La hija de 13 años de Milena Segura recibió una beca de ¢18.000 mensuales del Programa Avancemos a lo largo del 2022. Pero este año, la adolescente forma parte de un grupo de 113.739 estudiantes en pobreza o pobreza extrema que perdieron esa ayuda del Estado.
Ella es una de las víctimas del recorte de ¢28.322 millones que hizo el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) al presupuesto de este programa.
En el 2022, según datos oficiales del IMAS, se invirtieron ¢113.416 millones en becas de Avancemos y, para el 2023, el monto se desplomó a ¢85.093 millones; es decir, una reducción del 25%.
Dicho programa está diseñado para estudiantes en pobreza o pobreza extrema, como la hija de Segura, quienes reciben una beca que oscila entre los ¢18.000 y ¢40.000 mensuales, dependiendo del grado que curse el estudiante, para que no abandonen los estudios.
“Nosotros estamos en situación de pobreza extrema, a veces no tenemos ni que comer. Yo como mamá no tengo dinero para mantenerlos en la escuela o el colegio”, dijo Segura, quien detalló que su hija estudia en el Colegio Agua Caliente, de Cartago y que, actualmente, está en una lista de espera para ser ver si puede seguir recibiendo el subsidio económico.
“Las listas de espera se renuevan cada año. Si yo quedo en lista de espera este año y termina sin que me llamen, desaparezco de la lista para el próximo y tengo que hacer todo el trámite de nuevo, pero la excusa de siempre es que no hay presupuesto”, agregó esta madre.
En cuestión de un año, el programa Avancemos pasó de beneficiar a 387.739 estudiantes, en el 2022, a solo 274.000 en este 2023. Se trata de 113.739 estudiantes menos. En términos relativos la merma es del 31%.
La presidenta ejecutiva del IMAS, Yorleny León, reconoció en una entrevista con La Nación que hay menos estudiantes beneficiados. No obstante, se negó a llamarlo como un recorte. Insistió en que se trataba de un “ajuste de metas”.
‘Situación financiera complicada’
La jerarca señaló que existe una carencia de recursos para poder beneficiar a más estudiantes y que el número de beneficiarios es el que permite el presupuesto.
Adujo que ya no se puede becar a más estudiantes porque no hay dinero y que para otorgar una nueva ayuda de Avancemos, es necesario que otro estudiante abandone sus estudios y la pierda.
Según León, en gobiernos anteriores se plantearon altas metas de beneficiarios, sin contar con los recursos financieros necesarios. Por ejemplo, dijo que en el 2022, la administración de Carlos Alvarado se propuso atender a 387.739 estudiantes con Avancemos sin especificar de dónde sacaría los recursos.
“El año pasado, cuando estábamos trabajando en el presupuesto y la programación de este año, una decisión que tomamos es que no íbamos a plantear metas que no tuvieran el contenido presupuestario asegurado”, afirmó León.
“Este año hemos asegurado que los 274.000 estudiantes de Avancemos que estamos atendiendo tienen los 12 meses completos”, añadió la también ministra de Bienestar Social.
León, además, aseguró que en el 2022, muchos estudiantes recibieron esa beca solo por algunos meses, y no necesariamente el año completo. “Atendimos muchos estudiantes, pero los atendimos tres meses nada más”, argumentó.
No obstante, los datos oficiales del IMAS también muestran que el año pasado sí se otorgaron más becas completas que este año.
De los 387.739 subsidios girados, 306.497 fueron a lo largo de todo el año, o sea, ocho de cada diez ayudas. Mientras que solo 81.242 fueron parciales.
Esa cifra de 306.497 becas supera en un 12% las 274.000 presupuestadas para el 2023, bajo el entendido de que todas serán completas.
