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Solo 35 procuradores se hacen cargo de los 17.471 amparos de legalidad que los docentes tienen pendientes ante el Tribunal Contencioso Administrativo por la falta de respuesta del MEP a sus reclamos por atrasos en el pago de pluses.
Para la Procuraduría General de la República (PGR), estos procesos "generan claramente una carga excesiva de trabajo" a los procuradores que conforman el área de Derecho Público.
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Así lo dijo Vivian Burban, encargada de prensa de la Procuraduría, quien explicó que cada amparo de legalidad se atiende de manera separada.
Cada uno de los 35 procuradores lleva alrededor de 500 de estos procesos como representantes del Estado.
A los amparos de legalidad recurren los docentes cuando el Ministerio de Educación Pública (MEP) no les responde un reclamo administrativo, que interponen generalmente por falta de pago de un incentivo, en un plazo de dos meses y medio.
Actualmente, 83.000 funcionarios (el 97%) tienen pendiente un reclamo administrativo en el Ministerio; de esos, 17.471 han acudido a la vía judicial a presentar el amparo de legalidad ante la falta de respuesta.
Los docentes reclaman deudas al MEP por recargos de funciones, anualidad, zonaje, aumento de jornada, vacaciones, etc. Sin embargo, según el Ministerio, la mayor parte de los reclamos, tanto administrativos como judiciales, corresponde al pago de puntos de carrera profesional que es un adicional que se les da a los docentes por títulos obtenidos.
"La gestión de la PGR en estos procesos se ve afectada por la capacidad del MEP para responder en plazo las gestiones presentadas por los actores, revisando y resolviendo sobre la procedencia de estas y, en su caso, para realizar el respectivo pago en el tiempo fijado.
Pero también porque en ausencia de una ley que regule el proceso de amparo de legalidad, nos hemos enfrentado a distintos cambios jurisprudenciales que necesariamente afectan la defensa del Estado y la solución definitiva de los aspectos en litigio", explicó Burban.
Según Burban, la PGR se ha reunido en varias oportunidades con los distintos ministros de Educación, excepto con el actual ministro, Édgar Mora, a fin de que se busque una solución en el plano administrativo, en cuanto al saneamiento de las diferentes conductas omisivas.
"No debe dejarse de lado que el volumen de los amparos de trabajo incide no solo en la Administración, la PGR y también en el propio Poder Judicial. Por lo que son un elemento que debe ser valorado en orden al gasto público", indicó la PGR.
El amparo de legalidad es un proceso que se presenta ante un juez que conoce de la materia contencioso administrativa, es un proceso que garantiza que el MEP le dé respuesta al reclamo del funcionario y resuelva su queja.
