Darse cuenta de que su hijo de 11 años estaba “desaprovechando el tiempo” que normalmente dedicaría a estudiar lo llevó a tomar la decisión.

De todos modos, ya desde hacía tiempo a Ronny Rodríguez, vecino de Ciudad Quesada, en San Carlos de Alajuela, le rondaba la idea de hacer un esfuerzo económico y pasar al menor a una escuela privada. En mayo, finalmente, lo concretó.

El año pasado, cuando el niño estaba en cuarto grado, las clases fueron a distancia como para todos los demás estudiantes del país. En ese momento, el padre consideró que la cancha estaba nivelada.

Sin embargo, cuando este año se retomó la presencialidad, Rodríguez comenzó a ver que la brecha se iba ensanchando. Mientras los alumnos de los centros privados asistían con regularidad a las aulas y avanzaban con el aprendizaje, su hijo Alejandro iba a clases presenciales de día por medio y presentaba un retraso notable en su desempeño, a pesar de que le pagaron tutorías.

“Creo en la educación pública, pero en la pandemia la brecha con la privada se ha vuelto muy grande porque el tiempo de lecciones pasó a ser menos de la mitad de lo que estaba antes y se daban menos contenidos. Yo veía que había muy poco aprovechamiento del tiempo; sentimos que iban muy despacio. Con las Guías de Trabajo Autónomo (GTA) uno terminaba resolviéndolas, era un trabajo más de los padres que de los hijos, había que explicarles la materia y resolverlas; termina uno convirtiéndose en el maestro de su hijo”, relató don Ronny.

Esta situación lo llevó a trasladarlo de la Escuela Juan Bautista Solís Rodríguez al Centro Educativo Cooperativo San Carlos Borromeo, para continuar el quinto grado.

Alejandro está entre los 9.445 estudiantes que este año fueron trasladados por sus padres del sistema público al sistema privado, según datos a junio suministrados por el Ministerio de Educación Pública (MEP).

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La cifra aumentó considerablemente con respecto al 2020, que fue el primer año de pandemia. En octubre, el MEP reportó que 694 estudiantes de centros públicos se habían trasladado a la educación privada.

En el país, operan 534 escuelas y colegios privados, que agrupan a cerca de 100.000 estudiantes. La mensualidad que cobran va desde ¢70.000 hasta ¢576.000, aunque hay uno con tarifa de $1.400 (¢844.000).

Costa Rica tiene 1,2 millones de estudiantes, entre educación pública y privada.

Lista de espera

Beatriz Ramírez, vocera de la Asociación de Centros Educativos Privados (ACEP), confirmó el “fenómeno” de solicitudes de ingreso de alumnos provenientes de centros públicos.

Igualmente, dijo, ha incrementado el interés por información sobre matrículas, cuotas y otros datos por parte de padres cuya educación de sus hijos está a cargo del MEP.

Según Ramírez, la situación ha sido constante durante la pandemia, pero se incrementó considerablemente desde mayo, cuando el Ministerio anunció la interrupción del curso lectivo del 24 de ese mes al 9 de julio, para avanzar en la vacunación docente.

“Soy testigo de la cantidad de solicitudes de información que se reciben desde preescolar hasta secundaria. No necesariamente podemos captar a esta población. Recibir mayor cantidad de estudiantes implicaría tener más infraestructura, más personal; los alumnos que provienen de los centros públicos requieren una nivelación muy alta, lo cual, actualmente, es muy complicado por la logística. Algunos centros privados están poniendo en listas de espera a los alumnos″, expresó.

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De acuerdo con Ramírez, los padres de familia afirman estar muy preocupados por el poco avance que tienen sus hijos con los aprendizajes en la educación pública.

Antes de la pandemia, ya los alumnos de escuelas y colegios públicos arrastraban un rezago por los tres meses de huelga docente del 2018, pero la situación se agravó con la llegada de la emergencia sanitaria por covid-19 pues solo se vio el 50% de los contenidos previstos, como confirmó la viceministra académica, Melania Brenes. El otro 50% se distribuiría a lo largo del 2021.

“El padre lo que refiere es la necesidad de que el alumno continúe su proceso educativo. Hay muchos padres que son conscientes del rezago de sus hijos en el sistema público, no solo por la covid-19, sino por huelgas y paros. Entonces, sí, definitivamente, los padres optan por la educación privada, pero, en este momento, hay una problemática porque no es posible recibir a estos estudiantes, va a depender de cada centro educativo”, manifestó Ramírez.

Dayani Loría, del colegio privado International Christian School, en Heredia, confirmó que desde hace mes y medio comenzaron a aumentar las solicitudes de información e ingreso de alumnos provenientes del sistema público.

“Lo más fuerte es en secundaria. A los padres lo que les da miedo es que los niños no reciben la educación que corresponde, como se han suspendido las clases. Prefieren hacer un esfuerzo (económico) para brindar la educación a sus hijos. El miedo de ellos es que ellos no estén preparados para el futuro”, manifestó Loría.

Lo mismo ocurre en el colegio privado Comunidad Educativa Crecer, también en Heredia.