“Una vez que usted le dice a un estudiante: ‘mire, usted va a ser beneficiario de este programa’, usted tiene que garantizarle los 12 meses del año. Lo peor que puede decirle la institución, en el mes diez es: ‘mire, vieras que ya para el otro mes no tengo (dinero) para satisfacer sus necesidades, porque el contenido presupuestario que tenía no era suficiente para atenderlo”, expresó León.
Por otra parte, consultada sobre si el Gobierno ha recortado los fondos para atención social, manifestó: “Yo me atrevería a decir que el país atraviesa una situación financiera complicada que no es nueva y que más bien venimos haciendo todos los esfuerzos para ver de qué forma logramos atender más y mejor a la población”.
LEA MÁS: Recorte eliminó 70.000 becas y subsidios estudiantiles, dice Contraloría
Presupuesto más bajo de los últimos 9 años
Para este 2023, el país tiene el presupuesto más bajo de educación de los últimos nueve años, respecto al producto interno bruto (PIB), según un monitoreo del sector educación realizado por la Contraloría General de la República (CGR).
“El presupuesto de becas y subsidios del 2023 para el sector educación asciende a ¢280.864 millones. La disminución neta de un 5,1% entre el presupuesto definitivo del 2022 y el inicial del 2023, corresponde principalmente al MEP por ¢14.667 millones en los rubros de transporte, alimentación y transferencias monetarias condicionadas, lo cual representaría una posible disminución de 68.983 subsidios a estudiantes”, alertó el informe del órgano contralor.
De acuerdo con ese estudio, el presupuesto destinado para el subsidio de transporte a estudiantes de escasos recursos económicos cubre únicamente el primer semestre del 2023.
El pasado 8 de junio pasado, 13 organizaciones que trabajan con niñez y adolescencia en Costa Rica, enviaron una carta a los diputados advirtiendo de la disminución del gasto social en la niñez.
Esas organizaciones, entre las que se encuentran Aldeas Infantiles SOS, Visión Mundial, la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA), el Colegio de Trabajadores Sociales y Paniamor, fueron enfáticas al asegurar que los recortes presupuestarios se dan justo cuando existe un aumento de la pobreza extrema en el país.
Para justificar esa afirmación utilizan datos del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR, que evidencian un incremento del 6% al 8% de la pobreza extrema, en el último semestre del 2022.
“Además, la última medición trimestral de la Encuesta Continua de Empleo, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), refleja una constante salida de personas del mercado laboral, en comparación con el mismo periodo del 2022”, advierten las organizaciones en su misiva.
“Entendemos que hay una situación de recursos limitados, pero los niños, niñas y adolescentes son los más vulnerables entre los vulnerables y no se puede tener una visión reduccionista de recortes, sin valorar cuáles son las poblaciones vulnerables que tenemos que seguir protegiendo”, manifestó Óscar Valverde, director de Paniamor, una de las organizaciones que envió la carta a los diputados.
Alto costo para el país
Reducir el número de becas y la inversión en educación tiene sus implicaciones sociales para el país. El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, de la UCR, estimó que el recorte de becas producirá que 5.866 nuevos hogares caigan bajo la línea de pobreza y que 12.000 menores de edad entren en la categoría de pobreza o pobreza extrema. Al tiempo que calculan que unos 7.000 estudiantes abandonarán las aulas en el 2023.
“Estos chicas y chicas que viven en situación de pobreza, que ya no tienen estos programas de asistencia para seguirse educando, en el fondo se nos van a volver como gasto público, ya no como intervención. A la larga, el Estado va a estar atendiendo programas de bajas competencias educativas, de bajas competencias en áreas del trabajo, delincuencia, etcétera. A la larga va a ser más costoso de atender”, destacó Valverde, el director de Paniamor.
“Los recursos sí están, nada más que se trasladaron a otro lugar”, dijo Valverde, refiriéndose al intento del gobierno de Rodrigo Chaves de trasladar recursos relacionados con la educación para el presupuesto de seguridad.
LEA MÁS: Diputados rechazan recortes a educación para financiar al Ministerio de Seguridad