Directivos del INS denuncian ante Fiscalía a presidenta ejecutiva y gerente general de entidad

La queja presentada por Willy Carvajal Carvajal y Alejandro Elizondo Castillo, nombrados por el Poder Ejecutivo en el 2022 para integrar el máximo órgano del INS, motivó a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción a abrir una causa judicial contra la jerarca y el gerente del Instituto por los delitos de fraude de ley y malversación de fondos públicos. El caso se tramita bajo el expediente 23-000067-1218-PE.

Los hechos denunciados se relacionan con la orden emitida por las autoridades de la entidad para revisar las computadoras de los miembros de la Junta Directiva con el fin de investigar una supuesta filtración a la prensa del acta en la que se discutió y aprobó un aumento salarial.

“El caso se encuentra en investigación, por lo que, por ahora, no es posible brindar mayores detalles”, se limitó a responder la Fiscalía por medio de su oficina de prensa.

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Al ser consultados sobre el tema, Araya y Monge aseguraron desconocer la causa judicial. “En caso de que exista un eventual proceso, será atendido de manera respetuosa, pues, como funcionarios públicos siempre hemos actuado en apego al principio de legalidad y en cumplimiento al deber de probidad”, declararon.

Los hechos

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En referencia a los hechos que dieron origen a la denuncia, Carvajal y Elizondo dijeron haber aceptado la revisión de los dispositivos electrónicos porque la presidenta ejecutiva aseguró que algún integrante de la Junta Directiva entregó “información confidencial” a la prensa. Sin embargo, luego descubrieron que fue la misma Araya quién dio los datos.

“La señora Mónica Araya solicitó a la Junta Directiva que se autorizara la revisión de las computadoras en virtud de que alguien había supuestamente filtrado un acta e información confidencial a un periodista. No obstante, a partir de una revelación parcial de la entrevista, efectuada por La Nación el pasado 22 de enero, se escucha que es la propia Araya quien le proporciona información al periodista”, señalaron.

Agregaron que Araya y Monge estuvieron presentes en la sesión de Junta Directiva en la que se discutió la supuesta filtración.

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“Nuestra preocupación es que se haya adoptado un acuerdo bajo una motivación errónea o que se haya utilizado dicho procedimiento para fines ilícitos. Adicionalmente, para la revisión de las computadoras se echó mano de un contrato existente con la empresa GBM que, en buena apariencia, no guarda ninguna relación con lo autorizado por la Junta Directiva”.

Para indagar en las computadoras de los directivos, el INS utilizó un contrato, firmado desde diciembre de 2021 con GBM Costa Rica para otros fines.

De acuerdo con el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), se trata del procedimiento 2021PP-000023-0001000001 para contratación de soporte en la nube. Según esa plataforma, por cada hora de servicio de los especialistas de GBM, el INS debe cancelar $38, aproximadamente.

La institución reconoció que para examinar las portátiles de los miembros de Junta Directiva necesitó 76 horas y pagó $2.900 (¢1,7 millones) a GBM Costa Rica.

“De conformidad con el artículo 281 del Código Procesal Penal, es nuestro deber denunciar situaciones que puedan constituir un delito, por lo cual estamos cumpliendo con nuestro deber legal, confiando así en el trabajo independiente y profesional del Ministerio Público”, añadieron Carvajal y Elizondo.

Estos directivos, además, fueron los únicos miembros de Junta Directiva que objetaron el incremento para los trabajadores del INS, pues no existieron análisis técnicos y financieros que justificaran la medida. El aumento era el tema de la supuesta filtración que se pretendía investigar en las computadoras.

“Lamentamos que a pesar de haberle solicitado audiencia al Consejo de Gobierno desde el año anterior para abordar temas de interés sobre el manejo de la institución, seguimos sin ser atendidos”, concluyeron.