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"A los 15 días del terremoto, los del MEP mandaron a demoler la escuela. Todo el mundo estaba contento, uno no se imaginaba que iban a reconstruir la escuela tan rápido.
La tristeza vino después, el Ministerio nos mandó a buscar una casa para alquilar. Desde hace cinco años estamos en un rancho, aquí seguimos y no hay garantía de que nos vayamos a ir pronto aunque desde dos años tenemos ¢117 millones depositados para la nueva escuela".
Estas son las palabras de Jackeline Urieta, directora de la Escuela Rosario, en Nicoya, Guanacate, donde actualmente asisten 21 niños. El terremoto de Nicoya de 7,6 grados, del 5 de setiembre del 2012, dejó su escuela con severos daños, inhabitable.
Siete años después, siguen igual, sin escuela. La Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del MEP no ha podido darles un nuevo centro a los niños de esta escuela de Nicoya, ni a los de 38 centros más que fueron dañados por el terremoto en Guanacaste y Puntarenas.
En iglesias, ranchos, casas de bien social o en estructuras falseadas están estudiando los menores a falta de una solución. Hay cerca de 7.000 alumnos afectados, la mayoría de centros educativos de primaria y unidocentes.
El dinero no ha sido problema ya que los fondos para la construcción y reparación de los centros dañados están disponibles y hasta depositados.
Además, el decreto de emergencia que emitió el Gobierno de entonces (número 37305) habilitó un mecanismo excepcional que permitió al Ministerio de Educación Pública contratar de una manera más ágil las obras de reconstrucción.
El decreto ordenó una intervención "urgente y a la mayor brevedad posible" para reconstruir los edificios dañados. Con este mecanismo se evitan los lentos procesos de licitación: simplemente, se piden cotizaciones a empresas constructoras, se contrata la más conveniente y se levanta la obra.
En total, fueron 145 centros, principalmente en Guanacaste y Puntarenas, los que se vieron afectados por el terremoto.
Según información del MEP, de los 39 centros que faltan por levantar o reconstruir, 12 están por iniciar obras, uno en contratación de mano de obra, siete en etapa de diseño, dos en contratación de la obra; 11 en contratación de servicios profesionales y seis tienen una situación particular con el lote o problemas legales.
Penurias
Jackeline Urieta, dijo que, después del terremoto, como no construían la nueva escuela, se fueron a dar las lecciones en la Iglesia católica de la comunidad, pero luego tuvieron que desalojar.
“Usted sabe el problema de trabajar con niños en una Iglesia, por las imágenes, los santos; los niños rompieron un pasito, tuvimos que desalojar. Construimos en el lote donde demolieron la escuela, un rancho que es de madera, con una sola aula, y sin cielorraso. El dinero para la nueva escuela lo tenemos pero la DIEE todo lo ha atrasado, la plata no se puede usar hasta que ellos nos den autorización”, contó Urieta.
Según la información del MEP del estado de situación de los centros dañados terremoto, la Escuela Rosario esta "por iniciar obra" para "reparaciones mayores". Sin embargo, la escuela fue demolida; hay que hacerla nueva.
Otro de los centros afectados por el terremoto y que aún esperan una solución, son los 17 niños de la escuela Brasilito, en Santa Cruz de Guanacaste.
El terremoto destruyó las paredes, el cielorraso, las aulas quedaron torcidas y había fisuras en el suelo. A pesar de la situación, durante un año, los niños de ese centro recibieron lecciones ahí.
El Ministerio de Salud clausuró las instalaciones y se tuvieron que ir a un salón comunal. Desde hace seis años, están allí. El agua de lluvia se filtra, el viento, el polvo, el sol pega muy fuerte a los niños y no hay divisiones en las aulas para aislar el ruido.
"Desde después del terremoto hasta el 2016 el que estuvo como director no gestionó nada. En 2017 se inició el proceso de compra de un terreno porque el que estaba la escuela era muy pequeño. Hay una persona que nos está vendiendo el lote en ¢11 millones y para nosotros ha sido una odisea poder comprar esa propiedad aún teniendo la plata ya depositada.
La DIEE tiene el expediente, nos pide documentos que tienen tres meses de vigencia pero, al final, vencen, por ejemplo, el avaluó, hubo que sacarlo de nuevo. Ya cuando el expediente se logró completar, ahora nos pidiendo un estudio de suelos. Eso no nos lo habían pedido, pura burocracia", contó el director Aarón Briceño.
¿Por qué la DIEE no ha sido capaz de construir las escuelas en todos estos años?
Según explicó Andrea Obando, cabeza de la DIEE, cuando ocurrió el terremoto, no había en la dirección de infraestructura un departamento encargado de la atención de emergencias.
A pesar de la declaratoria de emergencia, los centros afectados por el terremoto, entraron a la corriente normal de la cartera de proyectos.
Obando dijo que en la administración anterior se creó este departamento. Sin embargo, están trabajando en definir un mecanismo de atención a los centros afectados por emergencias, ya que, actualmente, estos tienen que pasar los trámites que cualquier otro centro que tiene alguna necesidad.
Añadió, además que, por el atraso en la atención de los centros, las necesidades han aumentado, por lo cual, estas escuelas han tenido que revalorarse una y otra vez.
"Hubo que hacer una revaloración porque eran muy puntuales las necesidades que se registraron en el momento. Cuando nació el departamento de atención de emergencias, ya no eran esas las necesidades. Actualmente, esos 39 proyectos, se están moviendo, no están estancados", manifestó la funcionaria.
La Nación ha informado en distintos reportajes sobre los problemas de infraestructura de los centros educativos del país y las dificultades en la DIEE para ejecutar los millones que hay en caja única. Uno de los últimos artículos evidenció el estado deplorable de los centros educativos en Limón. Según el ministro de Educación, Edgar Mora, allí están las peores escuelas del país.
Lo anterior ocurre a pesar de que el dinero para reparar o construir los centros se encuentra depositado en a las Juntas. Actualmente, las Juntas de Educación tienen depositados, sin usar, ¢133.000 millones en caja única. Cabe recordar que para usar los fondos, estas organizaciones deben tener el visto bueno de la DIEE del MEP.
Sin embargo, el “decadente” clima organizacional en esta Dirección es una de las causas del rezago en infraestructura del país, según informes de la propia Auditoría Interna del Ministerio.
Gustavo Viales, diputado por Guanacaste del Partido Liberación Nacional, achaca el atraso en la reparación y reconstrucción de los centros afectados por el terremoto a la burocracia en el MEP.
“Es lenta la respuesta del MEP a los problemas que tiene de infraestructura educativa, hay mucha burocracia estatal. Falta ejecución de parte de la DIEE que no tiene claras las prioridades en escuelas y colegios” manifestó.
