reforman las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, quedaba pendiente el Régimen de Pensiones del Poder Judicial, muy criticado porque les permite a los empleados de esa institución tener una pensión del 100% del promedio de sus 24 últimos mejores salarios, sin tope y con una situación deficitaria importante en el Fondo de Pensiones.
"Quiero que quede muy claro, que nunca se dijo que se iba a dictaminar sin tener los estudios de la UCR. Se va a dictaminar con criterio técnico, responsable, con los números actuariales. Le hacemos un reclamo a la Corte, porque desde setiembre del año pasado nos vienen diciendo que el estudio estaba en noviembre, luego en enero, luego que abril y hoy nos dicen que está en junio. No es ni justo ni correcto que se nos atrase un proyecto de ley que urge para este país, por la repercusiones que tiene para el Poder Judicial", dijo Sandra Piszk, del Partido Liberación Nacional (PLN).
Los primeros resultados que reveló la UCR sobre la situación del Fondo es que tiene un déficit actuarial de ¢5,3 billones y establecía que la posibilidad de paliar esa situación implicaba que los empleados cotizaran la mitad de su salario.
"Es el más injusto y el menos equitativo que existe en el país. El 70% de los trabajadores tiene pensiones menores de ¢1,5 millones, mientras que un 1,5% tiene pensiones que van de ¢5 millones a ¢9 millones", añadió Piszk. Insistió en que ningún texto se dictaminará en la comisión especial sin las debidas consultas.