“Los papás lo que sienten es que es poco lo que sus hijos reciben académicamente; lo que buscan es que se les dé mayor seguimiento, buscan atención personalizada. Como institución tenemos que aceptar las medidas; ahorita trabajamos virtual, nuestro personal está muy preparado para trabajar virtual y presencialmente y nuestros alumnos van al día con la materia que les corresponde”, aseveró Laura Vargas, de ese centro educativo.

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Efecto inverso

Según la vocera de ACEP, el efecto es inverso al del 2020, cuando por el fuerte impacto económico de la pandemia, muchos padres tuvieron que sacar a niños y jóvenes de centros privados a públicos, pues perdieron capacidad para pagar las mensualidades.

Ella estimó que perdieron unos 10.000 estudiantes. Según datos del MEP, al final, fueron 7.742 alumnos que dejaron la educación privada y se pasaron a la pública, el año pasado.

“Este año ese fenómeno no se ha presentado, lo que se ha presentado es, al contrario, padres solicitando cupo o reservándolo para el otro año. Hay mucha solicitud de cupos para el 2022″, expresó Ramírez.

La decisión, no es sencilla para la economía familiar. Por ejemplo, Ronny Rodríguez pasó de no pagar nada a separar mensualmente ¢148.000 para pagar la escuela de su hijo.

“Consideramos hacer la inversión este año y medio para nivelarlo y que la brecha no sea tan grande cuando llegue al colegio. Para pagar la mensualidad, hubo que restringir otros gastos; antes nos dábamos un gusto una vez por quincena; tuvimos que reducir el consumo de combustible, tratar de salir lo menos posible, reducir las compras. Eso hicimos para poder pagar la mensualidad”, narró el padre de familia.

El Ministerio de Educación Pública “no tiene una respuesta” de por qué los padres de familia de 9.445 estudiantes decidieron pasarlos al sistema privado.

“Nosotros no tenemos respuestas para esas preguntas, serían conjeturas o hipótesis, no tenemos un estudio que valore las razones o motivaciones de las familias para cambiar de una modalidad a otra. No tenemos datos que respalden una respuesta en ese sentido”, respondió el MEP, mediante su oficina de prensa

La Nación solicitó entrevista, pero la petición fue rechazada.

‘El número no es grave’

En el Consejo Superior de Educación (CSE) la preocupación es más por la pérdida de aprendizajes de los alumnos por la pandemia, pues como admite Leonardo Garnier, miembro de ese órgano y exministro de Educación (2006-2014), la recuperación tomará varios años, al menos 2022 y 2023.

“No es tanto que el colegio sea público o privado, sino que la familia tenga los instrumentos necesarios para que sus hijos estén conectados, que tengan un lugar para estudiar, las condiciones para poder darle seguimiento a las clases. Cuando hablamos de 10.000 personas que se pasaron de lo público a lo privado de un total de 1 millón de estudiantes, el número en sí mismo no es lo que es realmente grave, lo que es preocupante es la pérdida educativa que vamos a tener con esta pandemia”, manifestó el exjerarca.

Para Garnier está claro que algunos padres vieron la interrupción del curso como una pérdida, sin embargo, él considera que la medida era necesaria para disminuir los contagios y todas sus consecuencias.

“La mayoría de padres no está tomando esa decisión y ni siquiera deberían tomarla por lo que cuesta pagar un colegio privado. Más bien, lo que creo que es importante es que los padres de familia se contacten con las escuelas de sus hijos para que le expliquen cuál es la estrategia de recuperación de los aprendizajes, porque, de todas formas, el sistema privado no está en la capacidad de recibir a los estudiantes de las escuelas públicas, los colegios privados no tienen esa capacidad de atender a 900.000 estudiantes”, expresó Garnier.

El exministro reconoció, sin embargo, que los padres optaron por el cambio en su esfuerzo por hacer lo que piensan que es mejor para los hijos.

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“A algunos les va a parecer que pasarlos a un colegio privado es lo mejor. El año pasado ocurrió lo contrario y ahí lo que uno se preguntaría es ¿por qué unos padres pensaron que en la pandemia lo mejor era pasar a los hijos a los colegios públicos?”, dijo el exjerarca.

Para Wagner Jiménez, diputado que preside la Comisión de Ciencia y Tecnología, que conoce temas de educación, sí es preocupante que los padres decidan sacar a sus hijos de la educación pública, pues se interpreta como una pérdida de confianza en el sistema.

“Estamos frente a un fenómeno que las autoridades del MEP deberían revisar porque el mensaje es claro: los padres de familia están perdiendo la esperanza en nuestra educación pública y su funcionamiento”, dijo el diputado y educador.

En ese sentido Guiselle Garbanzo, exdecana de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica (UCR) rescata que esa decisión confirma la importancia que tiene la educación para las familias costarricenses.

Para la catedrática, revela un gran esfuerzo de los hogares para tratar de garantizar una enseñanza de calidad.

“El valor de la educación lo sigue teniendo la sociedad costarricense ante la seguridad y certeza que solo mediante la educación podemos trascender. Una de las tantas razones de una decisión como esa, podría ser los resultados del país en materia educativa, los problemas de conectividad y acceso y eso es lo que los padres podrían valorar, pero eso hay que documentarlo”, manifestó Garbanzo.