Dos informes legislativos piden reformas para cerrar portillos a evasión fiscal

Los diputados de la comisión investigadora de los Papeles de Panamá emitieron dos informes con recomendaciones para cerrar los portillos a la evasión fiscal.

Así lo hicieron después de estudiar la filtración de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, donde aparecen 140 políticos y funcionarios de 50 países distintos, vinculados a sociedades off shore en 21 paraísos fiscales.

Los legisladores integrantes de esa comisión presentaron dos informes, uno de mayoría y otro de minoría, con algunas recomendaciones coincidentes y otras diferentes.

El de mayoría está avalado por tres liberacionistas, un socialcristiano y un libertario. El de minoría lleva las firmas de dos diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), una del Frente Amplio y la independiente Carmen Quesada.

Aunque difieren bastante en muchos puntos, sobre todo en que el de mayoría prefiere evitar las críticas duras y directas contra la creación de sociedades anónimas, que sí hace el de minoría, tienen algunos puntos de coincidencia.

LEA: Hacienda investiga a 69 de 120 empresas y personas incluidas en los Papeles de Panamá

Específicamente, tanto el informe del PLN-PUSC como el del PAC-FA, coinciden en recomendar la aprobación del proyecto de ley 19.951, promovido desde hace más de un año por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

Se trata de un proyecto para endurecer las reglas y la supervisión sobre actividades como las de los casinos, la venta de bienes raíces, los prestamistas, la venta de metales y piedras preciosas, los abogados, notarios, contadores y organizaciones sin fines de lucro.

La principal intención de ese proyecto es evitar que este tipo de actividades sirvan para la creación de sociedades anónimas, tanto en el país como en el extranjero, que se utilicen como empresas fantasma para evadir las responsabilidades fiscales con el Ministerio de Hacienda.

De igual forma, ambos bloques de diputados consideran necesaria la aprobación del proyecto de Ley Especial de Extinción de Dominio, que permitiría a las autoridades judiciales decomisar bienes y recursos económicos a personas o sociedades sospechosas de crimen organizado, de previo, sin pasar por una orden judicial.

La tercera coincidencia importante entre los dos informes, ambos de más de 100 páginas, es la recomendación para que se apruebe una ley para la supervisión financiera consolidada, que permitiría un mayor control estatal sobre las actividades que lleven a cabo sociedades generadoras de recursos.

El libertario Otto Guevara fue quien inclinó la balanza en favor del informe PLN-PUSC, para que finalmente tuviera cinco firmas, lo que implica que al plenario llegará como informe de mayoría y a ese se tendrá que privilegiar, en caso de que se discutan los hallazgos de la investigación. El documento del PAC-FA quedó con solo cuatro firmas.

La Comisión Especial Mossack Fonseca se creó a partir de la publicación internacional en decenas de medios de comunicación de los hallazgos en documentos obtenidos de ese bufete panameño, en que se revelaban las estrategias de creación de sociedades anónimas subsidiarias de empresas alojadas en determinadas naciones, con el fin de desviar recursos a las empresas de papel y, así, evitar el pago de impuestos en el país natal.

En el caso de Costa Rica, el Ministerio de Hacienda hizo una investigación particular sobre el caso y, el 21 de marzo, presentó un informe en el que indicó que esa cartera investiga a 69 de las 120 empresas costarricenses que fueron mencionadas en los Papeles de Panamá.

CONSULTE el informe de mayoría en este enlace.

Otto Guevara indicó que, de las 18 recomendaciones que hace el informe liberacionista, solo comparte seis, pero adujo que era el que le parecía "menos malo", además de que tiene una evidente oposición a Patricia Mora, quien lideró el informe PAC-FA.

"A mi juicio, debe eliminarse el impuesto a los dividendos y, con eso, se elimina una de las razones por las cuales las empresas recurren a ese entramado societario para eludir ese pago", dijo el libertario.

También consideró que se debe eliminar el artículo 171 del Código de Comercio, que actualmente impide la protección de los accionistas minoritarios de una compañía, frente a los intereses de los grandes accionistas.

Según Patricia Mora, en las pesquisas particulares que hicieron oficialistas y frenteamplistas, se encontraron 137 personas en 26 casos, de las cuales 19% han estado o están en altos cargos públicos: vicepresidentes de la República, diputados, ministros, viceministros, directores de Tributación y altos cargos de instituciones y diplomáticos.

A diferencia del informe liberacionista, el de PAC-FA mencionó el hallazgo de cuatro mecanismos para evadir impuestos, usando sociedades en el extranjero. Carmen Quesada las explicó así:

-Simulación de préstamo entre empresas del mismo dueño o accionistas: supuesta compañía extranjera presta a altas tasas de interés a compañía nacional y, con esto, traslada recursos y disminuye ganancias gravables.

-Sociedades fantasma: se trasladan dividendos de la compañía costarricense a la extranjera, para disminuir la renta bruta, aunque la sociedad extranjera sea ficticia y muchas veces solo para mera tenencia.

