Víctor Romero, director de la Escuela Azul, en Turrialba, recuerda cuando hace cuatro años le mostraron los planos del centro educativo que se construiría con fondos de un fideicomiso del Ministerio de Educación Pública (MEP).

“Yo hasta lloré de la alegría cuando vi los planos, me emocioné mucho porque es una escuela de muy alto nivel, la nueva escuela venía con toda la tecnología, era un sueño”, rememoró el educador.

Aquel era uno de los 103 proyectos que se levantarían con el llamado fideicomiso educativo por $167,5 millones, aprobado mediante ley en 2013.

Según la normativa, el plazo de ejecución de las obras venció el 31 de diciembre pasado. El saldo fue de 48 proyectos concluidos, 48 que nunca comenzaron porque el dinero no alcanzó y siete a medio construir, entre ellas la Escuela Azul de Turrialba, que quedó con un 48% de avance.

Además $33 millones (¢20.361 millones al tipo de cambio actual) quedaron congelados y no se podrán usar, según el último criterio del Ministerio de Hacienda.

La intención del Banco Nacional, a cargo del fideicomiso que administra el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), era ampliar el periodo hasta mediados de este año y usar esos fondos para terminar las escuelas a medio construir.

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Por el momento, no parecer haber salida para poder utilizar esos fondos.

“Estamos en un momento, que yo diría, es un momento crítico para el fideicomiso MEP-Banco Nacional (...). El BID estaba de acuerdo (en ampliar el plazo), pero se tenía que dar el visto bueno del Ministerio de Hacienda, porque Hacienda es el garante de este crédito. Después de que nos solicitaron bastante información, el 23 de diciembre en la tarde, nos manda a decir el ministro de Hacienda, Elian Villegas, que no le da el visto bueno al plazo adicional.

“No sabemos por qué. Al no ampliarse el plazo, esos fondos no se pueden utilizar. Son $33 millones que, al día de hoy, no hemos podido utilizar”, manifestó Lourdes Fernández, directora de Fideicomisos del BN.

Consultado al respecto, Villegas, alegó que no dieron la prórroga, porque en su criterio, el fideicomiso ya ha tenido “el plazo suficiente” para ejecutar los recursos y no lo hicieron.

Añadió que esta ampliación además requeriría del aval de la Asamblea Legislativa y no les parece “oportuno” llevar adelante esa solicitud.

“Desde el punto de vista de lo que es la ejecución de ese crédito, nosotros no estaríamos acuerpando la idea de una prórroga adicional, no nos parece conveniente. No es cierto que quedan $33 millones ociosos. No hay $33 millones ociosos, puede haber una cantidad de dinero que haya que devolver, en razón de que hay gastos”, expresó el ministro.

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Obras abandonadas

En el caso del nuevo edificio para la Escuela Azul, se comenzó a construir en enero del 2019 y con ella muchas ilusiones; ya los 150 niños, el personal y la comunidad se veían estrenando las instalaciones prometidas en los planos.

Desde enero del 2020 están abandonadas y hasta se han robado materiales, que poco a poco se han ido deteriorando.

“En la comunidad están muy dolidos de ver el abandono en que esta el centro educativo. A la escuela vieja en la que estamos no le dimos mantenimiento durante mucho tiempo, porque no tenía sentido invertir si ya íbamos a estrenar pero todo quedó botado”, expresó Romero.

El consorcio a cargo de construir esa escuela (Ideco, Ruco, GCI y CEMEX) entró en incumplimientos y el Banco Nacional (BN), rescindió el contrato y la escuela quedó inconclusa.

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Lo mismo ocurrió con las obras de otros cinco centros educativos que estaban a cargo de ese consorcio.

Se trata de las nuevas instalaciones de la Escuela La Hermosa y del Liceo de Santa Rosa, así como, de las canchas multiuso del Colegio Técnico Profesional (CTP) 27 abril, del CTP de Hojancha y del CTP Santa Lucía.

Además, el consorcio JCB-Rock Constructions dejó inconclusa la Unidad Pedagógica Sotero González, en Desamparados.

Ante los incumplimientos en la entrega de esas siete infraestructuras, el Banco Nacional tomó su control, en momentos en que están con avances de entre un 40% y un 90%.

Otra salida

Lourdes Fernández explicó que tras el “no” de Hacienda tuvieron que correr para buscar una alternativa para terminar estos centros. Revisaron si se podía obtener, de alguna manera, un financiamiento adicional, pero no se logró porque el fideicomiso no es sujeto de crédito.

Llegaron a la conclusión de que podían aprovechar los ¢10.547 millones ($17 millones) de un aporte que hizo el Ministerio de Educación Pública (MEP) al fideicomiso en 2018, con el objetivo de seguir con el levantamiento de algunas de las otras 48 obras que también quedan pendientes y que no se pudieron cubrir con el préstamo del BID.

Según dijo, en agosto del 2019, el MEP hizo cambios de los nombres de las obras que querían que se construyeran con ese aporte.

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Sin embargo, cuando el Nacional le pidió que les permitiera usar esos recursos para finalizar cuatro de esas siete obras inconclusas y que incluso, ya tenían un nuevo contratista, el ministerio les dijo “no”, bajo el argumento de que se requería del aval de los diputados.

“Viene el segundo no, a lo que yo llamo una decisión país difícil de entender. El MEP nos dice que, para utilizar estos recursos, tienen que acudir a la Asamblea Legislativa para hacer un presupuesto extraordinario y establecer que ese presupuesto (los $17 millones) iban a ser utilizado en esas obras y no en otras.

“Pero vean ustedes el sin sentido de ese lineamiento, el MEP nos dio instrucción de utilizar (los $17 millones) en diciembre del 2018 en x obras y en agosto siguiente se nos dijo que ya no, que son estas otras obras. No se requirió de un presupuesto extraordinario, pero ahora nos dice que no, porque tienen que ir a cambiar al Presupuesto Nacional”, dijo Fernández.

El Banco Nacional solicitó un criterio a la Procuraduría General de la República para poder usar ese dinero y no pasar por la Asamblea Legislativa, como dice el Ministerio.

Por su parte, Carlos Rodríguez, director de la Unidad Supervisora del Proyecto (USP), del fideicomiso de MEP, dijo que el hecho de que Hacienda no permitiera usar los $33 millones los “metió en una encrucijada”.

Insistió en que la idea ahora, es que se permita usar los ¢10.547 millones, incluyendo el cambio de uso en el próximo presupuesto extraordinario. Dijo que eso lo vienen solicitando desde agosto a las autoridades del MEP.

“Esos ¢10.547 millones sí alcanzan para las siete obras, únicamente para finalizarlas, pero ni un centavo para nada más. Si se quisiera pagar algún profesional o alguna cosa extraordinaria, no habría recursos porque tenemos el presupuesto justo”, expresó Rodríguez.

El funcionario dijo que si en 22 días se aprueba la utilización de esos recursos podrán aprovechar el camino recorrido con las políticas del BID para finalizar esos siete centros.

Sin embargo, si tardan más, se deberá empezar desde cero por medio del proceso de contratación administrativa y hacer concursos y licitaciones.

Ante la pregunta de cuándo entregarán esas siete obras, Rodríguez contestó: “Esa pregunta yo creo que, salvo que baje nuestro señor Jesucristo, se la puede contestar, depende de cuando nos den los recursos”.