Escuchar“En algún momento llegué a creer lo que me decían, que le estorbaba a las personas, y me pasó por la cabeza la pregunta de ‘para qué seguir viviendo’”.
Esas declaraciones son de un joven de 16 años al que llamaremos “Carlos” para proteger su identidad.
El muchacho contó a La Nación que de sétimo a noveno año fue víctima del bullying en un colegio ubicado en San José. Era tanta la presión que decidió pedir ayuda a sus padres; la solución que encontraron fue cambiarlo de centro educativo. A pesar de que en algún momento valoró abandonar los estudios, actualmente cursa undécimo año.
“Todo empezó como un chiste, burlas, luego pasó a redes sociales, papeles con mensajes ofensivos, golpes, hasta que un día terminé de cabeza en el basurero del colegio. Nadie se daba cuenta y el miedo y la vergüenza de lo que me pasaba hacía que yo no dijera nada”, relató el adolescente.
Carlos es uno de los cientos de alumnos que deben lidiar con la violencia estudiantil y el bullying en sus lugares de estudio.
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De acuerdo con datos de la Contraloría de Derechos Estudiantiles del Ministerio de Educación Pública (MEP) solo durante los primeros tres meses del 2023 acumulan 96 casos de violencia estudiantil y 56 casos de bullying o matonismo.
Esos 96 situaciones de violencia, se desglosan de la siguiente forma:
- Abuso físico: 48 casos
- Abuso patrimonial: 1 caso
- Abuso psicológico: 17 casos
- Abuso sexual: 25 casos
- Amenazas de muerte : 2 casos
- Delitos conexos: 1 caso
- Exposición de pornografía: 2 casos
La experta en niñez y adolescencia Rocío Solís analizó los datos emitidos por el MEP. Para ella, son particularmente llamativos y preocupantes los 25 casos de abuso sexual que se han presentado entre los menores.
“Cada uno de estos casos tiene nombre y apellido y cuando llegan a la Contraloría es porque han sido graves (...) El abuso sexual entre estudiantes es un número muy alto y se sale de la competencia del sistema educativo y tiene que ser pasado a la Fiscalía Penal Juvenil; son situaciones muy complicadas y muy delicadas”, expresó la también exdirectora de la Contraloría del MEP.
Solís advirtió de que a todos esos casos hay que “ponerles mucha atención” porque son “la punta de un iceberg”, ya que la Contraloría atiende las situaciones que no logró ver el centro educativo.
“Esto nos habla de la situación social que estamos viviendo, esto no es solo del sistema educativo, ellos están reproduciendo lo que viven en el contexto familiar y social, así que el abordaje de la violencia tiene que darse desde muchas instancias”, insistió.
Si solo se partiera de los números, se podría concluir que en los últimos años la violencia en centros educativos creció, pues en el 2019, antes de la pandemia, la Contraloría recibió 208 reportes, pero en el 2022, cuando se regresó totalmente a la presencialidad en las aulas, se registraron un total de 587 situaciones de violencia.
De hecho, desde su inicio, en el ciclo lectivo pasado, se dieron a conocer conflictos entre los menores que los psicólogos atribuyeron a los efectos de la crisis sanitaria y el confinamiento que los alejó de sus amigos y compañeros.
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‘Bullying es la máxima de las violencias’
Carlos recordó que los malos tratos por parte de sus compañeros eran todos los días por lo que asistir a su centro educativo se volvió una pesadilla en un momento determinado.
Cuando la violencia es constante se le conoce como bullying y de acuerdo con la vocera del Colegio de Psicólogos, Ingrid Naranjo, es la “máxima de las violencias”.
Los datos del MEP revelan que, del 1.° de enero al 30 de marzo del 2023, la Contraloría ha recibido 56 casos de bullying ocurridos en los centros educativos del país.
“Esos chicos no descansan, a veces pensamos que salen del centro educativo, se van a sus casas y ahí terminó, pero la virtualidad permite que ese dolor que podría ser físico se extreme psicológicamente (...) hay chicos que pierden la vida porque se suicidan, porque el dolor es insoportable, por eso el bullying es extremo”, explicó Naranjo a La Nación.
Cifras del Ministerio de Salud del 2022 revelan que en los niños y adolescentes de entre 10 y 14 años, los intentos de suicidio son 2,74 veces más comunes que en el resto de la población. La situación se agrava entre los jóvenes de 15 a 19 años, ya que las tentativas superan en 3,76 veces al promedio nacional.
Según la psicóloga, datos del 2019 del Hospital Nacional de Salud Mental, indicaban que de las 20 camas que tenían destinadas para adolescentes, en términos de internamiento, “15 estaban siendo ocupadas por chicos con ideación suicida a raíz del bullying”.
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Los expertos insisten en que los números de violencia y bullying no representan la realidad; pues no todos los menores denuncian y en algunos casos llega a existir negligencia en los centros educativos.
Además, la vocera de los psicólogos, cree que lo mejor sería que existan registros de casos divididos entre kínder, escuelas, colegios; pero “no está pasando, pues solo se ve el macro del asunto”.
Asimismo, recordó que estas situaciones no solo ocurren en centros educativos públicos. En instituciones privadas, dijo, también ocurren y “con una frecuencia espeluznante”.
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“Se da con un mal manejo, donde las víctimas terminan teniendo, casi que a discrecionalidad, una solicitud de ‘si quiere yo la recomiendo a otro centro educativo que se parece al nuestro, pero llévesela porque los papás de los victimarias le dan mucho a esta institución’”, aseveró.
Según Naranjo, personas que, como ella, atienden los casos fuera de los centros, saben que tales situaciones no quedan documentadas porque los centros no quieren afectar sus historiales.
‘Existen protocolos’
¿Qué hace el MEP frente a esta situaciones? Laurent Delgado, directora de Vida Estudiantil explicó que tienen protocolos que los centros educativos deben aplicar, dependiendo de la situación que los menores enfrenten.
“Los protocolos son una guía de paso a paso sobre cómo se debe de actuar en el centro educativo ante ese tipo de situaciones, es una de las herramientas que utilizamos para darle contención a la situación, dependiendo del acto, nuestro alcance es referir, ya sea al Ministerio Público, al de Salud, entre otros”, dijo Delgado.
No obstante, enfatizó, la obligación es trabajar en prevención, es decir, hacer el abordaje adecuado para evitar que cualquiera de las situaciones se presente.
En el caso del bullying, el protocolo consiste en ocho pasos, que van desde detectar el acto hasta tomar “medidas y acciones para restablecer la convivencia”.
Como recordó la funcionaria, el Ministerio también tiene habilitada la línea telefónica “Aquí Estoy” (2272-3774) que atiende de lunes a viernes de 1 p. m. a 10 p. m., y los sábados de 9 a. m. a 4 p. m.
Asimismo, informó de que hay programas en ejecución para atender la violencia, como “Convivir”, encaminado a fortalecer las relaciones de convivencia en la comunidad educativa, propiciar relaciones basadas en el respeto y el disfrute de la diversidad, entre otros.
En su esfuerzo de prevención, añadió, también se realizan los juegos deportivos estudiantiles (JDE), el Festival Estudiantil de las Artes, las elecciones estudiantiles y el servicio comunal.