-Defraudación con marca: venta o alquiler de un activo intangible, como una marca, entre empresas del mismo dueño, con lo que se aumentan los gastos deducibles del pago de tributos.

-Compra-ventas simuladas: se usa para trasladar beneficios o rentas a paraísos fiscales, simulando compraventas y disponiendo precios menores al de mercado.

Específicamente, las recomendaciones del informe liberacionista-socialcristiano son estas:

1. Migrar en algún momento a renta mundial, o sea, el cobro de impuestos sobre ganancias totales de las empresas nacionales y extranjeras. Pero, por el momento, sistema de territorialidad tributaria reforzada, para declarar ingresos en Costa Rica y fuera del país, obligatoriamente.

2. Responsabilidad solidaria de socios en personas jurídicas, si hay sentencia en firme. Precisar varios artículos del Código de Normas y Procedimientos Tributarios en ese sentido. Creación de un Tribunal Especial Tributario, para delitos fiscales.

3. Crear incentivos para que sociedades accedan a una mayor regulación y establecer mecanismos para incentivar la eliminación de sociedades. Inscripción obligatoria de las sociedades en la Dirección de Tributación, para obligarlas a la declaración informativa anual.

4. Mejor redacción del tipo penal sobre legitimación de capitales y reforma al procedimiento de intervención de las comunicaciones. Proponen cárcel de 8 a 20 años para este delito.

5. Regular mejor el concepto de establecimiento permanente, en relación con el intercambio de información tributaria entre países. Establecer el precio de las transferencias.

6. Regulación de los precios de transferencia, por vía de ley, tal como lo propone el proyecto de Ley de Impuesto sobre la Renta.

7. Pedir cuentas al Ministerio de Educación y a colegios profesionales sobre los programas de educación fiscal y de cultura tributaria.

8. Mantener los actuales umbrales para castigar los delitos de defraudación fiscal (500 salarios base) y defraudación aduanera ($5.000).

9. Solicitar a los colegios profesionales actualizar sus normas éticas a la luz del informe.

10. Revisar los procesos sucesorios vigentes y, eventualmente, realizar modificaciones necesarias para actualizarlos.

11. Regular actividades de las cooperativas como organizaciones sin fines de lucro, para que se inscriban ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Apoyar el proyecto 19.951.

12. Promover la aprobación del proyecto de ley para la supervisión consolidada, pero en una nueva versión, no la actualmente presentada en el Congreso.

13. Presentar un proyecto de ley para evitar la subcapitalización como medio elusivo: o sea, los préstamos ficticios entre firmas del mismo beneficiario, una de ellas en el extranjero.

14. Promover la creación de cláusulas antielusivas, o sea, para que el contribuyente cumpla con la correcta distribución legal de la carga tributaria, para frentar las posibilidades de configuración jurídica.

15. No apoyan el impuesto sobre la renta planteado por el Gobierno. Dejan a gobiernos próximos "los esfuerzos necesarios para crear una mesa de diálogo y revisar los impuestos actuales".

16. Aprobar el proyecto de Ley de Extinción de Dominio.

17. Regular los fideicomisos, a través del proyecto 19.951, reforma a la Ley de Estupefacientes.

18. Dar prioridad, en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, a la revisión del Código Penal.

Este informe del PLN y el PUSC tuvo las firmas de Ronny Monge, Karla Prendas y Julio Rojas, liberacionistas; el socialcristiano Rafael Ortiz, y el libertario Otto Guevara.

En cuanto al segundo informe, de minoría, contó con las firmas de Marcela Guerrero y Marco Vinicio Redondo, del PAC; la frenteamplista Patricia Mora y la independiente Quesada.

Ese otro informe recomendó aprobar varios proyectos de ley, ya presentados en la corriente legislativa:

-18.213 para el levantamiento del velo de la personalidad jurídica

-19.639 reformas al artículo 106 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios

-19.951 para la regulación de actividades profesionales no financieras, como casinos, abogados, bienes raíces

-19.282 reformas a la ley del BCCR para la supervisión consolidada de grupos financieros

-19.640 reformas al Código Tributario para modernizar las definiciones de obligados tributarios y sus deberes

-19.679 Ley del impuesto sobre la renta

-19.571 Ley de extinción de dominio

-19.645 Ley de creación de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada.

REVISE el informe de minoría en este enlace

Además, se recomienda redactar y presentar a discusión varios proyectos de ley nuevos, para regular las personas jurídicas no inscritas en la Administración Tributaria, para crear la cláusula antielusiva, para prohibir a altos cargos públicos realizar actividades comerciales en paraísos fiscales, para retener el impuesto sobre las remesas, entre otros temas.

La única recomendación hecha al Ministerio Público es que, a partir de los casos mencionados en la investigación legislativa, determine cuáles actos podrían constituir ilícitos penales, para que se investiguen y juzguen.